ICE apela bloqueos de agua y alcantarillado en centros de detención planificados

UPPER BERN, Pensilvania.-- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha impugnado órdenes del Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania (DEP) que bloquean temporalmente la conversión de un almacén en un centro de procesamiento de inmigrantes con capacidad para 1,500 personas, según documentos revisados por Spotlight PA.

Durante la reunión de la Junta de Supervisores del municipio de Upper Bern, el abogado Andrew Hoffman indicó que no hay novedades sobre la instalación prevista en 3501 Mountain Road. Aunque el tema no figuraba en el orden del día, Hoffman mencionó que el representante federal Dan Meuser (R-Pa.) tenía previsto informar a los residentes sobre el almacén, pero se ausentó por conflictos de agenda.

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El proyecto es parte de una iniciativa nacional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reestructurar centros de detención, mediante la adquisición de almacenes en Pensilvania y en otros estados, por más de mil millones de dólares. Sin embargo, a nivel estatal, el DEP emitió órdenes que impiden a ICE acceder al agua y al alcantarillado de las instalaciones de Upper Bern y Tremont, hasta que se cumplan las regulaciones ambientales.

ICE acusa abuso de autoridad

En la apelación presentada el 8 de abril ante la Junta Estatal de Audiencias Ambientales, ICE argumentó que las órdenes son “irrazonables” y constituyen un “abuso de discreción sin autoridad legal”. El abogado de la agencia, Daniel Wilmoth, sostuvo que el DEP no ha demostrado que ICE no planee obtener los permisos necesarios antes de acondicionar las propiedades y sugirió que la acción está motivada en parte por la “antipatía hacia ICE” del gobernador demócrata Josh Shapiro.

ICE también alegó que las órdenes interfieren con sus facultades constitucionales, citando la doctrina de inmunidad intergubernamental, que prohíbe que estados y municipios regulen o interfieran con operaciones federales o sus contratistas. La agencia aseguró que los planes para convertir almacenes en todo el país “están en marcha y aún no se han finalizado”, y que garantizará el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables.

Expertos ambientales advierten que la apelación podría tardar meses. Una abogada consultada indicó que el proceso depende de la urgencia de las partes y que otros actores, como autoridades municipales y del condado, pueden intervenir. En caso de que la junta falle a favor del DEP, ICE podría apelar ante el Tribunal de la Commonwealth, y eventualmente ante la Corte Suprema estatal.

Funcionarios locales han expresado preocupación sobre el impacto de los centros en los sistemas de agua y alcantarillado, citando la Ley de Instalaciones de Aguas Residuales de Pensilvania, que exige planificación y aprobación de vertidos para proteger la salud y el medio ambiente. El DEP señaló que la infraestructura del almacén nunca ha sido autorizada para operar plenamente y que ICE debe presentar información detallada sobre su uso previsto antes de acceder al agua o realizar vertidos de aguas residuales.

Según un memorando de ICE, la agencia planea “activar todas las instalaciones para el 30 de noviembre de 2026”.

Con información de Spotlight PA

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