Demócratas piden que el ‘perro guardián del Congreso’ actúe ante las últimas medidas migratorias del gobierno de Trump

Alarmados por las recientes normas migratorias anunciadas y ejecutadas por el servicio de inmigración, un grupo de 10 senadores demócratas urgieron a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) para que lleve a cabo una investigación sobre “las recientes acciones del gobierno relacionadas con la suspensión indefinida del procesamiento de beneficios migratorios y la revisión de casos previamente aprobados”.

En una carta firmada, entre otros, por Richard Durbin (Illinois), Cory Booker (New Jersey) y Amy Klobuchar (Minnesota) y dirigida a Orice Williams Brown, directora de la GAO, los senadores dijeron estar “profundamente preocupados” por informes de que el gobierno ha suspendido de manera generalizada el procesamiento de solicitudes migratorias, incluyendo asilo, visas y otros beneficios.

La alarma también se genera por el inicio de revisiones ('re-reviews') de beneficios de personas “que ya habían sido aprobadas”, incluso algunas que ya obtuvieron la residencia legal permanente (green card) o la ciudadanía por naturalización.

“Estas medidas han generado una gran incertidumbre para inmigrantes, sus familias, empleadores y comunidades”, indicaron.

La GAO es la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno Federal estadounidense. La entidad es conocida como el ‘perro guardián del Congreso’, además de tratarse de una agencia independiente no partidista que audita, investiga y evalúa la utilización de fondos federales para mejorar el rendimiento y garantizar la transparencia del gobierno estadounidense.

Las principales preocupaciones

Entre las principales preocupaciones mencionadas por los senadores en la carta enviada a Williams, se menciona que el gobierno no ha explicado claramente la base legal o la justificación de los cambios operados por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

También advierten que estas medidas podrían “no ser una mejora del sistema”, sino una forma de aplicar políticas migratorias más restrictivas sin transparencia ni supervisión adecuada.

El fin de semana anterior, el director de USCIS, Joseph Edlow, amenazó con someter a revisión residencias permanentes y otros beneficios migratorios otorgados por esa agencia durante el gobierno de Joe Biden. La medida puso en la mira a unos 4.3 millones de residentes quienes, en muchos casos, llevan cinco años con ese estatus en Estados Unidos y pueden convertirse en ciudadanos estadounidenses por naturalización.

“En el USCIS hemos declarado una guerra total contra el fraude migratorio”, escribió Edlow en su cuenta de la red social X. “Estamos revisando el pasado para reevaluar los casos de personas a las que se les otorgaron tarjetas de residencia y otros beneficios durante la administración Biden, cuando los procesos de verificación eran laxos”, agregó. Y añadió: “Ahora existe una verificación rigurosa, y estamos reabriendo esos casos antiguos”.

El funcionario, sin embargo, no aportó pruebas o evidencias que justificaran las acusaciones de fraude y la existencia de una amenaza a la seguridad púbica o nacional de Estados Unidos.

Los senadores indicaron además que “las acciones” emprendidas por el gobierno “podrían estar intentando evadir el sistema legal establecido para la inmigración” y que ha sido aprobado por el Congreso. Y que debido a la manera en cómo se han estado implementando y por los resultados vistos, las personas afectadas no saben “cómo mantener su estatus legal ni cómo avanzar con sus casos”.

También advierten que estas medidas podrían no ser una mejora o modernización del sistema, sino una manera (premeditada) de aplicar políticas migratorias más restrictivas sin transparencia ni supervisión adecuada.

Informe conservador preocupante

Según el Instituto CATO, de línea conservadora, la administración Trump ha reducido drásticamente la inmigración legal proveniente del extranjero, pero, simultáneamente, ha recortado drásticamente la concesión de la residencia permanente a personas que ya se encuentran en los Estados Unidos.

Un informe publicado en su página digital dice que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “suspendió la tramitación de muchas solicitudes de green card, lo que permitió a ICE “arrestar a inmigrantes legales, incluidos refugiados, personas bajo libertad condicional (parolees) y cónyuges de ciudadanos estadounidenses”.

Según el reporte, la suspensión de los trámites (al 30 de junio del año pasado USCIS tenía 11.3 millones de casos acumulados) no solo les impide obtener la residencia permanente legal, sino que, en algunos casos, “provoca que pierdan su estatus legal previo”.

Los analistas del Instituto agregaron que, las demoras “también les impide obtener un estatus más seguro que podría evitar su arresto, detención y expulsión”. Y que, en base a los datos revisados, “se trata de un esfuerzo deliberado para aumentar el número de arrestos por parte del ICE, obstaculizando los esfuerzos de las personas por mantenerse dentro del marco de la ley”.

CATO también denuncia que USCIS ha colaborado con el ICE para dejar a estos inmigrantes legales expuestos a ser arrestados, al no tramitar sus solicitudes. “Los inmigrantes pueden solicitar la tarjeta de residencia —o residencia permanente legal— desde dentro de los Estados Unidos; por lo general, lo hacen mediante un cambio de estatus desde otra categoría legal temporal, o bien desde el estatus de refugiado o asilado. Al obstaculizar su capacidad para obtener la tarjeta de residencia, el USCIS menoscaba los derechos de estos solicitantes e incluso puede provocar que pierdan su estatus subyacente”, precisa el reporte.

Daño colateral y transversal

Trabajadores con trámites migratorios de renovación pendientes y con peticiones de reunificación familiar por matrimonio temen quedar atrapados en este limbo temen perder sus derechos de permanencia, ser detenidos y colocados en procesos de deportación.

Ana, cuyo nombre es otro y pidió mantener el anonimato, es una de las poco más de 500,000 dreamers beneficiaria del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cuyo permiso de trabajo vence en mayo. Presentó los documentos para renovar la autorización de empleo EAD en noviembre y a la fecha no le ha llegado el nuevo documento. Además, su país de nacimiento está incluido en la lista de naciones con prohibición de viaje.

“Simultáneamente mi esposo presentó un reclamo familiar I-130. Nos casamos en marzo. Él es empleado federal. Si no me llega a tiempo la autorización de empleo pierdo mi trabajo, me quedo sin licencia de conducir y entro en un limbo en el que, incluso me pueden arrestar y deportar del país. Yo vine aquí legalmente y tengo DACA desde el comienzo”, cuenta Ana.

DACA fue creado en 2012 bajo la administración de Barack Obama en respuesta a la inacción del Congreso con la reforma migratoria. El programa ampara de la deportación a indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos desde antes del 15 de junio de 2007 y les otorga una autorización de empleo válida mientras la protección se encuentre vigente.

Una maestra de educación infantil en el Valle Central de California podría verse obligada a dejar el aula pronto, ya que la renovación de su estatus migratorio y autorización de trabajo se extiende mucho más allá del plazo habitual, relata un reportaje publicado por el sitio EdSource. “Su solicitud de renovación aún está en trámite, según el portal de solicitudes”.

Si se ve obligada a dejar el aula, los niños pequeños de su clase perderán a su maestra de la noche a la mañana, agrega. "Tengo miedo", dijo ella. "El proceso está tardando más de lo normal".

Los senadores advierten en la carta dirigida a Williams que la totalidad de casos retrasados por USCIS han pagado las cuotas de procesamiento y también que, en muchos otros casos, personas que recibieron sus beneficios tras cumplir con los requisitos legales, serán nuevamente sujetos al escrutinio como si hubiesen cometido un crimen que los descalifique.

El grupo de 10 senadores reiteró las preocupaciones sobre medidas que, indicaron, están dejando a familias sin claridad y un sistema legal de inmigración sin mejoras a la vista.

La GAO debe proceder a una revisión de las “recientes acciones del gobierno relacionadas con la suspensión indefinida del procesamiento de solicitudes de beneficios migratorios y la reapertura de casos previamente adjudicados”, apuntaron.

Nos preocupa que estas decisiones se estén tomando “sin transparencia ni una explicación clara sobre su base legal o justificación”, sentenciaron.