Dinero del condado para pagar a quien cuidaba de su mamá: Acusan de fraude a recaudadora de Fort Bend

FORT BEND, Texas – Carmen Patrice Turner de 65 años y encargada de la recaudación de impuestos de Fort Bend, enfrenta una acusación federal en un esquema para defraudar al condado a través de prácticas fraudulentas en la gestión de nóminas.

Acompañado de varios funcionarios estatales y federales, el fiscal federal Aaron Reitz anunció el caso este jueves 22 de octubre. Además de Turner, en el mismo se señala a Shemerrylyn Regina Fields (47 años) y Victor Calvin Ewing (de 69) como acusados. Los cargos derivan de una conducta que se presume ocurrió entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2025.

Según la acusación formal, Carmen Turner habría utilizado la Oficina de Recaudación de Impuestos del Condado Fort Bend para contratar personas como asistentes administrativas en la oficina de impuestos, que en realidad se dedicaban a cuidar de su madre en su apartamento en Houston, quienes recibían su salario como si fueran trabajadoras del condado. Una de esas personas presuntamente era Shemerrylyn Regina Fields.

Según la acusación, las empleadas fueron instruidas para registrar su entrada y salida laboral remotamente mientras cuidaban a la madre de la funcionaria, quien utiliza silla de ruedas. Una de ellas siguió registrando sus horas de trabajo al acompañar a la madre de Turner mientras estuvo hospitalizada en diciembre de 2023.

Además, según la acusación, la funcionaria contrató en octubre de 2023 a Victor Calvin Ewing, el padre de su hijo adulto, como coordinador de departamento de tiempo completo. Sin embargo, él, de manera simultánea, trabajaba a tiempo completo para una línea aérea en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, por lo cual no habría realizado ninguna labor legítima para el condado.

Parte del salario que percibía Ewing –de unos 36 dólares por hora— lo transfería a Turner, debido a un acuerdo previo entre ambos, según el documento.

"Tendrás que rendir cuentas": Las acusaciones contra Patrice Turner

El fiscal federal Reitz declaró que, por años, la funcionaria ha ostentado “el título de ‘La Honorable’. Nada podría ser más deshonroso –ni más ilegal—que la corrupción pública en la que ella y sus cómplices han incurrido. Los habitantes del Distrito Sur de Texas tienen mi compromiso de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para impartir justicia y subsanar el daño”.

Por su parte, Jason Hudson, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Houston, manifestó que “ el servicio público es un privilegio, no un derecho a infringir la ley. Cuando un funcionario público viola la ley, traiciona la confianza de los ciudadanos a quienes juró servir y proteger”.

“La corrupción pública no tiene cabida en el condado Fort Bend. Si robas a los contribuyentes o utilizas tu cargo para enriquecerte a ti mismo o a tu familia –tal como hace Donald Trump a diario— tendrás que rendir cuentas. No me importa quién seas ni a qué partido pertenezcas”, manifestó a su vez el comisionado Dexter McCoy, sobre los cargos.

El también candidato demócrata a juez del condado Fort Bend agregó: “ Las familias del condado Fort Bend están hartas del caos y la corrupción que los republicanos han normalizado (…) El condado Fort Bend merece algo mejor. Nuestro gobierno debería trabajar para las personas que pagan los gastos, no para los políticos que abusan de su poder”.

Aunque los cargos específicos varían entre los acusados, los tres son señalados de conspiración y un cargo adicional por robo. También se contemplan cargos relacionados con el robo a un programa gubernamental que recibe fondos federales, así como cargos por fraude electrónico.

Según el escrito de acusación, los fiscales federales solicitarían el decomiso de bienes o ganancias vinculados a las acusaciones, en caso de que se declare culpables a los acusados.

Si se les halla culpables, los tres podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico. Además, podrían recibir un máximo de una década por robo relacionado con fondos de programas federales y otros cinco por conspiración. Cada cargo conlleva posible multa de hasta $250,000.

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