Cárceles en Pensilvania ganan millones por detener inmigrantes para ICE

Cinco condados de Pensilvania han facturado más de 21 millones de dólares al gobierno federal por detener inmigrantes, en medio del debate por políticas migratorias y deportaciones masivas.

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HARRISBURG, Pensilvania.- Un grupo de condados en Pensilvania ha facturado más de 21 millones de dólares al gobierno federal en los últimos años por alojar a inmigrantes en sus cárceles locales, según una investigación de Spotlight PA.

Los acuerdos, vigentes desde hace años —en algunos casos décadas—, han cobrado nueva relevancia ante la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, centrada en deportaciones masivas y el uso de instalaciones locales para detenciones.

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Esta información es consistente con lo reportado en septiembre de 2025 por N+ Univision Philadelphia, sobre que Pensilvania era uno de los estados con mayor aumento de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque en el transcurso de los meses varios condados terminaron con los acuerdos 287G.

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Qué condados participan y cuánto han recibido

De acuerdo con documentos obtenidos por el medio, al menos cinco condados han mantenido acuerdos con agencias federales como el ICE o el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Cuatro de ellos — Clinton, Erie, Franklin y Pike— facturaron conjuntamente más de 21 millones de dólares entre 2024 y 2025. Un quinto, Cambria, también mantiene un sistema similar, aunque comenzó a recibir detenidos más recientemente.

El condado de Pike concentró la mayor parte de los ingresos, con más de 16 millones de dólares en ese periodo, seguido por Clinton, con más de 4.6 millones.

Cómo funcionan los acuerdos

Estos contratos permiten que cárceles locales operen como centros de detención para inmigrantes durante sus procesos migratorios, incluso por meses o años.

A diferencia de solicitudes puntuales de detención o programas como la sección 287(g), estos acuerdos convierten a las cárceles en instalaciones de uso federal. Las tarifas oscilan entre 82 y 120 dólares por persona al día, con cobros adicionales por servicios como atención médica, transporte o audiencias virtuales.

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Según expertos, muchas de las personas detenidas no enfrentan cargos penales, sino procedimientos civiles relacionados con su estatus migratorio.

Aumento de detenciones y expansión de infraestructura

Los registros muestran un aumento en el número de detenidos entre 2024 y 2025. En el condado de Clinton, por ejemplo, la población mensual casi se duplicó.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional adquirió recientemente almacenes en Pensilvania para convertirlos en centros de detención con capacidad para unas 9,000 personas.

Dependencia económica y debate local

Funcionarios locales aseguran que estos acuerdos representan una fuente clave de ingresos para financiar servicios públicos.

“Es una relación que existe desde hace muchos años”, dijo el comisionado del condado de Cambria, Scott Hunt, al defender la continuidad de los contratos.

Sin embargo, el tema ha generado división. En el condado de Erie, residentes y activistas protestaron contra la colaboración con ICE, calificándola de “inmoral”.

Algunos líderes locales también han advertido que cancelar estos acuerdos implicaría pérdidas económicas significativas para los condados.

Presión social y decisiones políticas

Organizaciones como la Pennsylvania Immigration Coalition han pedido a las autoridades locales poner fin a estos contratos, argumentando que las redadas y detenciones generan miedo e inestabilidad en las comunidades.

En respuesta a la presión pública, el consejo del condado de Erie votó a finales de febrero para modificar su acuerdo y excluir la detención de inmigrantes para ICE. Para finales de marzo, ya no albergaba detenidos de esa agencia.

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Un modelo bajo escrutinio

El uso de cárceles locales para la detención de inmigrantes refleja una estrategia federal que depende de la cooperación de gobiernos locales.

Mientras algunos condados defienden los beneficios económicos, otros enfrentan crecientes cuestionamientos éticos y sociales sobre su participación en el sistema migratorio.

El futuro de estos acuerdos dependerá tanto de decisiones políticas locales como de la evolución de la política migratoria a nivel federal en Estados Unidos.

Con información de Spotlight PA

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