Miles de ciudadanías en la mira del gobierno de Trump: que se sabe de la 'Operación Janus'. Te explicamos

José Antonio cumplió en febrero 16 años como ciudadano estadounidense naturalizado. Esta vez no hubo festejos. El 11 de diciembre de 2025 recibió un Aviso de Cancelación del Certificado de Ciudadanía y Requerimiento de Entrega del Certificado de Ciudadanía, también conocido como ‘ Notice of Intent to Revoke’ (NOIR). Ese día comenzó la pesadilla.

Cuando se emite un NOIR significa que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), después de una compleja revisión del expediente, tiene la intención de revocar el beneficio aprobado, en este caso la ciudadanía. Es el primer paso. Lo siguiente es defender el preciado beneficio ante una corte federal donde un juez decidirá, en base a los argumentos presentados tanto por el gobierno como por el afectado.

La investigación de USCIS señala que el certificado de ciudadanía proporcionado por José Antonio tiene una fecha de emisión que no coincide con la información contenida en los registros electrónicos de la agencia, sino antes.

Otros hallazgos en la investigación determinaron que José Antionio aseguró, durante una entrevista, que un par de años antes de juramentar como ciudadano acumuló tiempo ilegal de permanencia y que, durante el proceso para conseguir el beneficio, un amigo de la familia, tras un pago de $18,000, planificó una cita donde firmaron documentos y recibieron la ciudadanía mediante un proceso “no conforme la ley”.

USCIS concluye que por ese motivo “cancela (el certificado) conforme a la Sección 342 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, se lee en la notificación enviada por la agencia que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

José Antonio no se llama José Antonio. Mantenemos su nombre en el anonimato porque su caso se encuentra en manos de una corte federal.

La ‘Operación Janus’

El caso de José Antionio es uno de los miles de expedientes en la mira del gobierno federal desde 2010, bajo la Administración de Barack Obama. El esfuerzo de desnaturalización surge tras el hallazgo de 206 personas sobre las que pesaba una orden de deportación o expulsión y utilizaron posteriormente una identidad diferente para obtener un beneficio migratorio, entre ellos la ciudadanía, explica un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse. La investigación se conoce como ‘Operación Janus’.

En 2011 las autoridades migratorias llevaron a cabo una búsqueda en una base de datos del DHS para localizar personas que fueran fugitivas, delincuentes condenados o que tuvieran órdenes definitivas de deportación desde 1990, añade el informe.

La búsqueda reveló la existencia de aproximadamente 315.000 individuos en estas condiciones cuyos registros de huellas dactilares no estaban digitalizados. En respuesta, en 2012 el DHS obtuvo una autorización del Congreso por valor de $5 millones para digitalizar registros antiguos de huellas dactilares en papel, mediante un proyecto liderado por USCIS conocido como Registro Histórico de Huellas Dactilares (HFE, por sus siglas en inglés).

El proyecto digitalizó aproximadamente 167.000 registros antiguos de huellas antes de agotarse los fondos, quedando sin digitalizar cerca de 148.000 registros.

El primer caso de desnaturalización

Durante el segundo gobierno de Obama los esfuerzos de naturalización se enfriaron, registrando no más de 10 casos al año. No fue sino hasta finales de 2017 y principios de 2018 que el DHS, junto al departamento de justicia (DOJ), advierten sobre el hallazgo de los 315.000 casos dudosos hallados en 2012 y que dio origen a la ‘Operación Janus’ .

“Están en la mira por posible fraude”, dijeron en ese momento ambos departamentos. Señalaron que el 19 de septiembre de 2017 “se pusieron bajo investigación miles de ciudadanías por naturalización y ahora el gobierno quiere revocarlas y deportar a los afectados si se comprueba que fueron obtenidas de manera ilegal”.

Un reporte de N+ Univision de aquella fecha indicó que las autoridades sospechan que algunos de esos cientos de miles de casos podrían estar relacionados con procesos hechos con la intención explícita de evitar revelar antecedentes criminales que hubiesen frenado tales ciudadanías. En caso de confirmarse esa posibilidad, dichos procesos de naturalización, que no se cree que sean todos, podrían ser revocados y los afectados deportados de Estados Unidos.

La revisión fue anunciada por el DOJ tras un fallo judicial que ordenó la revocación de la ciudadanía estadounidense por naturalización al indio Basljunder Singh, alias ‘Davinder’, quien cambió de ciudadano naturalizado a residente legal permanente, situación “que lo convirtió potencialmente sujeto a procedimiento de deportación a discreción del DHS.

La revocación de la ciudadanía de Singh fue la primera derivada de un grupo de casos remitidos al DOJ por USCIS como parte de la ‘Operación Janus’.

El caso de Baljinder Singh

Baljinder Singh, alias ‘Davinder Singh’ es originario de India, En 2018 tenía 43 años. Llegó al aeropuerto internacional de San Francisco, California, el 25 de septiembre de 1991 sin ningún documento de viaje o prueba de identidad.

El individuo, según explicaron las autoridades del DOJ, dijo que se llamaba Davinder Singh. Una vez, fue puesto en proceso de deportación, pero no se presentó a su audiencia de inmigración y un juez emitió una orden de deportación en ausencia el 7 de enero de 1992.

Cuatro semanas después, el 6 de febrero de 1992, Singh presentó una solicitud de asilo bajo el nombre de Baljinder Singh. En el documento afirmó ser un indio que ingresó a los Estados Unidos sin inspección.

Singh abandonó esa solicitud después de que se casó con una ciudadana estadounidense que presentó una solicitud de residencia en su nombre.

Singh se naturalizó bajo el nombre de Baljinder Singh el 28 de julio de 2006, y desde entonces residió en Carteret, Nueva Jersey, hasta que fue desnaturalizado en 2018.

Ahora, ocho años después, el segundo gobierno de Trump centra la atención en posibles fraudes de ciudadanía en el marco de la ‘Operación Janus’. Si bien históricamente el gobierno federal iniciaba un promedio de menos de una demanda civil de desnaturalización al mes (concretamente 0,6), “en mayo de 2026 se presentaron al menos 15 demandas de este tipo, y ya se han registrado 18 en la primera parte de junio de 2026”, advierte el reporte del TRAC. Simultáneamente, la cadena de noticias CNN reportó, citando a un alto funcionario del DOJ, que la administración Trump planea presentar al menos 250 casos de revocación de ciudadanía para octubre de este año.

“Eso no significa que esas personas pierdan la ciudadanía desde el momento que sean notificados”, advierte Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Hay que ver primero la evidencia, verificar que sea contundente en contra de ese individuo y preparar una defensa adecuada en un tribunal federal con la representación de un abogado que lleve casos federales”.

Barrón advirtió que, en este nuevo esfuerzo para quitar la ciudadanía, el gobierno “está tratando de encontrar cualquier falla, delito, extender su interpretación de fraude para quitar la ciudadanía. Ante esto, hay que pelear, estar preparado y saber defenderse de un posible ataque y proteger sus derechos de permanencia legal en Estados Unidos”.

Preocupación que cobra fuerza

Investigadores del TRAC analizaron las causas alegadas por el gobierno en las demandas de desnaturalización. El reporte precisa que se identificaron 166 demandas de desnaturalización correspondientes al periodo comprendido entre 2008 y el 12 de junio de 2026, y que estas se basaron en diversos motivos.

Entre los argumentos, figuraban condenas por actos ilícitos graves previos a la naturalización, así como la declaración falsa de identidad para obtener la naturalización en un primer momento, y casos de ciudadanos naturalizados que marcaron la casilla de respuesta negativa ("no") en su solicitud de naturalización (N-400) al responder si habían cometido algún acto delictivo por el cual no hubieran sido arrestados ni condenados.

En este punto se detuvieron un instante para advertir que “es posible que muchos estadounidenses desconozcan que infracciones muy leves —aquellas por las que una persona podría recibir una multa sin necesidad de comparecer ante un tribunal, y cuyo único aviso fuera la propia multa— pueden clasificarse como ‘delitos’ en algunas jurisdicciones, incluida la federal.

La respuesta a estas preguntas en la solicitud de naturalización proporciona un fundamento muy amplio para iniciar una acción de desnaturalización. La lista de actividades que el DHS podría utilizar como causal para iniciar un proceso de revocación incluye: exceder el límite de velocidad, pasear a un perro sin correa, o pescar sin una licencia válida.

Estas faltas (delitos) pueden servir ahora de base para que el gobierno presente una demanda civil de desnaturalización ante los tribunales federales. Por consiguiente, conviene seguir de cerca los motivos específicos alegados en la presentación de estas demandas”, previene el TRAC.