La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, está agotando los recursos legales a su alcance para intentar frenar la apertura de un centro de detención en el este de la ciudad. Aun siendo consciente de que el gobierno federal tiene la última palabra en temas de inmigración, ha establecido contacto con los congresistas y senadores que representan a Texas para solicitar que no se aprueben fondos destinados a este fin.
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