Departamento de Justicia pide a una corte bloquear investigación de desacato por los vuelos de deportados a El Salvador

El Departamento quiere que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia falle sobre sus solicitudes antes del lunes, cuando Boasberg tiene programado escuchar el testimonio de un exabogado del gobierno que presentó una queja como denunciante.

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El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) pidió este viernes a una corte de apelaciones que bloquee una investigación por desacato contra el gobierno de Donald Trump por no regresar a Estados Unidos los aviones que transportaban a inmigrantes venezolanos hacia El Salvador en marzo.

El Departamento también busca que el juez James Boasberg sea removido del caso, acusándolo de llevar a cabo una “campaña radical, vengativa e inconstitucional” contra el gobierno de Trump.

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Se trata de una escalada dramática en la prolongada disputa del Departamento de Justicia con el juez, quien fue nombrado para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama, y establece el escenario para un enfrentamiento sobre el poder del poder judicial para actuar como contrapeso de un gobierno que ha puesto a prueba los límites de las órdenes judiciales.

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El DOJ quiere que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia falle sobre sus solicitudes antes del lunes, cuando Boasberg tiene programado escuchar el testimonio de un exabogado del gobierno que presentó una queja como denunciante.

¿Por qué el Departamento de Justicia quiere sacar al juez Boasberg del caso?

Funcionarios del departamento afirman que Boasberg es parcial y que está creando “un circo que amenaza tanto la separación de poderes como el privilegio entre abogado y cliente”.

“La próxima audiencia tiene todas las características de una interminable expedición de pesca dirigida a una lista cada vez más amplia de testigos y testimonios prolongados. Ese espectáculo no es un esfuerzo genuino por descubrir hechos relevantes”, escribieron.

El juez ha dicho que una decisión reciente de la corte de apelaciones le dio la autoridad para proceder con la investigación por desacato. El juez intenta determinar si existe evidencia suficiente para remitir el asunto para una posible acusación.

Boasberg, quien ha sido juez principal del tribunal del distrito en Washington, D.C., desde marzo de 2023, dijo que el gobierno de Trump pudo haber “actuado de mala fe” al intentar expulsar rápidamente a los migrantes venezolanos del país, desafiando su orden que bloqueaba su deportación a El Salvador.

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En una orden del 16 de abril, el juez dijo que dio al gobierno “amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones”, pero concluyó que “ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.

“La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales especialmente por parte de funcionarios de una rama coordinada que han jurado respetarla”, escribió Boasberg.

El gobierno de Trump ha negado cualquier violación, afirmando que la orden del 15 de marzo para devolver los aviones fue emitida verbalmente en la corte pero no incluida en la orden escrita.

La pelea del gobierno de Trump contra el juez Boasberg

Trump pidió en marzo llevar a Boasberg a un juicio político. En julio, el Departamento de Justicia presentó una queja por mala conducta, acusando a Boasberg de hacer comentarios públicos inapropiados sobre Trump y su gobierno.

En una publicación en redes sociales el viernes, la fiscal general Pam Bondi acusó a Boasberg de incurrir en “activismo judicial ilegal”.

“Esta campaña radical, vengativa e inconstitucional contra el gobierno de Trump no prevalecerá”, escribió Bondi.

Boasberg programó una audiencia el lunes para escuchar el testimonio del exabogado del Departamento de Justicia Erez Reuveni, cuya denuncia afirma que un alto funcionario del departamento sugirió que el gobierno de Trump podría tener que ignorar órdenes judiciales al prepararse para deportar a migrantes venezolanos.

El juez también programó una audiencia el martes para escuchar el testimonio del subsecretario adjunto de Justicia Drew Ensign. El DOJ ha dicho que Ensign transmitió la orden oral del 15 de marzo de Boasberg y la orden escrita posterior al Departamento de Seguridad Nacional.

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“Esta larga saga nunca debió haber comenzado; no debió continuar después de la última intervención de este tribunal; y ciertamente no debe permitirse que escale hacia el inadecuado e innecesario conflicto interinstitucional que ahora amenaza con volverse inminente”, dijeron funcionarios del departamento en el escrito presentado este viernes.

En una declaración escrita al tribunal, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem dijo que tomó la decisión de no regresar los aviones a EEUU después de recibir “asesoría legal privilegiada” del abogado general interino del Departamento de Seguridad Nacional y “a través de él, del liderazgo superior del Departamento de Justicia”.

Boasberg calificó la declaración de Noem como “superficial” y dijo que no le proporciona suficiente información para determinar si violó deliberadamente su orden del 15 de marzo.

El juez se negó este viernes a cancelar o retrasar las audiencias de la próxima semana.

“Para empezar, esta investigación no es un ejercicio académico”, escribió. “Aproximadamente 137 hombres fueron sacados del país sin audiencia y colocados en una prisión de alta seguridad en El Salvador, donde muchos sufrieron abusos y posible tortura, a pesar de la orden de este tribunal de que no debían ser desembarcados.”

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