Una nueva directriz permite que USCIS acceda a las bases de datos penales para investigar antecedentes criminales entre los solicitantes de beneficios. Esta medida transforma la naturaleza de la agencia, que ahora prioriza el cumplimiento de la ley y la seguridad nacional sobre la gestión de servicios. Analistas señalan que la revisión exhaustiva de documentos ha desplomado la aprobación de casos, como el ajuste cubano, que registró cifras mínimas este año.

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