Demandan a Trump por su megaproyecto de un salón de baile para la Casa Blanca de $300 millones

Defensores del patrimonio histórico estadounidense demandaron al presidente Donald Trump ante un tribunal para se detenga el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca, y plantean que sea sometido a una revisión arquitectónica y a la aprobación del Congreso.

Video Demandan a gobierno Trump por construcción de salón de baile en la Casa Blanca: las noticias del día

Un grupo de preservación de la memoria histórica demandó este viernes al gobierno de Donald Trump por su megaproyecto de un salón de baile de la Casa Blanca, que llevó a la demolición de su tradicional Ala Este.

El grupo considera que el proyecto de salón de baile, que se estima tendrá un costo de $300 millones de dólares, fueron realizados de manera ilegal, al exceder la autoridad presidencial y obvió una autorización del Congreso.

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El Fondo Nacional para la Preservación Histórica, un grupo financiado con fondos privados, solicitó a un tribunal de Distrito que bloquee el proyecto de Trump para construir el salón hasta que se someta a revisiones exhaustivas del diseño, evaluaciones medioambientales, comentarios públicos y debate y ratificación en el Congreso.

El proyecto de Trump ha suscitado críticas entre las comunidades dedicadas a la preservación histórica y la arquitectura, así como entre sus adversarios políticos, pero la demanda es el esfuerzo más tangible hasta la fecha para modificar o detener los planes del presidente de construir una ampliación que, por sí sola, duplicaría el tamaño de la Casa Blanca antes de la demolición del ala este.

"Ningún presidente está legalmente autorizado a derribar partes de la Casa Blanca sin ningún tipo de revisión, ni el presidente Trump, ni el presidente Biden, ni nadie más", afirma la demanda. "Y ningún presidente está legalmente autorizado a construir un salón de baile en propiedad pública sin dar al público la oportunidad de opinar".

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Además, el Fondo quiere que el tribunal declare que Trump, al acelerar el proyecto, ha cometido múltiples violaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Política Ambiental Nacional, al tiempo que ha excedido su autoridad constitucional al no consultar a los legisladores.

La demanda plantea que no se debe seguir trabajando hasta que los funcionarios de la Administración "completen las revisiones necesarias, revisiones que deberían haberse llevado a cabo antes de que los demandados demolieran el Ala Este y antes de que comenzaran la construcción del salón de baile".

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La Casa Blanca afirma que Trump tiene "toda la autoridad legal" sobre la edificación

El vocero de la Casa Blanca, David Ingle, respondió sobre la demanda con una afirmación general de que Trump está dentro de su "plena autoridad legal para modernizar, renovar y embellecer la Casa Blanca, tal como lo hicieron todos sus predecesores".

Ingle no respondió específicamente a una pregunta de Associated Press sobre si el presidente consultaría al Congreso en algún momento.

La respuesta de la Casa Blanca señala correctamente que, en esencia, todos los presidentes realizan algunos cambios en la Casa Blanca. Pero los esfuerzos de Trump son los más radicales desde que se renovó casi por completo el interior deteriorado de la parte más antigua de la mansión durante el mandato del presidente Harry Truman.

Truman solicitó y recibió la autorización explícita del Congreso, junto con los fondos necesarios. Además, consultó a la Sociedad Americana de Ingenieros y a la Comisión de Bellas Artes, y nombró una comisión bipartidista para supervisar el proyecto.

Planos del proyecto esperados para diciembre

Trump ha destacado desde que anunció el proyecto que lo está llevando a cabo con dinero privado, incluido el suyo propio. Pero eso no cambiaría necesariamente la forma en que las leyes y procedimientos federales se aplican a lo que sigue siendo un proyecto del Gobierno de Estados Unidos.

El presidente ya ha eludido las prácticas habituales de construcción del gobierno federal y las revisiones históricas con la demolición del Ala Este. Recientemente, añadió otro estudio de arquitectura al proyecto.

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Trump lleva mucho tiempo diciendo que la Casa Blanca necesita un salón de baile, quejándose de que los eventos se celebraban al aire libre, bajo una carpa, porque el Salón Este y el Comedor de Estado no podían acoger a un gran número de personas. Entre otras quejas, dijo que los invitados se mojaban los pies si llovía durante esos eventos.

Se espera que la Casa Blanca presente los planos del nuevo salón de baile a una comisión federal de planificación antes de que termine el año, unos tres meses después de que comenzara la construcción.

Will Scharf, nombrado por Trump presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, dijo en la reunión mensual del panel la semana pasada que sus colegas de la Casa Blanca le habían comunicado que los tan esperados planos se presentarían en diciembre.

"Una vez que se presenten los planes, será cuando realmente comience el papel de esta comisión y de su personal profesional", dijo Scharf, quien también es uno de los principales asesores del presidente republicano en la Casa Blanca.

Dijo que el proceso de revisión se llevaría a cabo a un "ritmo normal y deliberativo".

Un trabajador camina entre los escombros de una parte prácticamente demolida del Ala Este de la Casa Blanca, el 23 de octubre de 2025, en Washington DC, antes de la construcción de un nuevo salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump.
Un trabajador camina entre los escombros de una parte prácticamente demolida del Ala Este de la Casa Blanca, el 23 de octubre de 2025, en Washington DC, antes de la construcción de un nuevo salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump.
Imagen Jacquelyn Martin/AP


La demanda cita una serie de leyes y normas federales que detallan el papel que desempeñan la Comisión de Planificación y Bellas Artes y los legisladores en los proyectos de construcción del Gobierno de los Estados Unidos.

Entre ellas se encuentra una ley que establece que "no se construirá ningún edificio o estructura en ninguna reserva, parque o terreno público del Gobierno federal en el Distrito de Columbia sin la autorización expresa del Congreso".

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El Trust señala también que el diseño del campo de tiro y las evaluaciones medioambientales, junto con las deliberaciones del Congreso, implicarían la participación del público.

"Esta participación pública, aunque importante en todas las cuestiones relacionadas con la conservación, es especialmente crítica en este caso, ya que la estructura en cuestión es quizás el edificio más reconocible e históricamente significativo del país", afirma la demanda.

Además del presidente, la demanda nombra como demandados al Servicio de Parques Nacionales, al Departamento del Interior y a la Administración de Servicios Generales, junto con los líderes de esas agencias federales.

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