Jueza federal ordena al gobierno de Trump el retorno de Federico Reyes Vásquez, deportado injustamente

Federico Reyes Vásquez fue deportado el 23 de diciembre, a pesar de que la jueza dictaminó un día antes que no fuera expulsado del país mientras la detención era revisada, lo cual es considerado una “violación directa de la orden judicial”.

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SALT LAKE CITY, Utah – Una jueza federal en Utah ordenó a la administración de Donald Trump facilitar el retorno de Federico Reyes Vásquez, un hombre que fue deportado injustamente, según las autoridades. La jueza Jill Parrish dio para ello un plazo de 21 días; es decir, hasta el 20 de enero.

La orden de la jueza de distrito llegó el 31 de diciembre, después de que funcionarios de gobierno reconocieron que lo deportaron a México pese a que las directivas judiciales exigían que permaneciera en Utah mientras estuviera pendiente su caso.

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Agentes de ICE detuvieron a Reyes Vásquez a mediados de diciembre; no está clara la razón, según sus parientes. Su familia presentó una moción en la que alegaba que su detención era ilegal, por lo que la misma estaba bajo revisión.

Esggar Reyes, hijo del detenido, aseguró entonces que no le había sido posible obtener información sobre la condición de su familiar. Según documentos judiciales, aseguró que su abogado intentó llamar a la oficina de ICE en Salt Lake City, pero que “el teléfono se desconectó automáticamente”.

Federico Reyes Vásquez fue deportado en "violación directa de una orden judicial"

Citado por Newsweek, Alec S. Bracken, abogado de Reyes, afirmó: “Me puse en contacto con la familia del Sr. Reyes después de que ICE lo detuviera, y tenía poca o ninguna información verificable sobre su historial migratorio. La oficina de SLC de ICE ha desactivado su línea de consulta pública para personas detenidas, lo que imposibilita conocer su estatus migratorio o comunicarse con él. Por lo tanto, fue necesario un recurso de hábeas corpus”.

La web de Brennan Center indica que este es “un procedimiento legal que permite a una persona detenida por el gobierno disputar su detención ante la justicia. Si una persona acusada de un delito penal o detenida por cuestiones migratorias cree que el gobierno no posee el poder legítimo de detenerla, puede presentar una petición ante un tribunal de justicia (…) En Estados Unidos, este recurso está disponible tanto para personas ciudadanas como no ciudadanas”.


El abogado Bracken agregó: “En este momento, es irrelevante si el Sr. Reyes es finalmente deportable. Lo relevante es que todas las personas en Estados Unidos tengan acceso al debido proceso, que los familiares tengan acceso a saber dónde se encuentran sus seres queridos después de su detención y que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) cumpla con las órdenes judiciales”.

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Federico Reyes Vásquez fue deportado el 23 de diciembre, a pesar de que la jueza dictaminó un día antes que no fuera expulsado del país, mientras la detención era revisada, lo cual es considerado en documentos judiciales como una “ violación directa de la orden judicial”.

Según información oficial, aunque los agentes de ICE tenían conocimiento de que había una orden que impedía su deportación, los encargados de las expulsiones lo desconocían. Luego, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijeron que podrían coordinarse con los abogados de Reyes si este decidía regresar a EEUU.

No es el primer caso

Jill Parrish dictaminó en su fallo que la administración Trump debe proporcionar a Reyes Vásquez transporte o apoyo financiero para su regreso a Estados Unidos, debido a que este, en el centro de México, “podría carecer de los fondos para volver”.

Vale la pena recordar un caso destacado, aunque no el único: Kilmar Ábrego García, quien fue deportado en marzo pasado a El Salvador debido a un “error administrativo”, como admitió más tarde el Departamento de Seguridad Nacional.

Apenas hace unos días, un juez sugirió que la administración Trump impulsó un caso de tráfico de personas contra Ábrego solo después de su deportación errónea.

Una vez de regreso a EEUU, el centroamericano estuvo tres meses bajo custodia de inmigración antes de que, el 11 de diciembre, una jueza ordenara su liberación.

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