Aunque la iniciativa de ley HB 696 busca asegurar el financiamiento de Medicaid, incluye cambios en la verificación de datos de los solicitantes. Bajo esta propuesta, si el estatus migratorio no logra confirmarse, el caso podría ser referido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta situación mantiene en alerta a líderes de organizaciones como Eloy Tupayachi, de El Pueblo NC, quien afirma que el gobierno convierte a las autoridades de salud en aliados de una campaña de deportaciones masivas.

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