Nueva York y otros 21 estados demandan a la administración Trump para frenar una norma que dificulta obtener green card

Un grupo de 22 estados, encabezado por Nueva York, acudió a los tribunales para intentar bloquear una nueva medida migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que permitiría a funcionarios federales negar visas, tarjetas de residencia permanente (green cards) e incluso el ingreso a Estados Unidos a personas que consideren susceptibles de depender de determinados beneficios públicos.

La medida, promovida por el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS), modificaría la aplicación de la norma conocida como “carga pública”, lo que podría dificultar que algunos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan, o se considera que podrían llegar a necesitar, programas de asistencia como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

Los estados demandantes advierten también sobre las posibles repercusiones económicas de la medida. Señalan que el temor a que recibir estos beneficios afecte el estatus migratorio de los inmigrantes podría llevar a miles de familias a dejar de utilizar los programas de asistencia, lo que a su vez reduciría los recursos federales destinados a los estados.

¿Qué hay detrás de la demanda contra la regla de “carga pública”?

Este lunes 14 de septiembre de 2026, durante una conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general del estado, Letitia James, anunciaron la presentación de la demanda conjunta.

La nueva regulación, que está prevista para entrar en vigor este viernes 18 de septiembre de 2026, amplía los beneficios públicos que podrían ser considerados por funcionarios migratorios al evaluar determinadas solicitudes de visa y residencia permanente.

La disputa se centra en el alcance de la llamada regla de “carga pública”, que establece las circunstancias bajo las cuales el gobierno federal puede determinar que una persona podría convertirse en dependiente de beneficios públicos.

Los estados que impugnan la medida sostienen que su aplicación podría generar temor entre las comunidades inmigrantes y provocar que familias elegibles dejen de utilizar programas de salud, alimentación y vivienda por miedo a que hacerlo perjudique sus trámites migratorios.

Durante la conferencia, Mamdani afirmó que la nueva regulación afectaría especialmente a una ciudad como Nueva York, cuya población y economía dependen en buena medida de las comunidades inmigrantes.

El alcalde sostuvo que la medida forma parte de una política federal que ha incrementado la presión sobre los inmigrantes y advirtió que la incertidumbre podría llevar a familias a renunciar a servicios esenciales.

“La nueva regla federal de carga pública no solo deja de lado más de un siglo de legislación establecida; también es intencionalmente ambigua como una forma de crear incertidumbre y miedo”, afirmó.

Mamdani señaló que familias con hijos ciudadanos estadounidenses ya han comenzado, según su argumento, a considerar abandonar beneficios como SNAP y programas de vivienda ante el temor de que puedan tener consecuencias migratorias.

El alcalde también pidió a los beneficiarios no cancelar sus apoyos sin antes recibir asesoría legal.

“Si usted depende de SNAP, Medicaid o programas como WIC y TANF, no se dé de baja sin antes buscar asesoría de un proveedor legal de confianza”, dijo.

Nueva York encabeza coalición de 22 estados

Además de Nueva York y el Distrito de Columbia, la coalición está integrada por California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.

La ofensiva legal también incluye a gobiernos locales. Mamdani anunció que Nueva York encabeza una coalición de ciudades y condados que presentará una impugnación paralela contra la medida, con la participación de Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King.

La estrategia busca llevar el caso a los tribunales desde distintos niveles de gobierno ante los posibles efectos de la regulación sobre los servicios públicos y las finanzas estatales y municipales.

Por su parte, James recordó que Nueva York ya enfrentó una batalla judicial contra una ampliación de la regla de carga pública durante la primera administración de Trump.

“La última vez que el gobierno federal intentó hacer esto, en 2019, la ciudad de Nueva York se unió a la demanda de mi oficina y logramos bloquear la ley. Y lo estamos haciendo nuevamente”, señaló.

La fiscal general sostuvo que la nueva regulación es más amplia que las versiones anteriores y que concede una considerable discrecionalidad a los funcionarios de inmigración para determinar qué factores podrían afectar una solicitud.

James advierte por impacto en salud, alimentación y escuelas

James cuestionó que programas como Medicaid, SNAP e incluso determinados programas de alimentación escolar puedan ser considerados dentro de las evaluaciones migratorias.

La fiscal general planteó que esta situación podría colocar a las familias inmigrantes frente a decisiones difíciles sobre el acceso a servicios básicos.

“Ninguna familia debería tener que enfrentarse a estas preguntas”, afirmó.

Según James, las consecuencias podrían extenderse también a hospitales, comercios, escuelas y gobiernos locales. Explicó que si las familias dejan de utilizar sus seguros médicos, podrían retrasar la atención hasta necesitar servicios de emergencia, mientras que una menor participación en programas de asistencia alimentaria podría reducir el consumo en tiendas y pequeños negocios.

La funcionaria agregó que una disminución en la inscripción a Medicaid y SNAP también podría poner en riesgo determinados mecanismos de acceso automático a programas de alimentación escolar. James acusó a la administración Trump de exceder sus facultades y de utilizar una interpretación que, desde su perspectiva, no corresponde con la intención del Congreso.

“Esta administración ha excedido su autoridad bajo la legislación federal de inmigración. Esto no es lo que el Congreso pretendía”, sostuvo.

Mientras la nueva regla se acerca a su entrada en vigor, Nueva York y los otros estados demandantes buscan que los tribunales intervengan antes de que sus disposiciones comiencen a aplicarse. La disputa podría convertirse en una nueva batalla legal entre los gobiernos estatales y locales y la administración Trump por el alcance de las políticas migratorias federales.