Un juez federal de Rhode Island anuló una directriz de la administración Trump que habría impedido a algunos inmigrantes acceder a ciertos programas federales, incluidos los centros preescolares Head Start, las clínicas de salud comunitarias y las iniciativas de educación para adultos.
Un juez anula una política de Trump que impedía a algunos inmigrantes acceder a los programas preescolares Head Start
Una jueza federal anuló una regla de Trump que restringía el acceso de algunos inmigrantes a Head Start, clínicas comunitarias y otros programas federales
Video Administración Trump pudiera restringir el acceso de niños indocumentados al programa Head Start
La jueza de distrito Mary McElroy, nombrada por el presidente Donald Trump en 2019, había bloqueado temporalmente el año pasado que su administración siguiera adelante con la norma, por lo que esta nunca llegó a implementarse. El lunes, convirtió dicha orden judicial en permanente.
Funcionarios de la administración republicana habían afirmado que la directriz impediría que los "extranjeros ilegales" accedieran a beneficios federales, al reclasificar una amplia gama de programas de servicios sociales bajo una ley de la era Clinton: la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral (*Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act*).
Sin embargo, la norma también habría afectado a muchos inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos, incluidos los titulares de visas de trabajo y de estudiante. Asimismo, habría vetado el acceso a servicios para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) —a quienes se conceden permisos de trabajo si el gobierno de EE. UU. determina que las condiciones en su país de origen son demasiado peligrosas para regresar— y para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), personas traídas al país ilegalmente cuando eran niños que reciben protección temporal contra la deportación y autorización para trabajar.
Estos grupos, considerados "extranjeros no cualificados" según la ley, ya carecen de acceso a los beneficios completos de Medicaid, así como a la ayuda alimentaria y a la asistencia económica financiadas por el gobierno federal.
La administración Trump emitió su directriz en julio de 2025. Fiscales generales demócratas de 20 estados y del Distrito de Columbia presentaron una demanda al respecto.
Argumentaron que el cambio trastocaba tres décadas de políticas que permitían a las personas acceder a clínicas de salud comunitarias, refugios para víctimas de violencia doméstica y centros Head Start sin necesidad de acreditar su estatus migratorio. Advirtieron que los perjuicios podrían extenderse, disuadiendo a cualquier inmigrante de buscar servicios y creando barreras incluso para ciudadanos estadounidenses incapaces de documentar su estatus legal. La demanda señalaba además que las nuevas normas habrían impuesto cargas administrativas a agencias de servicios sociales con recursos limitados —incluidos los operadores de Head Start—, las cuales podrían haberse visto obligadas a cerrar de no poder cumplir con los nuevos requisitos de la directriz.
En su fallo, McElroy declaró que la directriz era "ilegal" y afirmó que la administración Trump no siguió los procedimientos adecuados para modificar las normas. Calificó las acciones de la administración como "inválidas desde el punto de vista procedimental". Añadió que la administración aún podría impulsar cambios normativos a través del proceso federal de notificación y comentarios públicos, un procedimiento que los funcionarios eludieron al emitir la directriz el año pasado.
Se enviaron solicitudes de comentarios a los departamentos señalados como demandados en esta amplia demanda judicial. La Administración para Niños y Familias —una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos que supervisa el programa Head Start— declaró que no hace comentarios sobre litigios en curso. El Departamento de Trabajo remitió las consultas al Departamento de Justicia, el cual no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James —quien figuraba entre los demandantes—, celebró el fallo del juez.
"Desde las pruebas de detección de cáncer y los bancos de alimentos hasta la educación infantil temprana, los intentos del gobierno federal de desmantelar la red de seguridad social habrían sido catastróficos para las familias trabajadoras", afirmó James.