El gobierno de Ecuador ordenó un nuevo toque de queda en al menos nueve provincias del país como parte de su estrategia para contener la violencia ligada al crimen organizado, en un contexto de creciente inseguridad y cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos.
Toque de queda en Ecuador: nueve provincias entran en restricción nocturna por ola de violencia
La medida, que estará vigente del 3 al 18 de mayo de 2026, limita la circulación de personas entre las 23:00 y las 05:00 horas, tiempo en el que se concentra la mayor incidencia de delitos violentos
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La medida, que estará vigente del 3 al 18 de mayo de 2026, limita la circulación de personas entre las 23:00 y las 05:00 horas, tiempo en el que —según datos oficiales— se concentra la mayor incidencia de delitos violentos.
El decreto impacta principalmente zonas costeras como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas; además de territorios clave en la sierra como Pichincha —donde se ubica Quito— y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como la provincia amazónica de Sucumbíos.
De acuerdo con cifras gubernamentales, Ecuador acumula 2,509 homicidios en lo que va del año, de los cuales cerca del 88% se registran en la región costera, considerada el principal foco de la crisis de seguridad.
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Medidas extraordinarias y críticas por derechos humanos
El endurecimiento de las restricciones ocurre bajo el gobierno del presidente Daniel Noboa, quien ha impulsado una política de seguridad de "mano dura" frente al avance del crimen organizado.
Además del toque de queda, el decreto amplía el estado de excepción vigente desde abril y permite a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos inmediatos, al flexibilizar derechos como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Estas disposiciones también han obligado a modificar horarios en escuelas, universidades, transporte público y servicios de salud.
Sin embargo, la estrategia ha generado críticas. Organizaciones como el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos advierten que estas acciones no atacan de fondo al narcotráfico y podrían provocar el desplazamiento de grupos criminales hacia otras regiones.
A nivel internacional, instancias como la Organización de las Naciones Unidas han expresado preocupación por denuncias de desapariciones en el marco de los reiterados estados de excepción implementados desde 2024, cuando el gobierno declaró un conflicto armado interno y catalogó a más de 20 bandas como objetivos militares.
El trasfondo de la crisis se relaciona con la transformación de Ecuador en un punto estratégico para el acopio y envío de droga a través del Pacífico hacia mercados en América y Europa, fenómeno que ha ido acompañado de un aumento sostenido de la violencia. Tan solo en 2025, el país registró más de 9,000 homicidios, la cifra más alta de su historia reciente.
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