Cinco meses después de ser despedido como juez de inmigración en Estados Unidos, Jeremiah Johnson cambió la sala de audiencias por un autobús que subía entre montañas de Guatemala. Llevaba una libreta con un apellido anotado, un ramo de flores en la mano y una pregunta pendiente desde su salida del cargo ¿qué había sido de la familia del migrante indígena al que concedió asilo en su último caso?
Lo despidieron como juez y buscó en Guatemala a la familia del hombre que salvó con un asilo
Meses después de ser despedido como juez de inmigración, Jeremiah Johnson viajó a Guatemala con un ramo de flores para encontrar a los padres del migrante indígena al que concedió asilo en su último caso en San Francisco.
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Johnson, de 52 años, pasó casi una década como juez de inmigración en San Francisco, uno de los tribunales con mayor volumen de solicitudes de asilo del país. Allí escuchó durante años relatos de persecución política, violencia, amenazas religiosas, ataques comunitarios y desplazamientos forzados. Su nombre quedó luego dentro de una discusión nacional por el porcentaje de casos en los que concedía protección.
Según registros citados por USA Today y bases de datos judiciales consultadas por organizaciones académicas, Johnson otorgó asilo en cerca del 89% de los casos que resolvió. Él sostiene que esa cifra no respondía a una postura ideológica, sino al tipo de expedientes que llegaban a su despacho. Solicitantes con representación legal, casos provenientes de jurisdicciones específicas y una jurisprudencia marcada por decisiones del Noveno Circuito federal, con sede en el oeste del país.
Pero en Washington la lectura fue otra. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, el Departamento de Justicia impulsó una reorganización del sistema de tribunales migratorios. La administración endureció los criterios de asilo, amplió la detención de inmigrantes y removió a decenas de jueces en distintos estados.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración reportó al menos 107 despidos desde entonces, incluidos alrededor de dos decenas en San Francisco. Otros jueces salieron por renuncia o retiro anticipado.
La Casa Blanca defendió la política en un comunicado del 9 de abril de 2026 al afirmar que “la era de la amnistía ha terminado” y señalar que el asilo se concede ahora en una fracción de los casos que se aprobaban antes. Expertos recuerdan que esas estadísticas pueden incluir procesos cerrados por inasistencia o abandonos, no solo fallos de fondo.
Mientras el debate político avanzaba, Johnson recibió su propia notificación de despido. Dice que llegó por correo electrónico un viernes previo al Día de Acción de Gracias de 2025 y que su acceso al sistema fue bloqueado de inmediato. No pudo ni imprimir la carta.
El último caso antes de salir
Ese mismo año, su agenda terminó reducida a un expediente final. Una familia guatemalteca de origen maya mam compuesta por padre, madre y dos hijos. El caso describía un conflicto por el acceso al agua en una comunidad rural del altiplano occidental, una zona donde las secuelas de la guerra civil guatemalteca siguen presentes en disputas de tierra, idioma y poder local.
Según la solicitud de asilo, compartida con USA Today con identidades reservadas, el padre y un hermano acudieron en 2017 a sacar agua de un pozo que había pertenecido a su abuelo. Ocho hombres los interceptaron. El solicitante logró escapar para buscar ayuda. Cuando regresó, encontró a su hermano muerto a golpes.
La familia declaró que después intentó acudir a la policía tras nuevos ataques, pero en lugar de protección recibió burlas. También relataron que él, su esposa y su hijo pequeño quedaron heridos en otro episodio violento. Sin garantías de seguridad, emprendieron camino hacia Estados Unidos.
Johnson escuchó esa historia en corte con traducción al idioma mam. Recuerda con precisión el cierre de la audiencia. “Se les ha concedido asilo en Estados Unidos. Esa decisión es final”. Fueron, según él, sus últimas palabras desde el estrado.
La ruta en sentido contrario
Tras salir del tribunal, Johnson decidió hacer algo inusual. Recorrer parte de la ruta migratoria, pero en dirección contraria a la que siguen miles de personas hacia la frontera sur de Estados Unidos.
En enero pasó por Arizona. Conversó con trabajadores humanitarios, rancheros que votaron por Trump y un agente retirado de la Patrulla Fronteriza que lo invitó a desayunar en su casa. Tomó notas de todo. Luego siguió hacia Guatemala.
A mediados de abril de 2026 llegó a la región montañosa cercana a Todos Santos, no lejos de México. No tenía dirección exacta ni teléfono. Lo acompañaba un veterinario local que hablaba mam y conocía la zona.
Preguntaron por los padres del hombre al que Johnson había concedido asilo. “Están en casa”, le respondió el guía.
Cuando llegaron, el exjuez explicó quién era y por qué había viajado hasta allí. Entregó las flores. Después preguntó por el hijo asesinado años atrás.
Según su relato, la madre comenzó a llorar. El padre se llevó la mano al pecho. Luego ambos le pidieron acompañarlos al cementerio para mostrarle la tumba.
El sistema bajo presión
La historia personal de Johnson ocurre en medio de una crisis más amplia dentro del sistema migratorio. La Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, reporta cerca de 3.8 millones de casos acumulados en tribunales del país. De ellos, aproximadamente 2.4 millones corresponden a solicitudes de asilo.
El tribunal de San Francisco figura entre los de mayor carga nacional, detrás de Nueva York y Miami. La administración también ordenó su cierre y el traslado de la mayoría de procesos a Concord, una sede menor ubicada a unos 30 millas.
Para críticos de la medida, despedir jueces en medio del atraso solo agrava el cuello de botella. Para la Casa Blanca, la prioridad es corregir lo que considera sesgos estructurales y acelerar deportaciones cuando no existan bases legales para permanecer.
La congresista demócrata Zoe Lofgren reintrodujo este año un proyecto para crear un sistema judicial migratorio independiente del poder ejecutivo, similar a otras cortes federales especializadas. La propuesta cuenta con respaldo del sindicato de jueces.
De juez a testigo
Johnson fue nombrado durante la primera administración Trump por el entonces fiscal general Jeff Sessions. Antes había trabajado como oficial de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Estudió Derecho en la Universidad de San Francisco y, según cuenta, una frase de su padre marcó su carrera: “tener siempre presentes las necesidades de los demás”.
Hoy ya no firma órdenes de deportación ni decisiones de protección. Recorre pueblos, habla con migrantes, observa fronteras y toma apuntes.
En Guatemala encontró a la familia de su último fallo viviendo a la distancia de quienes se quedaron. El hijo sobreviviente está en Estados Unidos. El hermano asesinado permanece enterrado en la aldea.
Entre ambos puntos —una tumba en las montañas y una sala de audiencias cerrada en California— sigue abierto el debate sobre quién decide el futuro de millones de inmigrantes en Estados Unidos.
USA TODAY Network via Reuters Connect
