Arlington presenta demanda contra el Arco del Triunfo de Trump; acusa rapidez del proceso y falta de revisión

El condado de Arlington sostiene que el Servicio de Parques Nacionales realizó una evaluación superficial de la obra propuesta por Donald Trump y no examinó de manera adecuada sus posibles consecuencias.

Video Trump propone arco militar con drones y francotiradores cerca del Cementerio de Arlington

El Arco del Triunfo que Donald Trump quiere construir para conmemorar los 250 años de Estados Unidos enfrenta un nuevo obstáculo legal. El condado de Arlington, Virginia, demandó al gobierno federal por considerar que ha omitido revisiones necesarias en un intento de acelerar el proceso de construcción.

La demanda fue presentada el jueves ante un tribunal federal de Virginia por la junta de gobierno de Arlington, integrada por cinco miembros demócratas.

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De acuerdo con información de The Washington Post, las autoridades locales sostienen que el Servicio de Parques Nacionales realizó una evaluación superficial de la propuesta y no examinó de manera adecuada sus posibles consecuencias.

El condado solicita una medida cautelar que impida cualquier trabajo de demolición o construcción hasta que se complete una declaración de impacto ambiental, como establece la legislación federal para proyectos de este tipo.

El conflicto gira en torno a una estructura de 250 pies de altura, que la administración Trump pretende levantar en Memorial Circle, una rotonda ubicada dentro de Washington D.C., a pocos cientos de metros de Arlington y cerca del Cementerio Nacional de Arlington.

De concretarse, el monumento sería el arco triunfal más alto del mundo, según la descripción del proyecto citada en la información publicada por The Washington Post.

Arlington advierte sobre riesgos para el cementerio y el aeropuerto

Más allá de la revisión ambiental, las autoridades locales argumentan que el arco podría alterar una zona de importancia histórica y generar problemas de seguridad y movilidad.

La demanda sostiene que la construcción afectaría propiedades históricas del condado, incluido el Cementerio Nacional de Arlington, donde descansan integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. También advierte sobre un posible aumento del tráfico en vías principales y riesgos para las operaciones aéreas del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

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Los cuestionamientos no son nuevos. Veteranos militares y defensores de la preservación histórica ya habían presentado una impugnación legal para intentar frenar el proyecto, al argumentar que una estructura de semejante tamaño perjudicaría la experiencia de quienes visitan el cementerio.

Otros críticos han pedido reducir las dimensiones del monumento o cambiarlo de ubicación. Consideran que el arco podría dominar visualmente el entorno y alterar el corredor monumental entre el cementerio y el Monumento a Lincoln.

Matt de Ferranti, presidente de la Junta del Condado de Arlington, acusó a la administración federal de acelerar el proceso y desestimar las preocupaciones de la comunidad.

“Nuestra comunidad es la que más tiene que perder con este proyecto propuesto, que es flagrante e ilegal”, afirmó al anunciar la demanda. “Ya basta. Haremos todo lo posible para exigir responsabilidades a esta administración y para proteger y defender los mejores intereses de nuestra comunidad”.

¿Por qué Arlington cuestiona el proceso?

El argumento central de Arlington es que el gobierno federal no puede omitir los procedimientos legales para acelerar una obra promovida por el presidente.

La demanda de 35 páginas acusa al Servicio de Parques Nacionales de minimizar los daños que la propia agencia habría reconocido y de ignorar otros posibles impactos. También cuestiona que el gobierno presente el proceso como una revisión todavía abierta mientras, según el condado, las decisiones parecen orientadas a justificar la construcción.

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La Ley de Política Ambiental Nacional exige que las agencias federales evalúen de manera adecuada los impactos de determinados proyectos y consideren alternativas razonables.

Democracy Forward, una organización de defensa legal que se sumó a la demanda, respaldó ese argumento. Su presidenta, Skye Perryman, sostuvo que el presidente no puede saltarse los requisitos de revisión legal simplemente porque quiere acelerar el proyecto.

Los demandados incluyen al Departamento del Interior, al Servicio de Parques Nacionales, al secretario del Interior, Doug Burgum, y a la directora interina del servicio, Jessica Bowron. La Casa Blanca y las agencias señaladas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, según la información disponible.

¿Por qué

Trump quiere construir el Arco del Triunfo?

Trump ha defendido el arco como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la fundación del país. Su administración sostiene que no necesita una nueva autorización del Congreso porque los legisladores aprobaron hace aproximadamente un siglo un proyecto similar para una zona cercana.

El gobierno esperaba obtener una aprobación definitiva tan pronto como el 5 de noviembre, cuando la propuesta debía presentarse ante una comisión federal de revisión, e iniciar las obras poco después.

Sin embargo, el mes pasado la administración puso fin a un proceso independiente destinado a evaluar los efectos del monumento sobre los sitios históricos cercanos y rechazó propuestas para modificar su diseño o ubicación, de acuerdo con The Washington Post.

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La controversia también aumentó después de que Trump dijera que convertiría el lugar en un “ complejo militar” con drones, francotiradores y municiones. Funcionarios de la administración indicaron posteriormente que seguirían adelante con los planes originales, que contemplan un espacio abierto a los turistas.

Arlington sostiene que una instalación militar en el sitio agravaría los riesgos para la seguridad pública y la posibilidad de accidentes.

La demanda representa otro frente de confrontación entre el condado y la administración Trump, que en otras ocasiones ha criticado a las autoridades locales por sus políticas. Ahora, la disputa se concentra en determinar si el gobierno federal puede avanzar con el arco bajo el procedimiento que ha seguido o si deberá realizar una evaluación más amplia antes de comenzar la construcción.