Arizona se convierte en el octavo estado del país en endurecer las sanciones contra quienes paguen por servicios sexuales. Con la nueva ley HB 2720, comprar servicios de prostitución podrá ser procesado como un delito grave. La gobernadora Katie Hobbs promulgó la medida, considerada por sus impulsores como un paso importante para combatir la explotación sexual y la trata de personas.

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