La congresista María Elvira Salazar impulsó, desde Washington DC, la aprobación de la Ley Dignidad, al asegurar que busca regularizar a inmigrantes y fortalecer la economía. Rechazó que se trate de una amnistía y afirmó que el plan permitiría trabajar legalmente por siete años sin acceso a beneficios federales ni vía para conseguir la ciudadanía.

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