Más de 4 de cada 10 nombres señalados como posibles votantes no ciudadanos en California por la administración de Trump no se encuentran en los registros de votantes del estado, según un documento legal presentado el sábado por un grupo de derechos de los inmigrantes.
Más del 40% de los nombres de presuntos no ciudadanos en la lista del gobierno de Trump no figuran en el registro electoral de California, según análisis
Un análisis de la UCLA encontró que el 42% de los nombres no corresponden a ninguna persona en el registro electoral actual de California y que al menos 22 son de ciudadanos estadounidenses.
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Es el primer análisis externo de una lista que el Departamento de Justicia ha utilizado para amenazar con procesar a los funcionarios electorales. El análisis también encontró que miles de ciudadanos estadounidenses parecen haber sido señalados como inelegibles para votar en la lista del gobierno.
La afirmación se realizó en un escrito presentado por dos analistas de datos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Ellos analizaron los 20,930 nombres que el departamento exigió que los funcionarios electorales de California trataran como posibles votantes ilegales, separando sus boletas durante el recuento de votos el día de las elecciones.
Múltiples jueces han rechazado la exigencia por considerarla inconstitucional y una amenaza para la democracia, y funcionarios locales y estatales han señalado que la lista parece estar plagada de errores.
¿Qué errores hallaron los analistas de UCLA?
La magnitud de los problemas de la lista se detalló en el escrito presentado el sábado. En él se describe un análisis realizado por dos miembros del Proyecto de Derechos Electorales de la UCLA, quienes presentaron una demanda para impugnarla junto con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés), con sede en Los Ángeles.
La investigación determinó que 8,880 de los nombres, que representan el 42% de toda la lista, no corresponden a ninguna persona en el registro electoral actual de California. También encontró que al menos 22 son ciudadanos estadounidenses, y muchos más podrían corresponder a los de ciudadanos confirmados.
“El análisis de los expertos deja aún más en claro que la lista electoral impuesta pone en peligro a un número significativo de votantes elegibles de California”, indicó el documento, que fue cofirmado por Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador de California y asesor del Proyecto de Derechos Electorales de la UCLA.
La administración de Trump se había opuesto a compartir la lista, calificándola de “expedición de pesca” y señalando que incluía información sensible.
El sábado, el fiscal federal que lideró el caso de Trump en California calificó el análisis de "falso".
“Este es un informe falso del grupo activista de defensa de los derechos de los inmigrantes ilegales CHIRLA”, publicó Bill Essayli, quien dirige la oficina del fiscal federal en Los Ángeles, en X.
También el sábado, el presidente Donald Trump lamentó las decisiones judiciales en contra de su iniciativa para obligar a California a separar los votos de las personas que su administración califica como sospechosas de no ser ciudadanas, a pesar de que una de las resoluciones provino de un juez que él mismo nombró.
En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que su Departamento de Justicia encontró “20,000, pero potencialmente cientos de miles, y quizás incluso millones” de votos fraudulentos, “y el tribunal acaba de fallar en contra. ¿Por qué rechazarían solucionar el fraude electoral?”
La administración de Trump también instó al estado de Washington a eliminar lo que según eran 400 posibles no ciudadanos en sus listas, aunque los funcionarios electorales estatales afirmaron que dicha lista tampoco es fiable e incluye a un votante que emitió sufragios en la década de 1990.
El Departamento de Justicia también advirtió a los funcionarios electorales de California que podrían enfrentar responsabilidades penales si permiten que los no ciudadanos voten, y emitió citatorios a las oficinas electorales del estado.
Las quejas de los funcionarios electorales
Los funcionarios electorales se han quejado de que la administración de Trump les ha presentado listas de posibles votantes ilegales a última hora antes del día de las elecciones, sin tiempo para llevar a cabo la minuciosa investigación que exige la ley antes de eliminar a alguien de los registros.
Se han presentado múltiples demandas para impedir que la administración continúe amenazando a los funcionarios electorales locales.
El viernes, un juez federal en California ordenó al Departamento de Justicia que dejara de enviar exigencias a los funcionarios estatales, una decisión que la administración de Trump apeló el sábado. Varios condados del estado habían realizado revisiones rápidas de la lista de Trump y encontrado numerosos errores.
Posibles errores en los datos del gobierno de Trump
El análisis más amplio del sábado fue posible porque un juez federal ordenó el viernes a la administración de Trump compartir la lista con los demandantes del caso.
CHIRLA y el proyecto de la UCLA demandaron al Departamento de Seguridad Nacional a principios de octubre para evitar que utilizara datos federales de inmigración para impugnar los registros electorales estatales. La demanda citaba ejemplos de otros estados en los que se ha demostrado que los datos del gobierno federal incluyen erróneamente a miles de ciudadanos.
El caso argumentaba que los métodos de coincidencia de datos corren el riesgo de privar del derecho al voto o disuadir a los ciudadanos de sufragar. Además, los demandantes argumentaron que las listas podrían afectar de manera desproporcionada a los ciudadanos naturalizados que tienen derecho legal a votar.
Aplicando la metodología del gobierno, los investigadores de la UCLA descubrieron que casi 7,500 ciudadanos naturalizados en el estado tenían “altas probabilidades” de ser señalados incorrectamente como inelegibles.
Los investigadores señalaron que la administración aparentemente eliminó el número de identificación de votante de los nombres, lo que dificulta que los funcionarios electorales determinen si las personas señaladas ya estaban en sus registros o si eran duplicados en la lista del Departamento de Justicia. Describieron el número de identificación de votante como el dato más crucial.
El Departamento de Justicia sostiene que hay tanto que perder si las boletas no son separadas.
“Cada voto emitido por un votante inelegible anula el voto de un ciudadano estadounidense”, escribió en un correo electrónico Kiersten V. Pels, portavoz del departamento. “El departamento no ofrece disculpas por proteger esos votos”.