Oficiales se unieron contra las drogas
La medida reduciría las consecuencias criminales de las personas convictas por
ciertos crímenes por drogas no-violentos y expandiría las opciones de
tratamiento mediante programas de rehabilitación.Brown, el fiscal de distrito Steve Cooley y el alguacil Lee Baca, dijeron
que la medida incrementaría el crimen en lugar de enfrentarlo."...Le costará a los contribuyentes miles de millones de dólares,
saturaría las cortes innecesariamente, y desviaría recursos escasos de
aquellos que realmente quieren la sobriedad hacia aquellos que
simplemente quieren un pase para salir de la cárcel", dijo Cooley en un
documento.Pero Margaret Dooley-Sammuli, subdirectora de campaña para Yes on Prop.
5, la organización que respalda la propuesta en cuestión, dijo que los
comentarios de Cooley "son absolutamente inciertos".Los partidarios de la medida han dicho que reduciría el abarrotamiento
en las cárceles, generando al estado ahorros potenciales por $2,500
millones de dólares en los próximos años."Es una reforma de todo el sistema", dijo Dooley-Sammuli, agregando que
continuaría la tradición de la Proposición 36, aprobada por los
votantes en 2000, que permitió a los infractores de leyes antidrogas
recibir tratamiento en vez de encarcelación durante sus dos primeras
ofensas no violentas.Un estudio de UCLA divulgado en marzo de 2006 encontró que la
Proposición 36 había "reducido sustancialmente" los costos en
encarcelamiento y habia producido ciertos ahorros pero que el programa
tenía todavía campo para crecer.(Con información de City News Service)
