Unos $650 mil es la recompensa ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) por los datos que permitan dar con el paradero de los responsables que planearon y ejecutaron la matanza de 72 inmigrantes centroamericanos en Tamaulipas.
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La PGR ofrece $8 millones por Román Rincones, el coyote, la misma cantidad por Juvenal Burciaga, el Alacrán, y cinco millones por José Guadalupe Reyes Rivera, el Sasi.
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El pasado 25 de agosto, 72 cadáveres (58 hombres y 14 mujeres) fueron encontrados por agentes de la Marina en un rancho del poblado de San Fernando, en el estado de Tamaulipas.
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Los cuerpos fueron encontrados después de que un sobreviviente, de nacionalidad ecuatoriana, informó a los marinos de un secuestro a manos de Los Zetas, un grupo delictivo formado por ex militares de elite.
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El documento señala que se entregarán las recompensas a quienes proporcionen información veraz y útil que ayude a la efectiva identificación, localización, detención o aprehensión de aquellos que planearon y cometieron los homicidios.
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Uno de los sobrevivientes de la masacre contó el orden de los hechos y confirmó que habían sido Los Zetas.
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Además comentaron que Los Zetas los interceptaron en su camino a Estados Unidos, les ofrecieron unirse a sus filas y cuando se negaron, los asesinaron.
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Las autoridades mexicanas informaron que en el grupo había inmigrantes de El Salvador, Brasil, Guatemala, Honduras y Ecuador.
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La noticia de la matanza no sólo dejó conmocionado a México sino al mundo.
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El pasado 24 de agosto de 2010, fueron localizadas 72 personas ejecutadas de origen extranjero en una finca ubicada en el Ejido Huizachal, Municipio de San Fernando, Tamaulipas, hechos que motivaron el inicio de una averiguación previa por parte del Ministerio Público del fuero común.
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Los asesinatos fueron condenados en El Salvador, Guatemala y Honduras.
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Los 72 ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, fueron en su mayoría inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica, asesinados por la espalda, para posteriormente ser apilados y puestos a la intemperie.
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Para el 8 de octubre de 2010, se habían reconocido 50 de los 72 cuerpos, 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, un ecuatoriano, y 4 brasileños.
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Según funcionarios federales mexicanos, los migrantes, quienes iban repartidos en dos camiones, partieron de Veracruz el 21 de agosto con la intención de pernoctar en algún poblado de Tamaulipas.
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Antes de llegar a San Fernando fueron interceptados por un grupo de sujetos armados quienes les obligaron a brindar "información" sobre parientes en Estados Unidos, asimismo les exigieron dinero a cambio de su libertad.
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Apenas iniciadas las pesquisas, el cadáver de un investigador de la masacre fue encontrado decapitado el 26 de agosto.
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Ell 10 de septiembre, el Presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa anunció la captura de ocho sujetos y la muerte de seis participantes en la masacre.
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La reacción internacional ha sido de presión y repudio ante los hechos, por lo que las autoridades de México buscan castigar, con todo el rigor, a los culpables.
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Algunos familiares de las víctimas fueron indemnizados aunque las investigaciones de los hechos sigan.
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Los cadáveres de los asesinados fueron repatriados y recibidos como héroes en sus respectivos países.
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