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Jesús Murillo Kara, procurador de México.

Policías confiesan a PGR que alcalde de Iguala ordenó el ataque contra los 43 estudiantes

Policías confiesan a PGR que alcalde de Iguala ordenó el ataque contra los 43 estudiantes

Lo confesaron los policías detenidos por la masacre según la PGR. Además reveló vínculos de Abarca con Guerreros Unidos.

Jesús Murillo Kara, procurador de México.
Jesús Murillo Kara, procurador de México.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó en conferencia de prensa que José Luis Abarca, exedil de Iguala fue quien ordenó interceptar a los normalistas por temor a que sabotearan el informe de su esposa.

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Según testimonios de los detenidos citados por el procurador, el alcalde, identificado como A5, recibió un reporte de que los normalistas estaban en el municipio y temieron que arruinaran el informe de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa.

Los policías detenidos informaron durante el interrogatorio que fue Abarca quien ordenó pedir apoyo de la policía de Cocula e interceptarlos.

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Murillo Karam dijo que Guerreros Unidos tenía una red de complicidad con varias alcaldías de la zona, entre ellas la de Cocula y según uno de los testimonios, Pineda Villa, esposa de Abarca, era la principal operadora delictiva.

Informó que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, daba de manera regular de 2 a 3 millones de pesos (poco más de 224 mil dólares) al cártel Guerreros Unidos, según confesó la suegra del exdil perredista. De esa cifra, Murillo precisó que 600,000 pesos (44,000 dólares) eran destinados para la policía municipal de Iguala.

Durante la conferencia se informó que la esposa del exedil de Iguala, es pariente en grado directo de operadores de Guerreros Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, los policías de Cocula y de Iguala recibieron la indicación de enfrentar a las personas que viajaban en autobuses, por lo que también dispararon a las personas que iban a bordo de uno de ellos y que eran integrantes de un equipo de fútbol.

Después, al darse cuenta que se habían equivocado de camión, lograron identificar de nuevo el vehículo en el que se trasladaban los estudiantes de Ayotzinapa por lo que fueron sustraídos por los uniformados y los subieron a una camioneta de redilas para transportarlos por un camino de terracería.

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Tanto Abarca como su esposa se encuentran prófugos de la justicia. También son buscados por las autoridades César Nava González, subdirector de la Policía de Cocula, y un sujeto identificado como el Gil, lugarteniente de Sidronio Casarrubias Salgado, máximo líder del grupo criminal Guerreros Unidos.

En las indagatorias consta que el Gil se comunicó con Casarrubias Salgado, quien de alguna manera avaló la defensa de su territorio para que los estudiantes no causaran ninguna situación en contra de los funcionarios que se encontraban reunidos en Iguala.

Murillo Karam detalló que en las inmediaciones donde vive el Gil se encontraron dos cuerpos más en una fosa a los cuales se les practican los exámenes periciales pertinentes para determinar su identidad.

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Comentó que continúan las pesquisas para detener a los integrantes del grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, quienes recibieron a los estudiantes, y son buscados porque su testimonio será de suma importancia para dar con el paradero de los normalistas de Ayotzinapa.

Con respecto a las investigaciones sobre el paradero de los estudiantes, Karam dijo que de las 9 fosas en Iguala han hallado al menos 30 cuerpos y ninguno pertenece a lo de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

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Murillo precisó que hasta el momento han sido capturados y consignados 52 personas, entre policías de Iguala y Cocula, así como integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, el cual tenía conexión con funcionarios de Iguala.

La prioridad es encontrar a los desaparecidos, por lo que se han desplegado acciones para ubicarlos, además de erradicar los serios problemas de infiltración de los delincuentes en las corporaciones de los municipios mencionados, resaltó.

Refirió que encontrar a los jóvenes y detener a los autores intelectuales es una prioridad del gobierno federal, por lo que diversas dependencias federales trabajan de manera coordinada para conocer la verdad de los hechos.

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