En México más de 30 periodistas han sido asesinados o desaparecidos desde el inicio del despliegue militar para la lucha antidrogas en 2006, y muchos de estos casos están en el olvido de las autoridades.
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Es el caso de María Esther, una de los cuatro periodistas desaparecidos en Michoacán en 2009, tras salir a realizar una cobertura.
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Tenía 32 años y era corresponsal del diario regional Cambio de Michoacán especializada en asuntos policiales y de narcotráfico, en una región que se considera territorio del sanguinario cártel 'La Familia'.
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Al temor al crimen organizado mexicano, al que el gobierno culpa de más de 28 mil asesinatos desde 2006, se une en Michoacán la desconfianza hacia las autoridades locales.
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La hermana de María Esther, María del Carmen Aguilar y sus dos pequeñas hijas llevan un año esperando noticias de la reportera. Sin embargo pese a que María del Carmén confía en que las autoridades han investigado el caso de su hermana, nunca le llamaron para darle informes.
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Aguilar relata "he pensado en volver a hablar con los medios o hacer una marcha" para poner sobre la mesa el caso de su hermana y el de otro periodistas que han desaparexcido.
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Familiares de otros reporteros desaparecidos en Michoacán viven una similar falta de atención tanto de la procuraduría como de la fiscalía federal especializada en delitos contra periodistas.
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La familia del editor y periodista José Antonio Apac, desaparecido en 2006 también en Michoacán, sigue intentando que se destine un equipo de buceo para buscar su cuerpo en una presa cercana al último lugar donde se le vio. "Una persona de la fiscalía federal nos dijo que era más fácil que obtuviéramos nosotros el buzo", rememoró Rosa Caballero, esposa de Apac, cuyo caso se archivó hace tres años.
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La propia procuraduría de Michoacán, que ha reconocido que al menos 550 de sus ciudadanos desaparecieron entre junio de 2009 y agosto de este año, reporta desatenciones en las investigaciones.
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Sus expertos no han examinado los casquillos encontrados en el lugar del asesinato de Gerardo García en diciembre de 2007 ni se ha "verificado" si este periodista "usaba celular", según un reporte de julio sobre las investigaciones de los cuatro reporteros ultimados y los cuatro desaparecidos en Michoacán desde 2006, ninguna de ellas resuelta.
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Los agresores no son detenidos en más de un 90 por ciento de los asesinatos de periodistas en México, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami. Y como los desaparecidos no han sido declarados oficialmente fallecidos, sus familiares no reciben pensión ni otra ayuda pública.
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"Para garantizar que los periodistas trabajen en zonas tan calientes como Michoacán, el gobierno debe darles protección. Y si no puede ser con seguridad, al menos que lo haga con apoyo económico", reclama Juan Ignacio Salazar, jefe de corresponsales de Cambio.
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Los familiares de reporteros desaparecidos no están organizados pero María del Carmen se muestra dispuesta a un primer encuentro. Cree que quizás juntos logren que sus tragedias no se archiven en el olvido.
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Pese a la falta de organización que señaló María del Carmen, en abril y agosto de este año, decenas de personas se manifestaron en la capital mexicana para exigir respuesta sobre los casos de periodistas desaparecidos o asesinados.
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Pidieron más garantias para el ejercio periodístico con libertad y sin amenazas de grupos de la delincuencia organizada.
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