La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, denunció los desafíos que enfrenta la protección de estas garantías, principalmente de los migrantes.
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Entre los casos preocupantes citó la situación de los migrantes en México, ya que son blanco de un gran número de asesinatos y secuestros perpetrados por el crimen organizado.
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Los migrantes indocumentados que transitan México han sido víctimas en los últimos meses de bandas dedicadas a la extorisón y al secuestro.
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Algunos migrantes también han denunciado a agentes migratorios que los han vendido al grupo criminal de 'Los Zetas'.
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Seis de los agentes identificados fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), informó la fiscalía federal.
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Ante la situación que viven los migrantes en México, el gobierno del presidente Felipe Calderón promulgó recientemente la Ley de Migración.
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La Ley fue aprobada en el Congreso y espera frenar la indefensión que sufren los indocumentados a su paso por el país.
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Calderón dijo que ley "corrige lo que está funcionando mal" y "privilegia el respeto y la protección de los derechos humanos".
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A este respecto, fija la obligatoriedad de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal, municipal) de coordinarse y combatir la corrupción entre los agentes migratorios con controles de confianza.
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El mandatario destacó la existencia de sanciones contempladas para aquellos responsables migratorios que violen los derechos de los migrantes y la eliminación de disposiciones que propiciaban "la corrupción de los servidores públicos y la extorsión".
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Esta nueva Ley "deroga completamente la criminalización del fenómeno migratorio en el país", al eliminar las penas de cárcel para aquellos migrantes expulsados que reincidieran. Todo ello "para ordenar los flujos migratorios", apuntó.
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México es atravesado cada año por al menos trescientos mil indocumentados, en su mayoría centroamericanos. Una cuarta parte de este número es interceptada y deportada, de acuerdo a datos oficiales.
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En los últimos años, el riesgo al que se exponían en su periplo debido a la acción de los carteles de la droga y a la corrupción de las autoridades aumentó de forma considerable. Cabe recordar la matanza de Tamaulipas donde 'Los Zetas' ejecutaron a 72 indocumentados por negarse a ser parte de sus filas.
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Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 18,000 migrantes fueron secuestrados en 2009.
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Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como diversas plataformas sociales -nacionales e internacionales-, además de varios Gobiernos de Centroamérica, han exigido a México una mayor vigilancia de los derechos humanos de los migrantes a su paso por el país.
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Aunque el Ejecutivo puso en marcha una estrategia de protección a finales del año pasado, la violencia en contra de los migrantes no se ha detenido, si bien unos 200 trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido separados de sus puestos, de los cuales cuarenta ya enfrentan un proceso penal.
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En ese sentido, un aspecto fundamental de la nueva Ley de Migración es que obliga al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) a profesionalizarse, declaró el diputado federal del PAN, Leonardo Guillén Medina.
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Dijo que mediante el Centro de Evaluación y Control de Confianza, se obliga a los cuadros del INM a aprobar cursos de formación y capacitación para su ingreso y permanencia laboral.
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“Con esto aseguramos un actuar bajo los principios de legalidad por parte del personal del instituto, así como con profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de los migrantes”, declaró.
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El legislador federal puntualizó que la Ley de Migración, que aprobó la Cámara de Diputados, salvaguarda los derechos humanos, además de regular el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al país.
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“No sólo eso, también se tipifica el delito de tráfico de indocumentados y se incluye como agravante el inducir a menores de edad, bajo la disposición que el delito se perseguirá de oficio”, recalcó.
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