CIDH abrirá parteaguas en la investigación sobre los 43 de Ayotzinapa, afirman familiares
Las conclusiones que presentarán expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo domingo abrirán nuevas rutas en la investigación de la desaparición de 43 jóvenes en México, afirmó este viernes el abogado de los padres de las víctimas, Vidulfo Rosales.
Después de la versión de la Fiscalía ofrecida en febrero pasado, en la que no creen los familiares de los estudiantes, "hoy en día está en disputa la verdad" de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 a los alumnos de una escuela para maestros, declaró en entrevista.
El grupo de la CIDH está integrado por los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox, el español Carlos Beristain y la guatemalteca Claudia Paz.
Este equipo se formó como resultado de un acuerdo firmado por la CIDH con el Estado mexicano y los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Según la versión oficial, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Tras seis meses de trabajo en torno al caso, el grupo de expertos independientes de la CIDH dará a conocer el domingo su informe "Ayotzinapa: investigación y primeras conclusiones".
Rosales indicó que el documento "significará un parteaguas en la investigación; creemos que después del informe de la PGR está hoy en día en disputa la verdad, la PGR ha trazado una línea, nosotros creemos en otra (…) va a marcar un nuevo derrotero en la investigación; va a oxigenarla y va a darle nuevas rutas por las cuales se pueda seguir fortaleciendo, con miras a encontrar la verdad tan anhelada por los padres".
Tres líneas de investigación
"Queremos que en términos jurídicos se trate un nuevo derrotero. Para nosotros la investigación debe seguir y no solo se deben ampliar más diligencias, sino que se deben abrir nuevas líneas de investigación. Esa es la expectativa que tenemos, porque de nada va a servir que se amplíen las diligencias si la línea sigue siendo la misma", afirmó.
Una sobre el papel del Ejército esa noche, otra con la mira puesta en el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y la última centrada en el círculo político de Iguala y los municipios aledaños como Taxco, Cocula y Chila de la Sal, detalló.
El letrado recordó que el único político detenido hasta ahora en relación a este caso es el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien, según la Fiscalía, ordenó a los policías atacar a los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa al creer que iban a sabotear un acto público de su esposa.
En este caso han sido arrestados más de un centenar de personas, entre ellas la esposa de Abarca, policías de Iguala y Cocula, así como miembros de Guerreros Unidos, quienes supuestamente asesinaron a los jóvenes tras creer que eran miembros del cártel rival Los Rojos.
Hasta ahora los expertos de la CIDH han denunciado irregularidades en la investigación, entre ellas la destrucción de pruebas de video, y solicitado al Gobierno que mantenga la búsqueda de los estudiantes.
También pidieron entrevistar a 26 militares del Batallón 27, con sede en Iguala, supuestos testigos del ataque a los estudiantes, pero el Gobierno respondió que debía ser por escrito y dentro del proceso penal, lo que el grupo rechazó.
La fiscalía atenderá los pedidos
En tanto, la fiscal mexicana, Arely Gómez, dijo a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que seguirá atendiendo sus peticiones en torno al caso.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) indicó en un comunicado que Gómez sostuvo este viernes su séptima reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde que a finales de febrero sustituyó a Jesús Murillo al frente de esa institución.
En el encuentro, la funcionaria "refrendó que existe la plena disposición y el compromiso institucional de seguir atendiendo todas y cada una las peticiones, con base en el acuerdo de asistencia técnica" firmado con la CIDH para este caso.
La PGR "ha sido receptiva en todos los planteamientos" del grupo y "ha reconocido y apoyado" el trabajo realizado en torno a este caso en los últimos seis meses, apuntó hoy la institución.
¿Se desmoronará la investigación?
En tanto, un grupo de abogados con conocimiento de la investigación dijo a Reuters que la misma está repleta de vicios, errores y omisiones que podrían obligar a que todo el caso se revise por completo, lo anterior debido a la pérdida de evidencias, falta de peritajes, pruebas científicas que no sustentan “la verdad histórica”.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh y representante legal de las familias de los jóvenes, afirma que “son peritajes que no resistirían un escrutinio público. Acá no hay nada (que sustente el caso), incluso no hay cuerpos”.
Un abogado independiente con conocimiento de la investigación y que pidió a la agencia el anonimato señaló que en esta investigación “se descansa mucho en las declaraciones, eso es un problema. Si se te caen las declaraciones, se te puede caer el caso”.
Estas fuentes consideran que las pesquisas no se apegaron al protocolo básico de una investigación criminal: no se analizaron las comunicaciones telefónicas de estudiantes, familiares, activistas, policías y maestros.
La ropa de los estudiantes quedó olvidada en dos fiscalías distintas, desaparecieron los videos de cámaras de seguridad que podrían haber dado por lo menos pistas de la desaparición, y apenas revisaron recientemente los de la terminal de autobuses en donde comenzaron los desencuentros con la policía.
