Sigue polémica por interrogatorios
El documento del Comité de Servicios Armados del Legislativo que
fue divulgado hoy revela nuevos detalles sobre el proceso que llevó
a la autorización de métodos coercitivos en interrogatorios a
supuestos miembros de Al Qaeda.El texto, de 263 páginas, se conoce en medio de una gran polémica
desatada por la desclasificación de unos informes en los que altos
cargos de la pasada Administración Bush autorizaban y justificaban
esas prácticas.El abuso de detenidos bajo custodia estadounidense "no puede ser
atribuido a acciones de unas pocas manzanas podridas a iniciativa
propia", indica el informe del Senado de Estados Unidos.El hecho es, señala el Congreso, "que altos cargos del Gobierno
de EU solicitaron información sobre cómo usar técnicas
agresivas, redefinieron la ley para crear la apariencia de legalidad
y autorizaron su aplicación a detenidos".El documento recuerda que el 7 de febrero de 2002, el entonces
presidente George W. Bush firmó un memorando anulando el Artículo 3
de la Convención de Ginebra, que se refiere al tratamiento de
prisioneros de guerra, para detenidos de Al Qaeda y los talibán.El gobierno calificó a estos detenidos como "combatientes
enemigos" e indicó que no les correspondían las protecciones de la
Convención de Ginebra, dado que no eran miembros de organizaciones
militares formales.En diciembre de 2001, más de un mes antes de que el presidente
firmara el memorando, una oficina legal del Departamento de Defensa
ya había solicitado información sobre la "explotación" de detenidos
a la JPRA, una agencia experimentada en entrenar a personal
estadounidense para resistirse a técnicas de interrogación
consideradas ilegales bajo la Convención de Ginebra.En concreto, JPRA es la agencia del Pentágono que supervisa el
entrenamiento de "Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape"
(SERE) para personal militar en el exterior.
Durante estos entrenamientos, personal militar estadounidense es
expuesto a presiones físicas y psicológicas que simulan condiciones
en las que se podrían encontrar si fueran capturados por enemigos y
que no se ajustan a la Convención de Ginebra.Esa agencia comenzó su trabajo en 2002 y se extendió durante los
próximos dos años. Durante este periodo, el gobierno se apoyó en el
conocimiento de la JPRA y en su ayuda directa para los
interrogatorios.El 1 de agosto, sólo semanas después de que la JPRA entregara a
Defensa una lista de las técnicas del SERE y un memorando de los
efectos psicológicos del entrenamiento de este programa, la Oficina
de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia emitió dos
opiniones jurídicas, después de consultas con el entonces asesor de
la Casa Blanca, Alberto Gonzales, y un asesor del vicepresidente.Ambos informes fueron firmados por el fiscal general adjunto de
la Oficina Legal, Jay Bybee, en la que redefinió y justificó la
tortura, y se refirió a la legalidad de tácticas específicas.El informe del Congreso también revela que mientras el gobierno
preparaba el entramado legal para autorizar las torturas, también se
entrenó a personal en la prisión de Guantánamo sobre estas técnicas.Todas estas gestiones no pasaron sin la oposición de algunos
expertos militares legales, que cuestionaron y expresaron su
preocupación acerca de esas técnicas.El documento del Senado indica, además, que el propio secretario
de Defensa de ese entonces, Donald Rumsfeld, aprobó el empleo de
técnicas agresivas contra detenidos en Guantánamo tras buscar
consejo legal.Después, personal en la prisión naval de Cuba comenzaron a
elaborar procedimientos operativos para aplicar las técnicas del
SERE en los interrogatorios.La autorización de Rumsfeld también llegó al conocimiento de
agentes en Afganistán y una copia del memo fue enviado de Guantánamo
a ese país. El titular de Defensa anuló en enero de 2003 su decisión
sobre Guantánamo, pero el documento siguió influyendo en los
interrogatorios, indica el Congreso.Por último, desde Afganistán las prácticas llegaron a Irak y con
ello a la Abu Ghraib.
