Un tribunal de apelaciones podría estar dividido en el caso de los migrantes venezolanos deportados a una prisión en El Salvador

Un panel de jueces de la corte de apelaciones pareció estar dividido el viernes sobre si revocar o mantener una orden para que la administración Trump facilite el regreso de decenas de migrantes venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos a una notoria prisión en El Salvador el año pasado.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de los Estados Unidos no indicó cuándo emitirían su fallo después de escuchar los argumentos de los abogados del gobierno y de los migrantes que fueron trasladados en avión a El Salvador sin previo aviso ni oportunidad de impugnar su expulsión de los Estados Unidos.

El Departamento de Justicia apeló después de que el juez presidente del Tribunal de Distrito, James Boasberg, ordenara en febrero a la administración Trump que hiciera los arreglos necesarios para que algunos de los migrantes venezolanos deportados regresaran a Estados Unidos a expensas del gobierno. Boasberg afirmó que la administración, en esencia, le había dicho que se olvidara del asunto.

Dos miembros del panel, los jueces A. Raymond Randolph y Neomi Rao, se mostraron escépticos ante la idea de que los migrantes tengan derecho a regresar a Estados Unidos para impugnar sus deportaciones de marzo de 2025.

Una cuestión clave para el panel es si los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción sobre las reclamaciones de los migrantes, dado que el gobierno de Estados Unidos mantuvo la “custodia constructiva” de ellos incluso después de su llegada a El Salvador. Rao cuestionó si los migrantes pueden cumplir con esa obligación legal mediante sus peticiones de “habeas corpus”.

“Es necesario demostrar que Estados Unidos tenía ese tipo de control —el control que les permitía presentar a un detenido a petición— y no veo esa evidencia entre los peticionarios”, dijo Rao, quien fue nominado por el presidente republicano Donald Trump.

El juez de circuito Harry Edwards, nominado por el presidente demócrata Jimmy Carter, dijo que Boasberg citó abundante evidencia de que la administración Trump "mantuvo el control compartido" sobre los migrantes deportados y "participó plenamente y se mantuvo en una posición de control en todo momento".

Edwards también afirmó que la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que los demandantes tienen derecho a presentar sus reclamaciones por violación del debido proceso.

“El juez Boasberg simplemente intentaba facilitar el ejercicio de sus derechos. Eso es todo”, dijo Edwards.

El abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, argumentó que Boasberg no tenía jurisdicción para emitir la orden objeto de la apelación. La decisión arbitraria de Boasberg "abriría la puerta a demandas que alegan que Estados Unidos tiene la custodia de facto de prisiones en todo el mundo", afirmó Davis.

“Este tribunal no debe cuestionar asuntos delicados de política exterior ni socavar la capacidad de Estados Unidos para hablar con una sola voz en el ámbito internacional. Eso es precisamente lo que está haciendo el tribunal de distrito en este caso”, añadió Davis.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a los migrantes deportados, dijo que la administración Trump ha admitido que violó los derechos constitucionales de los demandantes, pero no está tratando de rectificar el problema.

«Admiten que los sacamos apresuradamente y que no les dimos el debido proceso», dijo Gelernt. «Esto no puede ser el final del juego. Sería una regla totalmente insostenible para este tribunal».

Randolph señaló que los demandantes ya fueron liberados de la custodia en El Salvador y trasladados a Venezuela. Sugirió que ya recibieron la reparación legal a la que tienen derecho.

“Estamos hablando de hábeas corpus. Y con el hábeas corpus, el remedio es la liberación del confinamiento. Ya están liberados”, dijo Randolph, quien fue nominado por el presidente republicano George H. W. Bush.

“La solución no es liberarlos en el país del que huyeron, sino que regresen”, dijo Gelernt.

Randolph también cuestionó si el caso subyacente de los demandantes carece de objeto, dado que los migrantes ya no están bajo custodia.

Los abogados de la ACLU se han puesto en contacto con aproximadamente dos tercios de los 137 migrantes desde su liberación de la megaprisión de El Salvador conocida como Centro de Confinamiento por Terrorismo, o CECOT.

Boasberg, nominado por el presidente demócrata Barack Obama, se ha enfrentado repetidamente con la administración desde que Trump invocó la Ley de Extranjeros Enemigos del siglo XVIII para deportar aviones llenos de migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas.

Boasberg dio una orden verbal para que la aeronave diera la vuelta. La administración negó haberla desobedecido. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, lo que derivó en una apelación aparte cuyos argumentos serán escuchados por el pleno del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia el próximo martes.