Los menores se han convertido en la cara más desoladora de la política antiinmigración de la administración Trump. Recientemente, trascendió un polémico caso que puso el asunto en el foco de debate de la opinión pública.
Organizaciones sociales impulsan una estrategia de ayuda a los menores migrantes no acompañados con asistencia legal
Desde que finalizaron los contratos federales que financiaban los servicios legales esenciales para los menores inmigrantes no acompañados, se calcula que más de 20,000 niños han quedado desamparados ante el complejo sistema judicial de inmigración. Varias asociaciones se están organizando para darles cobertura legal.
Un bebé, de tan solo un año, tuvo que representarse a sí mismo ante una corte de inmigración en Arizona sin representación legal. El menor recibió la orden de presentar una compleja solicitud de asilo antes de su próxima audiencia y, si no lo hacía se enfrentaría a una orden de deportación. Tenía un año y no disponía de servicio de abogado.
Es una de las más de 20,000 víctimas del fin de los contratos que financiaban el asesoramiento legal a menores inmigrantes no acompañados.
Un estudio reciente del Acacia Center for Justice (ACJ) denunciaba que los menores inmigrantes no acompañados permanecen bajo custodia federal en este mandato de Trump durante mucho más tiempo que en cualquier otro momento de la historia reciente.
Han pasado de estar 38 días de media en custodia deferal en 2015, a permanecer 117 días en el último año fiscal, y se prevé que la cifra aumente. Las proyecciones apuntan a que podría subir a 187 días de promedio (algo más de medio año).
El Centro Nacional para la Justicia Juvenil reveló en otro informe lo que ya se sospechaba, que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) estaría trabajando al servicio de ICE. Desde su creación, la ORR tenía como objetivo ayudar a las personas desplazadas a integrarse con éxito tras recibir protección humanitaria en EEUU.
Una de sus competencias clave era la de velar por el bienestar y la custodia de los menores no acompañados. De esta manera, se encargaban del cuidado, albergue y protección de los niños migrantes que ingresan solos al país, hasta que pudieran ser entregados de manera segura a un familiar o patrocinador, en el caso de los menores que ingresasen al país solos .
Lo que resaltaban en el informe es que la ORR está colaborando cada vez más estrechamiente con las agencias de migración y eso está teniendo consecuencias para los menores migrantes no acompañados.
Aseguraban que, por ejemplo, la ORR ahora permite que CBP e ICE entrevisten a menores no acompañados en albergues sin la presencia de un abogado.
Y denunciaron que la ORR está utilizando el proceso de patrocinio como una especie de trampa. Explicaron que a través de los menores, usados como 'señuelo', ampliaron la verificación de antecedentes a todos los miembros de los hogares, y de esta manera dieron con adultos para arrestarlos, detenerlos y deportarlos.
E incorporaron en su informe la preocupación por el hecho de que la ORR eliminara de su web la información sobre los paquetes de patrocinio en mayo de 2025.
Las consecuencias son claras, los menores pasan más tiempo en custodia y, además, cada vez menos logran un patrocinador con el que puedan quedarse una vez sean liberados.
Históricamente, alrededor del 95 % de los menores liberados iban a parar a un patrocinador debidamente verificado. Pero entre abril y agosto de 2025, solo el 45 % lo hizo.
Más de la mitad abandonaron la custodia al cumplir los 18 años, por deportación o por otras vías que no implicaban un patrocinador.
No hay que olvidar que son menores que precisan de los cuidados de un adulto de referencia y que varias asociaciones en defensa de los derechos de los menores migrantes han advertido que cuando los niños permanecen bajo custodia prolongada, sufren secuelas psicológicas: se vuelven más ansiosos, más desesperanzados... y el daño puede continuar durante años.
Proponen estrategia legal para ayudar a menores migrantes no acompañados
Acacia Center for Justice se ha asociado con el Centro Nacional de Derecho Juvenil, la Clínica de Derecho de Inmigración y Derechos Humanos de la Universidad Loyola de Chicago, The Door y proveedores de servicios legales de todo el país en el llamado Proyecto de Debido Proceso para Niños (CDPP, por sus siglas en inglés).
Uno de sus grandes hallazgos es que, tras revisar los casos de menores, concluyeron que el recurso del habeas corpus ha demostrado eficacia para garantizar su puesta en libertad (y recortar así los tiempos que pasan en custodia federal mientras la ORR procesaba las solicitudes de patrocinio).
Recientemente, N+Univision publicó una investigación que mostraba que los habeas corpus se están disparando en todo el país.
El habeas corpus es una figura legal clave, ya que es un un recurso que permite pedirle a un juez que revise el caso para saber si una persona está detenida legalmente o si las autoridades están vulnerando sus derechos al mantenerla bajo custodia.
En toda la serie histórica se observó que rara vez se había utilizado, o mejor dicho había sido necesario utilizarlo, para casos que involucran a menores. Pero la estrategia de CDPP pretende ahora ampliar la capacidad de presentar peticiones de hábeas corpus en nombre de menores no acompañados, mediante la captación y capacitación de abogados que trabajan gratuitamente para presentar dichas peticiones.
Los defensores presentan casos de menores que sufren detención prolongada e innecesaria, y el CDPP los pone en contacto con abogados que trabajan gratuitamente y que pueden presentar las peticiones ante un tribunal federal.
Desde su lanzamiento oficial en junio, el CDPP ha reclutado a más de 50 organizaciones e individuos para que se hagan cargo de los casos y ha asignado decenas de expedientes a abogados que trabajan gratuitamente.