La administración Trump dejó claro que usará todos los recursos a su alcance para lograr romper récords de arrestos de inmigrantes y de deportaciones.
El golpe al plan de arrestos masivos de ICE con el que Trump no contaba
ICE enfrenta un importante obstáculo en su plan para seguir haciendo arrestos masivos. El DHS compró 11 almacenes que servirían como centros de detención para ampliar su capacidad y la mayoría no cumplen con los requisitos. Esto debes saber.
Video Fiscalia de Nueva Jersey investiga a ICE por usar un almacen prohibido para retener migrantes
Uno de sus planes estrella fue invertir en ampliar la capacidad de los centros de detención. Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinó más de mil millones de dólares a adquirir almacenes que pretendían convertir en cárceles de ICE.
Según datos facilitados por Project Salt Box, Donald Trump planeaba albergar en un total de 11 almacenes a 100,000 arrestados, pero siete de esos inmuebles fueron descartados del plan original.
La alarma saltó cuando ICE decidió frenar sus planes para construir la nueva instalación que funcionaría como centro de detención en Salt Lake City, Utah, después de que un grupo de políticos planteara dudas sobre la propuesta. Pero este almacén no es el único.
ICE compró 11 propiedades o paquetes de almacenes por aproximadamente 1,074 millones de dólares para construir lo que definió en su momento como 'la nueva arquitectura de detención'.
Pero hoy, por lo menos siete ya están fuera del plan de detención, es decir, que no serán usados para este fin y tuvieron un valor de adquisición cercano a los 707 millones de dólares.
¿Por qué ICE está descartando convertir los almacenes en centros de detención?
La administración Trump se ha topado con numerosos problemas que conlleva convertir esas naves en centros de detención.
Ha habido demandas en contra, órdenes judiciales, problemas porque incumplirían la normativa ambiental y de infraestructura, y con la norma de agua y alcantarillado, entre otras.
Algunos proyectos ya tenían incluso otros millones de dólares adicionales comprometidos en remodelaciones y operación.
Estos obstáculos hacen pensar que el costo final para adecuarlos podría ser mucho mayor que los 1,074 millones de dólares presupuestados.
Por ejemplo, Maryland llegó a tener un contrato de remodelación de 113 millones de dólares (que previó podía ascender hasta los 642 millones), mientras que Arizona tuvo un contrato de unos 313 millones de dólares (con perspectiva de aumentarlo hasta 704 millones).
Congresistas demócratas y asociaciones en defensa de los derechos de la población migrante critican la improvisación en la planeación y que los costos finales podrían multiplicarse por 6.
Lo que parecía ser la solución a la falta de espacio, parece ser hoy un problema añadido. De los 11 almacenes adquiridos, siete ya habrían sido descartados, redefinidos o encaminados fuera del plan original.
Otros tres permanecen sujetos a litigios, revisiones o incertidumbre y apenas uno mantiene el camino abierto para convertirse en una instalación de detención.
Almacén adquirido en Roxbury Township, Nueva Jersey
Tras toparse con numerosas adversidades a la hora de remodelar ese gran megaespacio para convertirlo en un centro de detención, el DHS llegó a comunicar que abandonaría el proyecto y que el almacén sería vendido.
Pero, posteriormente, el Gobierno reconsideró esa decisión, dejando nuevamente abierta la posibilidad de utilizar el inmueble para detención.
¿Dos proyectos de remodelación de almacenes frenados por la vía judicial?
La transformación de los almacenes de Williamsport/Hagerstown, Maryland, y Surprise, Arizona, permanece obstaculizada por procesos legales.
En ambos casos, las autoridades estatales y locales cuestionaron aspectos relacionados con la transformación de los inmuebles y el cumplimiento de las normas ambientales.
El resultado es que los edificios fueron adquiridos, pero la transformación prevista no ha podido avanzar como inicialmente había sido planteada.
San Antonio: el proyecto que todavía sigue en pie
Este caso todavía conserva el camino abierto para convertirse en un centro de detención. El proyecto contempla entre aproximadamente 1,000 y 1,500 personas al día, aunque ha sufrido retrasos y, por ello, todavía no se encuentra operativo para albergar a personas en custodia de ICE.
La agencia federal otorgó un contrato por 17.3 millones de dólares a GardaWorld Federal Services LLC para convertir un enorme almacén en un centro de procesamiento migratorio, de acuerdo con San Antonio Express News.
El caso de Salt Lake City: el punto de inflexión
El DHS pagó 145.4 millones de dólares por un almacén de unos 833,000 pies cuadrados. El plan era convertirlo en un gigantesco centro de detención. La ciudad y el condado demandaron al Gobierno.
Meses después, el DHS informó al tribunal que ya no utilizará el inmueble como centro de detención y que será enviado al proceso federal para su disposición. Pero el edificio fue comprado, el proyecto fue anunciado y ahora el Gobierno debe decidir qué hacer con el inmueble.
Pero este no es el único caso. En Social Circle, Georgia, se presentó algo inusual: ICE llegó a proyectar un centro con capacidad para hasta 10,000 detenidos en una comunidad que apenas llega a unos 5,500 habitantes.
En Pennsylvania, dos grandes almacenes adquiridos para convertirse en centros de detención terminaron enfrentando obstáculos relacionados con agua, alcantarillado y requisitos ambientales. En Michigan, por su parte, el proyecto Romulus terminó inclinándose hacia la venta.
Lo mismo pasó en Texas, donde uno de los grandes complejos adquiridos también está en proceso de reventa.
Aunque no está claro que se pueda recuperar el dinero invertido.
El gobierno habría pagado precios por encima del valor de mercado
Según la investigación de Project Salt Box, tras analizar escrituras, registros tributarios, información inmobiliaria y propiedades comparables, concluyeron que el Gobierno pagó por encima del valor de mercado en la mayor parte de los 11 almacenes adquiridos.
El caso de Socorro, Texas, es uno de los más llamativos. DHS pagó aproximadamente 123 millones de dólares por un paquete de tres almacenes, con una superficie conjunta cercana a 826,780 pies cuadrados. Pero la valoración anterior de las propiedades rondaba los $11 millones.
En Flowery Branch/Oakwood, Georgia, se evidencia un mayor contraste: el Gobierno pagó aproximadamente $68 millones por una propiedad cuya valoración previa era de alrededor de 400,000 dólares, de acuerdo con el análisis de Project Salt Box.
Y en Salt Lake City, Utah, el DHS desembolsó 145.4 millones de dólares por un almacén de aproximadamente 833,000 pies cuadrados, un 49% más de su valor de mercado.
Las compras formaron parte de una estrategia impulsada durante la gestión de Kristi Noem al frente de DHS, cuando el Gobierno buscaba aumentar considerablemente la capacidad de detención migratoria. La administración llegó a plantear una infraestructura capaz de sostener hasta 100,000 personas detenidas simultáneamente, respaldada en gran parte por los 45,000 millones de dólares que el Congreso asignó a la agencia en 2025 para ampliar la capacidad de detención y deportación.
Pero el propio organismo independiente de vigilancia del DHS abrió una auditoría sobre si ICE hizo estas adquisiciones de manera costo-efectiva. La Oficina del Inspector General del DHS (OIG) está evaluando si obtuvieron un valor razonable por el dinero público utilizado para comprar y preparar estos inmuebles.
“Cuando una inversión de esta magnitud no se traduce en la capacidad de detención prevista, se impone examinar las consecuencias y el impacto contra los recursos públicos, y los daños a las personas inmigrantes en procesos de detención y a sus familias. Dijo el abogado Héctor Quiroga de inmigración. Quiroga Law Office,
El análisis de CoStar encontró que ICE había pagado, en promedio, una prima de aproximadamente 12 % a 13 % respecto de operaciones comparables en valor de mercado.