¿Quién es la concejala republicana de Florida que intenta llevar a debate los acuerdos de colaboración con ICE?

Activistas se reunieron frente al Concejo de Doral para exigir a la alcaldesa Christi Fraga y al Concejo Municipal que pongan fin a la colaboración policial con ICE. Critican que, una vez más, han vuelto a impedir que la concejala electa Maureen Porras lleve el acuerdo a debate público.

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Doral lleva meses ilustrando a la perfección la política migratoria del presidente Donald Trump.

Según datos de la oficina del censo, el 85% de sus 81,600 habitantes son latinos. Llevaba tiempo acaparando titulares porque en sus calles no cesaban los operativos de ICE.

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Las redadas migratorias afectaron a familias y a negocios; muchos de ellos echaron el cierre porque gran parte de su población decidió mantenerse en casa, por temor a ser arrestada.

La noche del 3 de noviembre, los votantes de Doral casi provocan un empate técnico al elegir a su vicealcaldesa. Solo doce votos inclinaron la balanza (tras un reconteo) a la concejala republicana Maureen Porras.

Llamó la atención que una de las primeras iniciativas que quiso llevar a debate al pleno municipal fue debatir sobre los controvertidos acuerdos 187(g), acuerdos que obligan a los policías locales a colaborar con ICE.

El primer intento de debatirlo se produjo la semana pasada, sin éxito, porque quedó bloqueado.

Esta mañana volvió a llevarse al pleno y, una vez más, el tema quedó aparcado.

El activista local Thomas Kennedy denunció en una publicación en redes sociales que están "dilatando los tiempos y evitando hablar de la cuestión hasta conocer la opinión, no vinculante, del fiscal general de Florida, un republicano alineado con el movimiento MAGA y artífice de Alligator Alcatraz".


Al pleno, que daba comienzo a las 10:00 a.m. hora local, acudió un grupo de representantes de asociaciones en defensa de la población inmigrante.

Advertían de que solo siete días antes se había bloqueado la iniciativa con una "maniobra procesal ilegal".

"Esta maniobra procesal ilegal busca impedir la rendición de cuentas ante la ciudadanía y silenciar el debate sobre una política que tiene consecuencias significativas para miles de residentes de Doral. La carta orgánica municipal establece un plazo de siete días (para presentar el tema a debate), que la concejala Porras cumplió", criticó Yareliz Mendez, coordinadora política de American Friends Service Committee.

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"En lugar de permitir que una representante electa lleve este asunto ante el público, los funcionarios municipales están utilizando justificaciones burocráticas cuestionables para mantener el acuerdo fuera de la agenda", insistió. "Los residentes merecen un debate abierto y transparente sobre si este acuerdo responde a los intereses de Doral, y no maniobras para proteger esta política del escrutinio público".

Los controvertidos acuerdos 287 (g) de colaboración con ICE

El Concejo de Doral autorizó por unanimidad el memorando de entendimiento del programa 287(g) en abril de 2025 y formalizó el modelo de patrulla conjunta en enero de 2026.

Está por ver si, tras los resultados del 3 de noviembre, el Partido Republicano tiene el mismo poder en el concejo municipal, ya que la concejala electa (republicana) es quien está impulsando un debate de los mismos.

“Los residentes de Doral han estado viviendo con miedo desde que los acuerdos 287g fueron firmados por la ciudad. Vamos a ser bien claros, no hay ninguna ley que exija que las ciudades firmen estos acuerdos que han causado tanto temor y confusión", denunció Yareliz Méndez.

"Es tiempo de que la ciudad actúe en los mejores intereses de los residentes y salga de estos acuerdos. Durante los últimos meses, hemos visto cómo la colaboración entre ICE y la policía local ha sido una manera de aterrorizar a nuestras comunidades. Los videos de los sheriffs de Polk County raptando a una familia buscando ayuda médica en un hospital, las muertes de ciudadanos por las manos de ICE, la situación en el centro de Miramar trae una claridad moral que no puede ser ignorada: tenemos que proteger a nuestras comunidades de ICE y los comisionados tienen un deber moral y político de salir de los acuerdos”, reclamó Méndez, coordinadora política de Friends Service Committee.

Según información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los acuerdos de colaboración 287(g) han aumentado un 1,955 % desde el comienzo del segundo mandato del presidente Trump, pasando de 135 a 2,774 acuerdos.
Partido Republicano

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