Bloquean demanda contra empleadores
Es la tercera vez en menos de un mes que un magistrado federal rechaza
el proyecto pretende sancionar a patronos que contraten a trabajadores
indocumentados.El juez federal Charles Breyer dijo que la Administración de Seguridad
Social y el Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en
inglés) no pueden seguir adelante con un plan para enviar cartas de
ambas agencias advirtiéndole a las empresas que enfrentan multas, o
sanciones si mantienen en sus nóminas a trabajadores cuyos números de
Seguro Social no coincidan con sus nombres.En su fallo, Breyer explicó que las nuevas normas podrían causarle muchas dificultades a las empresas y a sus empleados."Los demandantes han demostrado que se verán afectados de una manera
irreparable si le permite al DHS implementar la nueva norma", escribió
Breyer al bloquear la medida.Las cartas de las agencias federales debían comenzar a ser enviadas en
septiembre, pero grupos sindicales y defensores de los indocumentados
entablaron una demanda señalando que el plan causaría fuertes problemas
a los empleadores, y podría hacer que muchos inmigrantes autorizados a
trabajar en Estados Unidos, así como ciudadanos norteamericanos,
perdieran sus empleos debido a inocentes problemas de papeleo
burocrático.El gobierno alega que buena parte de los problemas en los registros de
la Seguridad Social son el resultado de que indocumentados usan
documentos falsos para obtener sus trabajos.En agosto pasado, el secretario del Departamento de Seguridad Interior,
Michael Chertoff, anunció que su agencia comenzaría a informar a los
empleadores que si los empleados no aclaraban sus problemas con los
números de Seguro Social en el lapso de 90 días, tendrían que ser
despedidos. De lo contrario, se sancionaría a los empleadores.Según los abogados del gobierno, la regla simplemente clarifica las
obligaciones de los empleadores bajo la ley de inmigración y les provee
lineamientos claros sobre cómo manejar los documentos que no coinciden.Hasta ahora, el Administración del Seguro Social por lo general
notifica a los empleadores sobre las discrepancias, pero los
empleadores no están obligados a tomar medidas.La medida debió entrar en efecto a partir de septiembre, con el envío
de unos 140 mil correos cada uno con los nombres de 10 empleados cuyos
nombres no coincidían con los números del Seguro Social.
Entre tanto en líderes y activistas de Los Ángeles manifestaron el
miércoles su satisfacción por la decisión del juez federal de suspender
el envío de cartas a los empleadores para corregir inconsistencias en
la información del Seguro Social de sus empleados."Es una decisión sabia, aunque no es permanente", explicó Jorge-Mario
Cabrera, gerente de Comunicaciones de la Alianza Nacional de
Comunidades Latino Americanas y Caribeñas, (NALACC, en inglés).Cabrera señaló que aunque el juez tendrá que analizar los argumentos a
favor y en contra, "este descanso nos permite seguir educando a la
comunidad en general sobre lo dañino que sería crear este 'zoológico
económico' que no va resolver de ninguna manera la problemática de la
inmigración indocumentada"."El juez decidió detener la aplicación de estas nuevas regulaciones y
las va a suspender hasta que se oiga todo el caso, para decidir si lo
que busca el gobierno es legal", dijo Paulina Gonzales, portavoz del
Sindicato United Here de Los Angeles."Es una victoria para los trabajadores inmigrantes del país y también
para los documentados porque sabemos que el Seguro Social comete muchos
errores y ellos también pueden ser impactados por estas regulaciones",
aseguró Gonzales.Entre los argumentos de la demanda, se alega que esta nueva ley está
ayudando a que algunos empleadores abusen de las personas que no tienen
documentos legales para trabajar.Las otras entidades demandantes son el Centro Nacional de Leyes de
Inmigración (NILC, en inglés) y la Asociación Americana de Libertades
Civiles (ACLU, en inglés).Según informes citados por NILC, en diciembre de 2006 la oficina del
Administrador General del Seguro Social elaboró un reporte sobre 435
millones de personas, en el que encontró 17.8 millones de
inconsistencias."Lo que sigue es ir a la corte para demostrar que estas regulaciones son discriminatorias", dijo la portavoz de United Here."Tenemos que seguir presionando al Congreso y a la Casa Blanca para que
se busquen alternativas", expresó Cabrera al referirse a los próximos
pasos.Otro de los argumentos de la demanda, es que con esta reglamentación el
DHS busca modificar las leyes de inmigración por la vía administrativa
y no por el camino legislativo."Sabemos que ellos quieren implementar 22 puntos para demostrar que
están aplicando las leyes de inmigración, pero las leyes de inmigración
están quebrantadas en Estados Unidos, son obsoletas, son inhumanas",
aseguró Cabrera.
