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El inminente choque de California y Jeff Sessions por la inmigración y la marihuana

A pesar de que otros estados están promoviendo leyes similares en estos temas, el fiscal general está avanzando de manera frontal en su batalla con California.
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El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, parece tener al oso de California en la mira.

En mayo, el periódico Sacramento Bee escribió acerca de la inevitabilidad de un enfrentamiento entre California y Sessions. Donny Youngblood, jefe de la policía del condado de Kern, alertó al Bee de que funcionarios federales y el liberal estado estaban a punto de “colisionar”. En parte, la situación se explica a partir de lo que California representa para sus detractores: regulaciones ambientales, control de armas y, desde luego, hippies. Y Sessions no esconde sus simpatías por las posturas más extremas de derecha, no solo respecto a este estado, sino respecto a lo que piensa su propio partido. “Sessions está fuera de la tendencia en términos de sus ideas sobre política antidrogas, incluso respecto el partido Republicano”, aseguró a The Guardian, el pasado año, Michael Collins, subdirector de asuntos nacionales de la Alianza para la Política Antidrogas en Washington.

Pero el estado de California y las ciudades que abarca están luchando no solo contra Sessions, sino contra toda la administración actual, y lo hacen por problemas de todo tipo, especialmente teniendo en cuenta la mayor batalla: la de la inmigración.

El martes 16 de enero, el San Francisco Chronicle reportó que agentes federales de inmigración han comenzado a prepararse para el más abarcador operativo antiinmigrantes desde que Trump asumió el poder: peinar San Francisco y otras ciudades de California buscando arrestar a más de 1,500 indocumentados.

La medida surge en respuesta al proyecto de ley SB-54, el que fue firmado en octubre por el gobernador de California, Jerry Brown. Este prohíbe a las agencias locales y estatales “retener” a indocumentados para entregarlos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y evita que estas mismas agencias realicen preguntas sobre el estatus migratorio de las personas. Además, la normativa impide la creación de nuevos contratos –o la expansión de los ya existentes– para usar la infraestructura de las fuerzas policiales californianas como centros de detención migratoria.


Aunque Brown dejó claro que el “SB-54 no previene que ICE, de ninguna manera, haga su trabajo”, la administración Trump todavía piensa que el “conflictivo” estado está dando muestras de desacato frente al gobierno federal.

El propi o Sessions consideró “inadmisible” el SB-54. De hecho la decisión no le sentó nada bien a Thomas Homan, director interino de ICE. Homan reconoció a Fox News que “si Brown piensa que ICE va a dar la espalda a esta situación, está equivocado, porque no lo va a hacer. Los santuarios no existen si de aplicar la ley federal se trata… Yo voy a hacer incrementar significativamente nuestra presencia en California, ya lo estamos haciendo”. Y continuó diciendo que “California mejor se prepara para lo que viene”.

Hoy día, Homan y Sessions están cumpliendo sus palabras. El haceunas semanas, el Concejo Municipal de Oakland votó para terminar toda cooperación con los agentes federales de inmigración. Y en un comunicado al San Francisco Examiner, la alcaldesa interina de San Francisco, London Breed, también se mostró firme. “No daremos la espalda a la gente aunque nos amenacen desde la administración Trump”, expresó. “Seguiremos luchando en la corte para asegurarnos de que los inmigrantes trabajadores de esta ciudad y este estado sean protegidos”.

La pugna se dará en diversos frentes. En 2017, la Oficina del Fiscal General de California, Xavier Becerra, presentó 24 demandas contra el gobierno federal, abarcando un espectro de temas que iba desde la educación hasta el control de la natalidad. Pero hay dos tópicos clave que han puesto al estado y a Sessions en, por así decirlo, una proximidad beligerante: las drogas y la inmigración.


¿Estados santuario?

La rumorada decisión de apuntar a California con esta redada migratoria no es solo estratégica: es simbólica. El ‘Golden State’ no es el único que se opone a la política migratoria de la actual administración. Muchas ciudades se han plantado seriamente ante la que consideran una política injusta. En agosto, por poner un ejemplo, el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, firmó la Illinois Trust Act. También conocida como SB-31, la ley evita que los agentes locales arresten o detengan personas únicamente en función de su estatus migratorio, y de entregar inmigrantes indocumentados a entidades federales sin una orden judicial.

Si esta norma no es gemela de la de California, es al menos una pariente cercana. Pero el proyecto de ley de Illinois recibió mucha menos atención mediática y menos represalias. Digámoslo sin ambages: las autoridades federales no frecuentan la televisión para “pedir sangre” en Illinois.

Aunque es cierto es que Illinois fue cuidadoso al explicitar que la Trust Act no era una política de ‘estado santuario’. “Esas palabras pueden ser incendiarias y sugerir que una organización o las fuerzas del orden podrían desobedecer la ley federal, y eso no es cierto”, comunicó a CityLab, Ed Wojcicki, director ejecutivo de la Asociación de Jefes de la Policía de Illinois, antes de que se firmara el proyecto de ley. Wojcicki elogió la medida, la cual cree que alentaría “a todo residente en Illinois a sentirse en confianza cuando tenga que llamar a la policía y recibir el servicio que necesite”.

En California, por su parte, según NPR Brown y otros legisladores de California han mostrado dudas a la hora de emplear los términos ‘estado santuario’, conscientes de todas las acepciones políticas que arrastra. Pero la reticencia no parece haber hecho la menor diferencia en Washington.


Desacuerdo sobre las drogas

Jeff Sessions abomina de la marihuana. “La gente de bien no fuma hierba”, dijo durante una audiencia del Senado en 2016 (y en otra infame ocasión, espetó del Ku Klux Klan: “Pensé que esos chicos eran de fiar hasta que supe que fumaban marihuana”; tiempo después afirmó que estaba bromeando). Lo cierto es que Sessions se opone vigorosamente a la legalización de la marihuana, por lo que quizás no sorprenda que esté usando su posición para, veladamente, lanzar su política antidrogas en estados como California, donde es legal el consumo del cannabis.

El uso recreativo de la marihuana pasó a ser legal en California el 1 de enero. Pese a la reciente anulación del Cole Memo, directiva de la era Obama que indicaba a los oficiales federales no entorpecer el uso de la marihuana en aquellos estados que lo habían legalizado, California no ha dado señales de retroceso en cuanto a legitimar su consumo. Refiriéndose a este asunto, Gavin Newsom, vicegobernador del estado, expresó al The New York Times: “No hay dudas de que California, al final, se impondrá”.


Por su parte Farimah Brown, fiscal de Berkeley, confesó a Citylab que siguen esta línea. “La Ciudad de Berkeley está comprometida a implementar las proposiciones adoptadas por la vía del voto y relacionadas con el cannabis. La revocación del Memorándum Cole no altera este compromiso”, dijo Brown. En el pasado, tanto Berkeley como su vecina Oakland se vieron implicadas en demandas federales por proteger dispensarios de marihuana.

Ahora bien, esto último no es el único problema en torno al cual Sessions y California no se ponen de acuerdo. En mayo pasado, el actual fiscal general emitió una circular que instaba a encontrar las sentencias más duras posibles para delincuentes no violentos consumidores de drogas.

Asimismo, la senadora Kamala Harris, que fue fiscal de California, fiscal de distrito y procuradora general del estado, condenó la medida. Harris sostuvo que Sessions defiende “puntos de vista desactualizados y desfasados” que nos “llevarían a la época del Oscurantismo”.

La relación entre Sessions y Harris siempre ha sido de especial tensión: ella criticó la nominación de Sessions para el puesto de fiscal general y causó un escándalo cuando resultó interrumpida en medio de una interrogación a Sessions durante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado (Sessions, por su parte, expresó que las preguntas en ráfaga de Harris lo ponían “nervioso”).

El muro fronterizo y la inmigración

Oakland y Berkeley han aprobado medidas que paralizarían, dado el caso, los contratos realizados con cualquier empresa que participe en la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Mientras tanto, Becerra y la Comisión Costera de California emitieron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU a fin de evitar el levantamiento del muro en los condados californianos adyacentes a México.

A su vez, California fue el primer estado (junto a Chicago y San Francisco) en demandar a la administración Trump respecto a sus amenazas de no financiar los estados y ciudades santuario, quejándose de extralimitaciones federales (una queja común entre los estados demócratas). Becerra indicó que estaban en juego 28 millones de dólares en subvenciones del gobierno. Y no fue otra que una corte federal en California la que estableció que la administración Trump no podía negar fondos a ciudades y condados que eligieran no hacer cumplir las normativas federales migratorias.

Recientemente, funcionarios de la Administración insinuaron que considerarían arrestar a los dirigentes de las ciudades santuario. Los funcionarios de California apenas se desalentaron por esto: la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, anunció que estaba lista para ir a la cárcel si de proteger el estatus de su ciudad se trataba.

Muchas de las decisiones políticas recientes de la administración Trump han colocado a esta en perfecto desacuerdo con el ‘Golden State’. La insurgencia no siempre se controla, aunque California combatió la famosa prohibición de viajes, la Corte Suprema hizo que la tercera iteración del veto entrara en vigor. Con todo, el estado no solo apuesta por lo que odia Sessions: también se niega a obedecer su poder.

Es bastante probable que se desate un fuego más hostil en los tribunales entre California y el gobierno federal. Cuando el Departamento de Justicia o la administración Trump en general presenten una política con la que el estado no esté de acuerdo, el descontento de este no se hará esperar, ni su intención de rebelarse. Esta rebelión, sin duda, generará una respuesta punitiva del gobierno federal. Si este conflicto termina siendo una apuesta por quién desistirá primero, no está claro aún qué bando ganará. California, ciertamente, no ha dado señal alguna de cobardía.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.