Stanley Richards sabe lo sombría que puede ser la vida e n Rikers Island, el famoso complejo carcelario de la ciudad de Nueva York. Cuando era joven, pasó dos años encerrado allí por robo.
Exconvicto asume el mando del polémico sistema penitenciario de Rikers Island en Nueva York
Stanley Richards asume el control de Rikers en medio de una crisis penitenciaria, con un sistema bajo presión judicial, problemas de violencia y planes de cierre aún inciertos
Ahora dirige el lugar como el nuevo comisionado del Departamento Correccional de la ciudad.
El alcalde Zohran Mamdani designó a Richards en enero para convertirse en la primera persona previamente encarcelada en supervisar las cárceles de la ciudad. Su oficina, dentro de una capilla reconvertida, está al otro lado de la carretera de su antiguo pabellón de celdas.
El envejecido dormitorio donde Richards fue recluso antes de enderezar su vida se vació de presos hace tres años, debido al deterioro de las condiciones físicas. Pero en una visita reciente, se detuvo en su antigua celda de 3 por 2 metros (10 por 7 pies) y reflexionó sobre lo poco que parecía haber cambiado, salvo, quizá, su perspectiva.
“No me provoca malos sentimientos, ¿sabes?”, afirmó Richards mientras observaba las paredes de concreto cubiertas de grafitis, el armazón metálico de la cama y la ventana sellada de la diminuta celda. “Ofendí a mi comunidad y cometí un delito, y pagué el precio por ello. La verdad de mi historia es una historia de redención”.
Richards, de 65 años, asume el cargo en un momento crítico para el atribulado sistema carcelario de la ciudad.
Un juez federal nombró en enero al primer “gerente de remediación” de Rikers, un nuevo puesto ordenado por el tribunal con amplia autoridad para ayudar a poner orden en la indisciplinada cárcel tras años de problemas de violencia y cuestionamientos sobre la atención médica de los reclusos. El año pasado, 15 personas murieron bajo custodia del Departamento Correccional, casi todas por problemas médicos, según el Vera Institute of Justice, un grupo defensor de la justicia penal.
También se acerca rápidamente el plazo para cerrar Rikers y trasladar a los reclusos a cuatro cárceles más pequeñas en distintos puntos de la ciudad. Una ley municipal aprobada en 2019 ordena para 2027 el cierre de todas las instalaciones carcelarias en la isla de 161,8 hectáreas (400 acres), ubicada justo al norte del Aeropuerto LaGuardia.
Dejar atrás una vida de delito
Richards, quien comenzó en febrero, cree que su experiencia como recluso, defensor y líder del departamento lo ha preparado de manera única para los desafíos que vienen.
Según lo cuenta, creció en un conflictivo complejo de viviendas públicas del Bronx, se unió a una pandilla a temprana edad y rápidamente se dedicó a vender drogas y cometer delitos. Entró y salió de cárceles durante más de una década. Su última y más larga estadía fue por robo a finales de la década de 1980.
Tras salir de una prisión del norte del estado en 1991, Richards aceptó un empleo como consejero en la Fortune Society, una organización sin fines de lucro que ayuda a los reclusos a reinsertarse en la sociedad. A lo largo de tres décadas de carrera, llegó a ser director general. También ocupó cargos de liderazgo en el Departamento Correccional de la ciudad durante el mandato del exalcalde demócrata Bill de Blasio.
Ben Heller, gerente de programas del Vera Institute, afirmó que el nombramiento de Richards envía un mensaje “enormemente poderoso”.
“El comisionado Richards entiende que tratar a las personas con dignidad no está reñido con mantener seguras a las comunidades. Ambas cosas deben ir de la mano”, sostuvo Heller. “Está claro, por su propia experiencia de vida y su pericia profesional, que entiende que no podemos encarcelar para alcanzar la seguridad”.
Comprometido con cerrar
Rikers
Richards se comprometió a trabajar estrechamente con el nuevo supervisor federal de Rikers, Nicholas Deml. Eso supone un cambio, señaló Heller, respecto de la administración del exalcalde Eric Adams, un excapitán de la policía de la ciudad que se opuso firmemente a una intervención federal en Rikers.
“Nuestras metas no son distintas”, coincidió Richards. “Todos queremos cárceles seguras. No queremos que ataquen a nuestros agentes. No queremos que ataquen a las personas bajo nuestro cuidado”.
La administración también ha dado pasos hacia el cierre de Rikers. Sin embargo, el proceso lleva años de retraso, y Mamdani ha reconocido que el plazo de 2027 es “prácticamente imposible de cumplir”.
A principios de este mes, el departamento abrió una unidad carcelaria dentro del Hospital Bellevue de la ciudad, en Manhattan, que albergará a más de 100 personas con afecciones médicas agudas y enfermedades mentales graves que actualmente están detenidas en Rikers.
Richards explicó que la medida permite que el departamento clausure en junio un edificio de Rikers que data de la década de 1930, al tiempo que garantiza que los reclusos reciban la atención adecuada.
Indicó que el departamento también trabaja con funcionarios judiciales y fiscales para asegurar que los casos se tramiten con eficiencia, de modo que las personas no permanezcan en Rikers a la espera de juicio, y que quienes sean elegibles para programas de derivación sean gestionados de forma segura en la comunidad y no en cárceles.
“Si hacemos esas cosas, veremos que la población disminuye”, manifestó Richards.
Como alcalde, Adams se opuso a cerrar Rikers, afirmando que prefería rehabilitarla, y desestimó los planes de cárceles más pequeñas por considerarlos “defectuosos”.
Rikers alberga a la gran mayoría de las aproximadamente 6.700 personas que actualmente están encarceladas en el sistema penitenciario de la ciudad, según datos del departamento. Esa cifra subió desde alrededor de 3.900 en 2020, pero sigue por debajo de las aproximadamente 20.000 personas bajo custodia a principios de la década de 1990.
Deml, el gerente federal de remediación, quien anteriormente dirigió el departamento de correcciones de Vermont, y un portavoz de Adams no respondieron a mensajes en los que se les solicitaban comentarios.
Abordar la violencia carcelaria
Richards planea enfrentar la violencia en las cárceles cubriendo unas 1.300 vacantes de personal, una carencia que ha provocado largas jornadas, condiciones inseguras y un aumento desmedido de los costos por horas extra. El departamento emplea a más de 7.400 personas, incluidos más de 5.700 agentes uniformados.
El presidente del sindicato de agentes penitenciarios, Benny Boscio, no respondió a mensajes de The Associated Press, pero ha dicho que espera que Richards “demuestre un compromiso de poner la seguridad y la protección por delante de cualquier ideología política”.
Richards señaló que también trabaja para poner en marcha nuevos programas dentro de las cárceles para ayudar a los reclusos a prepararse mejor para la vida fuera de prisión, y que está comprometido a cumplir una ley municipal que restringe el uso del confinamiento en solitario, una reforma que, según Adams, era desacertada e intentó bloquear.
“Este ha sido un sistema del que la sociedad ha dicho: ‘Ojos que no ven, corazón que no siente’. No le ha prestado atención, lo ha demonizado, lo ha culpado, lo ha marginado”, afirmó Richards. “Y para mí, esos días se acabaron. Para mí, vamos a caminar en la luz. Vamos a levantar este lugar. Vamos a levantar a la gente que trabaja aquí. Vamos a levantar a las personas que nos envían para que las cuidemos”.