SAN ANTONIO, Texas.- Un grupo de padres de familia presentaron una segunda demanda en contra de la SB 10, ley que obliga a exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.
SB-10: Demandan a 14 distritos escolares de Texas para frenar ley sobre 10 Mandamientos
Padres de familia, con apoyo de organizaciones civiles, interpusieron una demanda federal para bloquear la Ley SB 10, que ordena colocar los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.

La demanda, presentada con apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), asegura que la medida viola la Constitución de Estados Unidos, ya que mezcla religión con educación pública.

La demanda está dirigida a 14 distritos de Texas, entre ellos el Distrito Escolar Independiente de Comal. Los padres piden a un juez federal frenar la ley antes de que entre en vigor en las aulas de estos distritos escolares.
Los distritos escolares demandados son: Comal; Georgetown; Conroe; Flour Bluff; Fort Worth; Arlington; Mckinney; Frisco; Northwest; Azle; Rockwall; Lovejoy; Mansfield, y McAllen.
Primera demanda contra SB-10 en Texas
No es la primera vez que la Ley SB 10 enfrenta oposición. En julio, otras 16 familias de distintos contextos y creencias religiosas presentaron una demanda similar en San Antonio.
En ese entonces los demandantes pedían aplicar una medida cautelar preliminar, para que el tribunal impidiera implementar la ley mientras se resuelve el litigio.
Actualmente, algunos distritos no han colocado los mandamientos porque la ley indica que deben ponerse solo si son donados.
“No hemos recibido ninguna donación, así que hasta ahora no es un tema”, explicó un administrador escolar en entrevista para Univision.
¿Qué es la SB-10 y por qué es polémica?
La Ley SB 10 fue aprobada este año en Texas y exige que todas las escuelas públicas coloquen en sus aulas una copia de los Diez Mandamientos.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha defendido la ley al asegurar que busca inculcar un código moral en los jóvenes estudiantes, pero ciudadanos y padres de familia se han opuesto a la medida al considerar que impone creencias religiosas y limita la libertad de credo.
El futuro de esta medida quedará en manos de los tribunales, que decidirán si es válida o no.





















