ORLANDO, Florida.- Una corte de apelaciones de Florida ordenó eliminar por completo de los registros judiciales un informe de un gran jurado que acusaba de uso indebido de fondos a funcionarios y personas vinculadas con la administración del gobernador Ron DeSantis, al concluir que el panel se excedió en sus facultades y que el documento fue divulgado antes de que pudiera ser impugnado.
Corte ordena eliminar informe que señaló a aliados de DeSantis por uso indebido de $10 millones
Una corte determinó que el gran jurado se excedió al señalar un posible uso indebido sin presentar cargos.
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La decisión fue emitida el miércoles por la Primera Corte de Apelaciones de Distrito de Florida, que determinó que el gran jurado del condado Leon no podía señalar a personas por una conducta que calificó como ilegal sin presentar cargos en su contra. El panel había concluido que $10 millones fueron utilizados de manera indebida como parte de un supuesto esquema para financiar actividades políticas.
El informe, conocido como presentment, tenía 116 páginas y fue elaborado después de una investigación que comenzó en agosto de 2025 sobre el destino de $10 millones relacionados con un acuerdo entre Florida y la compañía de servicios de salud Centene.
El acuerdo, alcanzado en 2024, resolvió señalamientos de sobrepagos relacionados con el programa estatal de Medicaid. Centene entregó aproximadamente $67 millones: $57 millones fueron para el estado y otros $10 millones fueron enviados directamente a Hope Florida Foundation, una organización vinculada a una iniciativa impulsada por la primera dama Casey DeSantis.
Después, Hope Florida aprobó dos donaciones de $5 millones cada una a las organizaciones Secure Florida's Future y Save Our Society From Drugs. Esas organizaciones posteriormente entregaron el dinero a Keep Florida Clean, un comité político que se oponía a una propuesta para legalizar la marihuana recreativa en Florida.
En ese momento, James Uthmeier era jefe de gabinete de DeSantis y encabezaba el comité político. Uthmeier posteriormente fue designado fiscal general de Florida.
En una conferencia de prensa celebrada este 8 de octubre en Florida, el gobernador Ron DeSantis presentó el fallo como una reivindicación de su administración y calificó el caso de Hope Florida como un “engaño” ( hoax). DeSantis sostuvo que la corte confirmó que no hubo una apropiación indebida de fondos y cuestionó la actuación del gran jurado.
También dirigió sus críticas contra quien filtró el informe, al señalar que esa persona debería ser procesada. La reacción se produjo después de que la Primera Corte de Apelaciones de Distrito ordenara eliminar por completo el informe y concluyera que el gran jurado se excedió al acusar a personas de conducta criminal sin presentar cargos.
¿Por qué la corte eliminó el informe?
El gran jurado determinó que los $10 millones habían sido utilizados indebidamente, y describió la operación como parte de un “sofisticado esquema” para financiar actividades políticas. Sin embargo, el panel no presentó una acusación penal contra ninguna persona porque concluyó que no tenía evidencia suficiente para hacerlo.
La corte de apelaciones determinó que ahí estaba uno de los principales problemas.
Según los jueces, un gran jurado puede investigar y elaborar informes sobre el funcionamiento del gobierno, pero no puede acusar públicamente a personas de una conducta similar a un delito y, al mismo tiempo, abstenerse de presentar cargos contra ellas.
El tribunal también concluyó que la interpretación legal utilizada por el gran jurado para determinar que los $10 millones fueron utilizados indebidamente era incorrecta.
El acuerdo con Centene se alcanzó antes de que existiera una demanda civil en los tribunales, por lo que, según la corte, no era un “acuerdo judicial” sujeto a la disposición legal invocada por el gran jurado. Además, los $10 millones fueron entregados directamente por Centene a Hope Florida y nunca fueron recibidos por el estado.
La corte señaló que el dinero tampoco constituía fondos públicos en el sentido planteado por el informe, ya que nunca pasó a ser propiedad del estado de Florida.
Otro problema fue la divulgación del documento. La ley de Florida establece que un informe de gran jurado que no está acompañado de una acusación formal debe permanecer confidencial y que las personas mencionadas deben recibir una copia y tener un plazo para solicitar que se eliminen las partes que consideren impropias o ilegales.
Pero el fiscal estatal del condado Leon, Jack Campbell, distribuyó el informe mediante dos correos electrónicos masivos el 28 y 29 de enero de 2026 a por lo menos 49 destinatarios. La corte consideró que esa divulgación violó las reglas de confidencialidad.
El informe posteriormente llegó a los medios de comunicación y fue publicado de manera íntegra en agosto, cuando el proceso judicial sobre su posible eliminación todavía estaba en curso. La corte señaló que esa publicación posterior confirmó el daño causado por la divulgación prematura, aunque su decisión se basó también en el contenido y los límites de autoridad del gran jurado.
La decisión revocó parcialmente una resolución anterior de un tribunal de circuito que ya había ordenado eliminar aproximadamente 112 de las 116 páginas del documento, pero había permitido que permanecieran algunas partes.
La corte de apelaciones determinó que eso no era suficiente. Consideró que eliminar únicamente determinados pasajes dejaría un documento con un sentido completamente distinto al original, por lo que ordenó la expurgación completa del informe de los registros judiciales.
La resolución no elimina el hecho de que el dinero fue transferido de Hope Florida a dos organizaciones y posteriormente a un comité político. Tampoco impide que los medios continúen informando sobre el caso. La orden se refiere al informe del gran jurado y a su permanencia en los registros judiciales.
La decisión tampoco fue una determinación sobre todas las cuestiones políticas relacionadas con Hope Florida. De hecho, una investigación de la Cámara de Representantes de Florida realizada en 2025 había señalado deficiencias en los procesos internos de la fundación para aprobar el envío del dinero a las organizaciones. Esa investigación contribuyó a que posteriormente se iniciara la investigación del gran jurado.
El fallo de la corte de apelaciones, sin embargo, establece que el gran jurado no podía convertir esas conclusiones en acusaciones de conducta ilegal contra personas que no fueron procesadas y que el informe no podía hacerse público antes de que los involucrados tuvieran la oportunidad de impugnarlo.
La decisión fue adoptada por la Primera Corte de Apelaciones de Distrito de Florida en el caso relacionado con el gran jurado del condado Leon que investigó el acuerdo de 2024.
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