SAN JUAN, Puerto Rico - Gabriela Nicole Pratts fue apuñalada de muerte el lunes, 11 de agosto, un día antes de su cumpleaños 17. A casi cuatro meses, se intensifica la lucha judicial de Elvia Cabrera y Anthonieska Avilés, madre e hija imputadas por el asesinato en Aibonito, mientras que el Departamento de Justicia solicita una orden de mordaza.
Elvia Cabrera, ¿no tuvo que ver con el asesinato de Gabriela Pratts? Justicia pide mordaza
Por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, la fiscalía acusó a Elvia Cabrera y a su hija Anthonieska Avilés. Aunque en vista preliminar, se encontró causa para juicio contra la madre, su abogada pidió desestimar los cargos y la secretaria del Departamento de Justicia solicitó una orden de mordaza. A qué responden estas acciones.

La mordaza aplicaría al caso contra Cabrera, de 40 años, a quien se le acusa de actuar en común y concierto acuerdo con la menor de sus hijas, para quitarle la vida a la adolescente.
El 23 de octubre, en una vista preliminar, la jueza Marielem Padilla encontró causa para juicio contra la mujer, por los cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. Su hija, defendida por la Sociedad para la Asistencia Legal, todavía no enfrenta este proceso.
En el caso contra Elvia Cabrera, el viernes, 5 de diciembre, la abogada Mayra López Mulero pidió que se desestimaran los cargos.
Señaló que durante la vista preliminar, la fiscalía no probó los elementos del crimen, que incluyen, intención, coautoría y uso de arma blanca por parte de Cabrera.
Qué dijo López Mulero de la fiscalía
La solicitud de desestimación del caso contra Elvia Cabrera surgió tras la audiencia del 26 de noviembre.
López Mulero salió de la sala argumentando que le llamó la atención "que el tribunal tiene mucha prisa y en este caso apenas estamos comenzando a evaluar la evidencia que es amplia, compleja, científica y que requiere muchísimo análisis".
Alegó a periodistas que "el problema de este caso, (es) que hay una realidad alterna que no corresponde a la verdad y que insiste el Estado en empujar una teoría que no está acorde con la prueba que tienen en el sumario fiscal".
Según la abogada López Mulero, hay al menos "dos testigos" que "no quieren declarar", aunque el fiscal Orlando Velázquez y la fiscal Silda Rubio lo han negado.
"El fiscal le miente al país y ustedes se van a dar cuenta", dijo la abogada de Cabrera, una mujer que hasta su arresto, trabajaba en dos negocios locales, en Aibonito.
Fiscalía refuta y exige mordaza
La conocida abogada Mayra López Mulero insistió en que es importante conocer quiénes fueron las primeras personas que identificaron a los 6 sospechosos del asesinato de Gabriela Nicole Pratts, el 11 de agosto.
Recordó que se habló de 4 menores de edad y dos adultos de 20 años. "Esa información descarta totamente de este crimen a Elvia (Cabrera) y el Estado lo sabe e insiste en querer manipular el proceso para complacer a las gradas, en una investigación defectuosa, precipitada e irresponsable y todo Aibonito lo sabe. Y el país se va a enterar, se los aseguro", prometió la abogada, 11 días antes de que Justicia solicitara una orden de mordaza.
Inicialmente, el mismo 26 de noviembre, el fiscal Orlando Velázquez negó que exista evidencia exculpatoria contra Elvia Cabrera.
Afirmó que la imputación por parte de la abogada López Mulero "es bien irresponsable, es antiética, porque eso no es cierto. Ella nos conoce por más de 30 años y yo sería incapaz de ocultar nada a nadie. [...] Me parece que ella ignora que hay unos cánones de ética que prohiben que ella haga este tipo de expresión, pero aquí hay jueces interviniendo todo el tiempo y evaluando la prueba... Ella, lo que dice, es incorrecto".
Al solicitar el lunes 8 de diciembre, la orden de mordaza en el caso, el fiscal Velázquez expuso que "el único fin" de las expresiones de López Mulero es acceder a potenciales miembros de un jurado.
Agregó que esas expresiones "plantean un riesgo real y sustancial de contaminar la posible selección del jurado, menoscabar la imparcialidad del proceso judicial y ponen en entredicho la adecuada administración de la justicia y el debido proceso de ley”.





























