PHOENIX, Arizona.- Con temor, desconfianza y preocupación por su futuro, así han reaccionado muchos inmigrantes indocumentados tras la entrada en vigor de una nueva medida federal que obliga a registrarse y portar documentación oficial. La norma, respaldada por una decisión judicial el 11 de abril, podría afectar a millones de personas que residen en el país sin estatus legal.
Migrantes temen persecución tras nuevo registro federal: esto debes saber
Muchos inmigrantes temen registrarse por miedo a la deportación y a quedar expuestos ante el gobierno. El registro obligatorio exige datos personales a todos los inmigrantes sin papeles mayores de 14 años.

“ Yo en lo personal pienso que muchos no lo vamos a hacer por miedo”, dijo una inmigrante anónima que lleva cinco años viviendo en Arizona. “Mejor que se enfoquen en levantar el país, en levantar la economía, porque este es un país de migrantes”.
La medida, impulsada por la administración del expresidente Donald Trump y ahora reactivada por las autoridades, exige que toda persona en el país sin ciudadanía o residencia legal se registre a través del sitio de USCIS (myUSCIS) y complete el formulario G-325R. Quienes no cumplan podrían enfrentar hasta seis meses de cárcel y multas de hasta mil dólares.
Alma, una inmigrante que reside en Washington D.C., expresó su desconfianza: “ Se siente como que quieren tener el conteo, tener un registro de todas las personas que estamos en Estados Unidos ilegalmente”.
Las implicaciones legales son significativas. Según el abogado de inmigración Armando Olmedo, asesor jurídico de Univisión, el registro obligatorio apunta especialmente a quienes ingresaron de forma irregular y no han sido procesados por el sistema migratorio: “ Esto es para saber dónde las personas están ubicadas… para, si necesitan, poner a una persona en un proceso de remoción, poder localizarla”.
Brenda, también inmigrante en Washington, compartió su inquietud por lo que representa este nivel de exposición ante el gobierno: “Las personas que no tenemos documentos quedaríamos expuestas al gobierno y a una segura deportación. Eso me afectaría porque tendrían toda mi información, sobre con quién vivo, y quedo expuesta”.
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Ley de registro, una medida que había sido suspendida durante décadas
Aunque la ley de registro no es nueva —data del Acta de Registro de Extranjeros de 1940— su aplicación universal había sido suspendida durante décadas. La última vez que se implementó parcialmente fue tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, en un programa que terminó alimentando miles de procesos de deportación, pero sin resultados relevantes en materia de seguridad nacional.
La jueza que avaló la reactivación del registro, Trevor McFadden, designado por Trump, argumentó que los grupos que intentaban frenar la medida no tenían legitimación legal para hacerlo. Con ello, el gobierno federal tiene vía libre para imponer el registro obligatorio, especialmente a personas mayores de 14 años sin estatus legal, incluidos menores a través de sus tutores.
El Departamento de Seguridad Nacional recalcó que no habrá excepciones, y llamó a quienes ya llevan más de 30 días en el país a registrarse de inmediato.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos migrantes han calificado la decisión como “decepcionante” y recomiendan consultar a abogados para tomar decisiones informadas. “Esto no es un trámite cualquiera. Es una encrucijada legal y humana”, advirtió el abogado Olmedo.
En medio de esta incertidumbre, millones de inmigrantes enfrentan una decisión crítica: arriesgarse a salir de las sombras o exponerse aún más.







