ORLANDO, Florida.- El fallo del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito considera que la parte de la llamada ley “Stop Woke” que regula la enseñanza en universidades públicas viola la Primera Enmienda al limitar ciertos puntos de vista dentro de las aulas.
Tribunal federal bloquea ley aprobada por DeSantis que limita enseñanza sobre raza y género
La ley Individual Freedom Act, conocida como "Stop WOKE", fue aprobada en 2022 como parte de la agenda educativa de Ron DeSantis.
Video Ratifican fallo contra la ley 'Stop WOKE' que limitaba discusiones sobre diversidad en empresas de Florida
Un tribunal federal de apelaciones bloqueó las restricciones de Florida sobre la forma en que profesores de universidades públicas pueden abordar temas como raza, discriminación y género en sus clases, al determinar que esas disposiciones violan las garantías de libertad de expresión protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La decisión representa un nuevo golpe legal para una de las principales iniciativas del gobernador Ron DeSantis contra lo que su administración describió como “adoctrinamiento” ideológico en escuelas y universidades.
El fallo fue emitido por la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con una votación dividida de 2-1, y confirmó una orden judicial que impedía aplicar las disposiciones de la ley en instituciones públicas de educación superior mientras avanzaba el proceso legal.
La norma denominada “Stop Woke”, cuyo nombre oficial es Individual Freedom Act, fue aprobada por Florida en 2022 y fue impulsada por DeSantis como parte de su agenda para limitar ciertas enseñanzas relacionadas con raza, sexo y discriminación.
Woke es una palabra que originalmente significa “despierto” o “consciente”. En el contexto social y político de Estados Unidos, se usa para describir a una persona o movimiento que presta atención a problemas de desigualdad, discriminación e injusticias sociales, especialmente relacionadas con raza, género y derechos civiles.
La ley prohibía que profesores universitarios promovieran o hicieran que estudiantes creyeran determinados conceptos, entre ellos ideas relacionadas con responsabilidad racial colectiva, superioridad moral basada en raza o sexo y algunas interpretaciones sobre discriminación histórica.
Sus críticos argumentaron que la medida restringía la libertad académica y permitía al gobierno imponer límites sobre qué ideas podían discutirse en los salones universitarios.
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La corte: el gobierno no puede decidir qué ideas pueden debatirse
La mayoría de los jueces del Undécimo Circuito concluyó que Florida cruzó una línea constitucional al intentar controlar el contenido de las discusiones académicas.
El tribunal señaló que el Estado puede establecer políticas educativas, pero no puede prohibir opiniones o perspectivas específicas únicamente porque resulten controvertidas o impopulares.
En su opinión, la corte cuestionó el argumento de Florida de que, debido a que el Estado paga los salarios de los profesores, sus expresiones dentro del aula representan el discurso oficial del gobierno.
Los jueces describieron esa postura como una “extraordinaria afirmación de poder” para restringir ideas dentro de espacios académicos creados precisamente para el intercambio de opiniones.
La demanda fue presentada por profesores y estudiantes que argumentaron que la ley violaba sus derechos constitucionales.
Uno de los demandantes fue LeRoy Pernell, profesor de la facultad de Derecho de la Florida A&M University, junto con otros docentes y estudiantes que cuestionaron las restricciones impuestas por Florida.
El litigio comenzó después de que un juez federal bloqueara parcialmente la aplicación de la ley en universidades públicas en 2022. Posteriormente, el caso llegó al Undécimo Circuito, que ahora confirmó que esas restricciones no pueden aplicarse en la educación superior.
La decisión no significa que toda la ley haya desaparecido automáticamente. El fallo se concentra en las disposiciones relacionadas con universidades públicas y no resuelve todos los componentes de la legislación.
Florida todavía podría intentar otros recursos legales, incluida una revisión ante el propio tribunal o una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque no se ha confirmado que haya presentado una solicitud.
Por ahora, la resolución establece que las universidades públicas de Florida no pueden aplicar las restricciones de la ley que limitaban la manera en que profesores abordan temas de raza y género en sus aulas.
