El gobernador Gavin Newsom aprobó una ley que prohíbe a ciudades y condados solicitar información sobre estatus migratorio, nacionalidad o antecedentes criminales para otorgar permisos a vendedores ambulantes con el fin de proteger sus datos personales.
Newsom firma nueva ley que protege datos personales de vendedores ambulantes en California
A partir de 2026, las autoridades locales en California no podrán requerir datos sensibles de vendedores ambulantes ni compartirlos con el gobierno federal, garantizando mayor seguridad para trabajadores inmigrantes.

“La SB-635 va a proteger la información que proveen los vendedores a los gobiernos municipales. Se trata de proteger esa información para que no se le dé al gobierno federal”, explicó la senadora María Elena Durazo.
“Yo digo que les va a caer muy bien a todos, les va a beneficiar a todos, no nomás a uno y a otro, ahora sí que es a todos los comerciantes”, dice José, un vendedor ambulante de Los Ángeles que celebra la firma de la ley SB-635.
La ley también elimina la exigencia de huellas digitales o cualquier otro dato que pueda ser utilizado para fines migratorios. “La información que es necesaria para su permiso de negocio, eso es todo. Y ahí no tiene que poner huellas”, añadió Durazo.
Un paso hacia la confianza comunitaria
La noticia ha sido recibida con alivio por la comunidad de vendedores ambulantes, muchos de los cuales son inmigrantes que durante años han vivido con temor a que su información personal sea compartida con autoridades migratorias.
“Me parece muy bien porque ya puede estar uno más seguro”, comentó Patricia, quien lleva dos décadas vendiendo comida en la vía pública . “Tardó mucho tiempo y uno vive con miedo que uno vaya a agarrar migración, que se compartan los datos personales de todos nosotros”.
Para organizaciones comunitarias, esta nueva ley representa un avance histórico en la protección de los derechos de los trabajadores informales, especialmente los que no cuentan con un estatus migratorio regular.
“Lo más importante de esta ley es que la ciudad y el gobierno estatal no van a compartir su información con el gobierno federal”, señaló Mónica Madrid, representante de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Implementación y próximos pasos
La ley SB-635 entrará en vigor el 1 de enero de 2026, dando tiempo a las autoridades locales para actualizar sus procedimientos y formularios de registro. Mientras tanto, las organizaciones comunitarias planean jornadas informativas y talleres virtuales para explicar los beneficios de la medida.
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