El Tribunal Supremo levantó el viernes las restricciones sobre una controvertida base de datos federal de votantes antes de las elecciones de noviembre, otorgándole al presidente Donald Trump una victoria temporal en su agresiva campaña contra el voto de los no ciudadanos.
La Corte Suprema permite por ahora que la administración Trump utilice la base de datos federal de elegibilidad de votantes renovada
La Corte Suprema permite a los estados reanudar el uso de una controvertida herramienta federal para verificar la elegibilidad de los votantes antes de las elecciones de noviembre.
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La orden de emergencia permite, por ahora, que los estados utilicen el programa del Departamento de Seguridad Nacional, denominado Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés), para verificar la elegibilidad de los votantes inscritos en sus padrones electorales. Sin embargo, dado que la legislación vigente impide que la mayoría de los estados eliminen sistemáticamente a los votantes de sus padrones electorales dentro de los 90 días previos a una elección, es probable que el impacto inmediato en las próximas elecciones de mitad de mandato sea limitado.
El uso del programa SAVE por parte de los estados es voluntario.
La orden judicial suspende el fallo de junio de una jueza federal que había declarado ilegal la versión recientemente renovada del sistema SAVE por parte de la administración republicana. La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Sparkle L. Sooknanan, había bloqueado el uso de la herramienta, argumentando que violaba el derecho a la privacidad de los estadounidenses y que podría resultar en la eliminación indebida de votantes del padrón electoral.
Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender el fallo de Sooknanan, lo que provocó que la administración apelara ante la Corte Suprema.
El programa SAVE se creó en virtud de una ley de inmigración que obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a ayudar a las agencias federales, estatales y locales a evitar que los beneficios gubernamentales se destinen a personas no ciudadanas. El año pasado, la administración Trump amplió significativamente sus capacidades de búsqueda. Desde entonces, se han revisado al menos 67 millones de registros a través del programa, pero los críticos temen que pueda acabar eliminando votantes válidos del padrón electoral.
Algunos votantes registrados ya han sido señalados erróneamente. En el condado de Travis, Texas, por ejemplo, las autoridades informaron haber investigado a 97 votantes señalados por SAVE como supuestos no ciudadanos y descubrieron que al menos el 10 % de ellos —y probablemente hasta el 21 %— eran ciudadanos estadounidenses. El condado instó a la Corte Suprema a rechazar la apelación de la administración, mientras que el estado de Texas presentó su propio escrito en defensa de la base de datos.
Aunque el uso del programa SAVE ha estado bloqueado durante meses, la administración afirmó en documentos judiciales que los funcionarios del DHS han seguido utilizando datos de la Administración del Seguro Social "en ciertos casos para verificar información y ayudar a determinar si pudo haber ocurrido una votación ilegal".
En agosto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició su propia investigación para identificar a votantes no ciudadanos en los padrones estatales, según una declaración de un denunciante federal que afirma que la iniciativa es apresurada, está plagada de errores y podría violar las leyes estatales. El DHS ha defendido dicha investigación, asegurando que se llevó a cabo con diligencia y profesionalismo.
El intento de crear un registro nacional de votantes es una de las numerosas medidas que Trump ha tomado durante su segundo mandato para reformar el sistema electoral. La mayoría de estas medidas han sido bloqueadas por diversos tribunales, en parte porque la Constitución otorga a los estados y al Congreso la autoridad para establecer las normas electorales, pero no concede tal poder al presidente. A mediados de septiembre, la Corte Suprema rechazó una solicitud de Trump para restringir el voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato.
Las investigaciones demuestran que el voto de personas no ciudadanas, que ya es ilegal y punible como delito grave que podría acarrear la deportación, es excepcionalmente raro. Sin embargo, Trump se ha empeñado en la idea de que un gran número de personas no ciudadanas votan en las elecciones estadounidenses.