LOS ÁNGELES, California – Bajo la advertencia de enfrentar acciones legales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) dio el martes 13 de octubre un plazo de 48 horas a los funcionarios de California para que revisen una lista de presuntos votantes que no son ciudadanos de EEUU, informó Reuters, con base en dos cartas a las que tuvo acceso.
La amenaza del Departamento de Justicia a California por presunta participación de no ciudadanos en las elecciones
Las autoridades federales establecieron que, en caso de que los funcionarios estatales y del condado no acaten sus instrucciones, el gobierno federal “no tendrá más remedio que solicitar medidas de urgencia”. Aquí, todos los detalles.
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De acuerdo con el medio, las misivas fueron redactadas por R. Trent McCotter, fiscal general adjunto interino, y están dirigidas a Shirley Weber, secretaria de Estado de California; y a Dean Logan, registrador-secretario del condado Los Ángeles, y son parte de un esfuerzo sin precedentes para hallar desde ahora pruebas de fraude electoral en las elecciones del próximo 3 de noviembre.
En las cartas se indica que el DoJ entregó a las autoridades del condado Los Ángeles una memoria USB, protegida por contraseña, que tiene los nombres que “probablemente no son ciudadanos”, dice el gobierno federal, y a quienes se les enviaron desde California boletas por correo.
Las misivas exigen que las boletas de los votantes incluidos en la mencionada lista sean separadas y no sean contabilizadas “hasta que se determine su ciudadanía”. La solicitud se dirija tanto al estado como al condado.
En caso de que no se hayan enviado todas las boletas a las personas mencionadas, estas se retengan mientras no se confirme la ciudadanía.
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El Departamento de Justicia lanza amenaza a funcionarios de California: Lo que se sabe
Las cartas indican que, en caso de que los funcionarios estatales y del condado no acaten las instrucciones, el gobierno federal “no tendrá más remedio que solicitar medidas de urgencia”.
McCotter añade: “ Permitir que personas que no son ciudadanas voten, anula el voto de los ciudadanos”.
En las cartas, agrega Reuters, se sugiere que el Departamento de Justicia podría estar listo para impugnar boletas en las semanas previas a las elecciones del 3 de noviembre.
Hay que destacar que los votantes de Los Ángeles se pronunciarán con respecto a una medida electoral que permitiría a ciertos residentes legales no ciudadanos participar en elecciones municipales.
Consultada por Reuters, Kiersten Pels, portavoz del DoJ, confirmó la existencia de las misivas, y agregó que ese departamento “tomará todas las medidas legales necesarias para proteger la integridad electoral y garantizar el cumplimiento de la ley federal”.
Según CBS News, Dean Logan, registrador y secretario del condado Los Ángeles, confirmó que recibió la carta, pero dijo que su oficina no ha accedido a la memoria USB en la que se encuentran los registros.
“La carta incluía una memoria USB que, supuestamente, contiene los registros mencionados, junto con una nota escrita a mano que proporciona una contraseña. No hemos accedido al dispositivo porque hacerlo contravendría los protocolos establecidos de privacidad de datos y seguridad de la información”, citó al funcionario.
Logan añadió: “ No consideramos que el dispositivo sea un medio seguro. Además, la carta no especifica cuántas personas están involucradas ni describe la información contenida en los registros”.
El funcionario también subrayó: “Las leyes federales y estatales son claras respecto a cómo se determina la elegibilidad de los votantes; cualquier medida para eliminar a un votante de los registros de elegibilidad debe basarse en información verificable, y no en afirmaciones derivadas de coincidencias de datos no confirmadas”.
Político destaca que las cartas del DoJ no detallan qué metodología se usaría para determinar quiénes, a su juicio, son personas no ciudadanas registradas para votar.
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California, las elecciones y el futuro
Reuters subraya que California podría ser un estado decisivo en determinar qué partido controlará la Cámara de Representantes del país, particularmente luego de que los votantes del estado aprobaran un nuevo mapa de distritos congresionales que favorece a los demócratas.
Esto, en el marco de un proceso que ocurre a nivel nacional de redistribución de distritos electorales que comenzó en estados que gobierna el Partido Republicano.
Vale la pena recordar que, bajo la administración Trump, el Departamento de Justicia ha asegurado de manera reiterada que el voto de personas que no son ciudadanas de Estados Unidos ocurre de manera generalizada; sin embargo, múltiples estudios aseguran que eso es poco frecuente.
En septiembre, Reuters estimó que es posible que, debido a fallas de software o errores administrativos, los estados hayan contemplado a más de 30,000 personas no ciudadanas en sus padrones electorales desde el año 2000.
Pero, además de que no está claro cuántas de esas personas emitieron su voto, los expertos indican que, al comparar esa cifra con los 170 millones de votantes registrados, se deduce que no es suficiente para influir en los resultados de las elecciones.
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Datos confidenciales
El medio recuerda las cartas que envió el Departamento de Justicia en julio a funcionarios electorales de los 50 estados, en las que les advertía que podían enfrentar procesos penales si, a sabiendas, permitían que personas no ciudadanas permanecieran en los padrones electorales o emitieran votos.
CNN destaca que la Constitución otorga a los estados la responsabilidad principal en la organización de las elecciones, aunque da también al Congreso la posibilidad de establecer algunas regulaciones en lo que al voto respecta.
Como parte de su búsqueda de no ciudadanos en los padrones electorales estatales, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha exigido a los estados entregar copias íntegras de sus padrones electorales, así como datos no públicos de los votantes, como fechas de nacimiento y números de Seguro Social, a casi todos los estados.
También, sin importar el partido que los gobierne, ha presentado demandas contra 30 estados que se negaron a entregar sus padrones, aunque ha perdido 26 de ellas y hasta ahora no ha ganado ninguno.
Y además de que el Departamento de Seguridad Nacional está recurriendo a un proveedor comercial de datos para obtener información confidencial de los votantes, lo cual, según expertos, podría provocar que ciudadanos sean confundidos con votantes no autorizados.
Los fiscales federales, agrega Reuters, han intensificado procesos judiciales en contra de no ciudadanos por acusaciones de haber votado o de haber presentado registros fraudulentos.
Político recuerda el impulso, sin éxito, que dio Trump a una modificación de las normas en el país sobre voto por correo, una iniciativa que en septiembre fue bloqueada por la Corte Suprema.
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