La ciudad de San Antonio presentó una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el objetivo de paralizar la conversión de una nave industrial en un centro de detención migratoria con capacidad para hasta 1,500 personas.
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La acción judicial, interpuesta el pasado 13 de octubre ante un tribunal federal de Texas, tiene como objetivo impedir que se habilite un nuevo centro de detención con capacidad para 1500 personas.
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La acción judicial, interpuesta el pasado 13 de octubre ante un tribunal federal de Texas, acusa a las autoridades federales de avanzar en las obras sin realizar las evaluaciones de impacto ambiental exigidas por la legislación vigente.
El centro proyectado y los recursos en juego
El proyecto contempla la transformación de una bodega comercial de aproximadamente 640,000 pies cuadrados (unos 59,000 metros cuadrados), ubicada en el 542 de S.E. Loop 410 Access Road, al este de la ciudad.
Para concretar la compra del inmueble, el Gobierno federal destinó $66.1 millones de dólares, sumados a un contrato de acondicionamiento e infraestructura adjudicado por $17.3 millones de dólares.
Los argumentos de la demanda
A través del recurso legal, el municipio busca que un juez federal ordene la suspensión inmediata de las obras hasta que se concrete una revisión ambiental exhaustiva. Asimismo, solicita la anulación tanto de la compra del edificio como del contrato de remodelación.
Entre los principales señalamientos presentados ante la corte destacan:
- Servicios e infraestructura básica: Falta de análisis sobre la capacidad operativa de las redes de agua y alcantarillado locales para soportar el funcionamiento continuo de las instalaciones.
- Impacto integral: Ausencia de estudios respecto a las consecuencias socioeconómicas, de salud pública y sobre la calidad del agua y del aire en la zona circundante.
- Falta de transparencia: Rompimiento de los canales de comunicación y coordinación por parte de ICE desde el mes de junio para verificar el cumplimiento de los marcos legales.
La presentación de este recurso no suspende automáticamente los trabajos, por lo que la ciudad se encuentra a la espera de un fallo judicial que determine la imposición de una medida cautelar.
Tensión política y respuesta del DHS
Las agencias demandadas y sus titulares —el secretario del DHS, Markwayne Mullin, y el director interino de ICE, David Venturella— han reaccionado señalando que la acción legal busca obstaculizar la política migratoria promovida por la administración de Donald Trump bajo el pretexto de motivos ecológicos.
Por su parte, la administración de San Antonio aclaró que la demanda no impugna las facultades del Gobierno federal para aplicar la ley de inmigración, sino que exige el estricto cumplimiento de los requisitos legales y ambientales.
Como reflejo del clima de confrontación local, el Concejo Municipal aprobó el 15 de octubre, por nueve votos a favor y dos en contra, instruir a los funcionarios de la ciudad a evaluar alternativas para retrasar o bloquear dos contratos de arrendamiento de oficinas de ICE en el complejo Brooks.