La Corte Suprema acordó revisar la reclasificación que la administración del presidente Donald Trump ha hecho de una ley de inmigración de 1996, la cual permitiría a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantener detenidos a millones de inmigrantes sin derecho a solicitar fianza, incluso a aquellos con años de residencia en el país y sin antecedentes penales.
La Corte Suprema decidirá si ICE puede detener a indocumentados de forma indefinida
La mayoría de los jueces federales han afirmado que el gobierno debe dar a los inmigrantes la oportunidad de solicitar la libertad bajo fianza.
Video ¿Cómo funcionan las deportaciones a terceros países y qué opciones tienen los inmigrantes?
Actualmente, las normas aplicadas históricamente permitían que las personas interpuestas en el interior del país obtuvieran libertad bajo fianza si demostraban ante un juez no ser un riesgo público ni de fuga. La nueva interpretación gubernamental busca que la detención obligatoria, concebida originalmente para arrestos en la frontera, se aplique también a quienes residen en ciudades y pueblos estadounidenses.
Los críticos de la medida, entre ellos la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), acusan al Gobierno de presionar de forma ilegal a las personas para que abandonen el país voluntariamente. Por su parte, la administración defiende la norma argumentando que evita la evasión de las órdenes de deportación. Aunque la mayoría de los tribunales federales de apelación —nueve en total— han fallado en contra de la postura del Gobierno, dos han respaldado la medida, lo que ha llevado el conflicto directamente al máximo tribunal.
Este caso forma parte de una serie de disputas sobre las políticas migratorias que la Corte Suprema analizará en este periodo lectivo, entre las que también se incluye la revisión sobre la legalidad de deportar a inmigrantes a terceros países sin verificar si corren riesgo de persecución o tortura.
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