Los Ángeles, CA.- California podría establecer nuevas restricciones para las agencias del orden en el estado bajo el proyecto de ley AB 2760, que b usca prohibir el uso de gauntes eléctricos.
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Un proyecto de ley en California busca prohibir hasta 2030 el uso de dispositivos de descarga eléctrica diseñados para utilizarse como guante por parte de las agencias del orden. La propuesta no incluye los tasers convencionales y también contempla un estudio sobre la seguridad y el impacto de estas armas en las comunidades.
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La medida, modificada por última vez el 31 de agosto de 2026, establece que las agencias de seguridad pública no podrán utilizar este tipo de dispositivos dentro de California.
La prohibición tendría carácter temporal y permanecería vigente hasta el 1 de enero de 2030, fecha en la que la disposición quedaría derogada; y ahora solo espera por la firma del gobernador Gavin Newsom.
¿Qué dispositivo busca prohibir el proyecto de ley?
El texto define como "dispositivo de descarga eléctrica portátil" a un arma diseñada para incapacitar temporalmente a una persona mediante la aplicación controlada de una descarga eléctrica y que está diseñada para utilizarse como guante.
La propuesta también deja claro que la definición no incluye los tasers, pistolas eléctricas paralizantes u otras armas similares diseñadas para incapacitar mediante una descarga eléctrica y que se sostienen de una manera similar a una pistola.
Es decir, la medida está dirigida específicamente a los dispositivos eléctricos que pueden utilizarse como parte de una prenda o accesorio, y no a los tasers convencionales.
Limitaría el uso de fondos estatales
Además de prohibir el uso de estos dispositivos, AB 2760 establece que las agencias estatales y locales de seguridad pública no podrán utilizar fondos estatales para comprarlos.
Las agencias también tendrían que actualizar sus políticas sobre el uso de la fuerza para incluir una prohibición específica sobre estos dispositivos.
La medida aplicaría tanto a agencias estatales y locales como, de acuerdo con el texto del proyecto, a agencias federales de aplicación de la ley que operen dentro del estado, como ICE.
Efectos en las comunidades
El proyecto también contempla un estudio sobre la seguridad y los impactos comunitarios relacionados con estos dispositivos.
La División de Aplicación de la Ley del Departamento de Justicia de California tendría que realizar el estudio en consulta con diferentes grupos, incluidos representantes de organizaciones de derechos de los inmigrantes y de justicia social, agencias del orden, expertos en tecnología y otras partes afectadas.
El análisis tendría que evaluar la seguridad y los efectos de estos dispositivos en las comunidades, además de formular recomendaciones sobre posibles estándares y medidas de protección para su uso.
El Departamento de Justicia tendría que presentar sus conclusiones y recomendaciones ante la Legislatura a más tardar el 1 de enero de 2029.
De aprobarse y convertirse en ley, la prohibición tendría una vigencia limitada.
El texto establece que la sección permanecerá vigente solamente hasta el 1 de enero de 2030. A partir de esa fecha, la disposición sería derogada.
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