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Política

Avanza el proyecto de ley que convertiría a California en un estado santuario

La medida SB 54, impulsada por el presidente del Senado, Kevin de León, prohíbe que las agencias estatales y locales ayuden a oficiales federales en asuntos migratorios.
31 Ene 2017 – 09:23 PM EST
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Kevin de León habla con los medios de comunicación sobre la propuesta SB54. Crédito: AP Photo/Rich Pedroncelli

LOS ÁNGELES, California.- La ley que consagraría a California como un estado santuario comenzó su tramitación legislativa este martes en el comité de Seguridad Pública del Senado, donde fue aprobada con el apoyo de los demócratas y la oposición de los republicanos así como de algunas asociaciones policiales.

La iniciativa SB 54 del presidente protempore del Senado estatal, Kevin de León, tiene como finalidad prohibir el uso de recursos estatales o locales para ayudar a una agencia federal en asuntos migratorios, salvo que medie una orden judicial.

Así mismo, la norma también conocida como California Values Act, limita el acceso de agentes federales a escuelas públicas, instalaciones sanitarias y juzgados. También requiere a las agencias estatales que revisen sus políticas de confidencialidad de datos, para que los residentes en California “no se sientan inseguros de recurrir a sus servicios”, explicó De León.

La medida contó con el apoyo de decenas de organizaciones cívicas, que se personaron en la sesión del comité para dar su respaldo, y el rechazo –al menos inicialmente- de la Asociación de Sheriffs del Estado de California, así como de la Asociación de Oficiales de Paz de California.

A juicio de sus representantes, el proyecto de ley no define con claridad el grado de colaboración que pueden y no pueden tener los policías con sus contrapartes federales, y representa un problema para establecer una adecuada comunicación y cooperación entre las agencias. Los opositores se mostraron abiertos a trabajar con De León y su equipo para encontrar puntos de encuentro.

De León insistió en que la SB 54 no impide que los oficiales federales hagan su trabajo (no tiene jurisdicción sobre ellos), pero requiere que la colaboración en cuestiones migratorias con los oficiales estatales y locales sea a través de mandatos judiciales.

Numerosas ciudades en California ya aplican prácticas similares que limitan en gran medida la colaboración de los departamentos policiales, tal es el caso de San Francisco y Los Ángeles, con los oficiales de inmigración, aunque no existe una ley que uniforme estas prácticas a nivel estatal.

El inicio de la tramitación de esta ley, que sigue su camino parlamentario en el comité de fiscalidad (Appropriations), coincidió con el anuncio de que la ciudad de San Francisco había presentado una demanda al presidente Donald Trump y su gobierno por la orden ejecutiva que amenaza con retirar fondos federales a las ciudades santuario al considerar que se trata de una directriz inconstitucional.

En Los Ángeles, este martes se aprobó despenalizar la venta ambulante como paso previo a la ordenanza que se está preparando para regular esos negocios que hasta ahora son ilegales.

La semana pasada, De León ya dijo que California podría demandar las órdenes ejecutivas de Trump y en declaraciones al diario Sacramento Bee, el nuevo fiscal general estatal, Xavier Becerra, comentó que su oficina estaba próxima a iniciar una acción legal contra el gobierno federal.

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