Richmond, CALIFORNIA.- Las imágenes de las cámaras corporales registran una secuencia breve: órdenes, movimientos, disparos. Para la familia de José de Jesús Méndez Ríos, ese video, revelado meses después del incidente, es ahora parte central de una demanda federal que cuestiona la actuación policial.
“Era la funda de un cuchillo, no un arma”: viuda demanda a la policía por matar a su esposo desarmado
“Hubiera sido mejor verlo en la cárcel que en un ataúd”, lamenta la viuda de José de Jesús Méndez Ríos, un hombre de 51 años que murió tras un tiroteo policial en Richmond, California. El hispano estaba desarmado y solo tenía la funda de un cuchillo.
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“No me ha dejado dormir de todo lo que dice él y de escuchar todas las balas que le soltaron”, dice Rosa Hernández, esposa de la víctima.
El tiroteo ocurrió la noche del 4 de febrero de 2025 en Richmond, una ciudad del área de la Bahía de San Francisco. Méndez Ríos, de 51 años, había sido localizado por la policía en el contexto de una investigación por un caso de violencia doméstica. Durante el encuentro, los agentes abrieron fuego.
En los reportes iniciales, la policía indicó que creyeron ver un arma blanca. Sin embargo, más tarde se determinó que el objeto que portaba era la funda de un cuchillo. No tenía un arma letal en el momento del tiroteo.
El caso permanece bajo investigación estatal, como exige la legislación de California en incidentes donde un civil muere por disparos policiales.
La versión de la familia
La familia sostiene que Méndez Ríos atravesaba una crisis de salud mental cuando fue interceptado.
“Nadie merece morir así, por mal que sea la persona, nadie merece morir así”, afirma Hernández.
Su hijo evita ver las imágenes completas. “No vi el video completo, no puedo”, dice.
Según el relato familiar, no existía un diagnóstico formal, pero tras la pandemia y la pérdida de su empleo comenzó a presentar episodios que requerían atención. Recibía apoyo terapéutico.
“La policía pudo usar su entrenamiento mejor y no lanzar tantas balas a un hombre que no estaba armado”, sostiene Hernández.
La familia cuestiona el uso de fuerza letal en un escenario que, según su versión, requería intervención especializada.
Además, como muestran las imágenes de las cámaras corporales, un afluente y varios metros de distancia separaban a los oficiales de un encuentro que terminó siendo mortal.
La demanda y los cuestionamientos
La abogada de la familia, Carolina Galván, confirmó la presentación de una demanda federal por presunta violación de derechos civiles.
“Queremos saber qué es lo que pasó porque nosotros pensamos que usaron tácticas que no debían de usar”, señala.
La acción legal se ampara en la legislación federal que permite demandar a autoridades por uso excesivo de fuerza. También incluye un reclamo por muerte injusta.
Los abogados sostienen que los agentes presuntamente no aplicaron protocolos de desescalada ni utilizaron herramientas para contener la situación sin recurrir a disparos.
En California, la ley establece que la fuerza letal solo puede emplearse cuando es necesaria para prevenir una amenaza inmediata de muerte. Además, los agentes deben intentar reducir la intensidad del encuentro mediante comunicación, distancia y tiempo, especialmente en casos que involucren posibles crisis de salud mental.
Salud mental y uso de la fuerza
El caso se inserta en un patrón documentado a nivel nacional. En Estados Unidos, al menos 1.247 personas murieron por disparos policiales en 2023, según registros independientes. En 2024 y 2025, la cifra se mantuvo por encima de las 1.100 muertes anuales, según bases de datos independientes como Fatal Force y Mapping Police Violence.
Entre el 20% y el 25% de estos casos involucran a personas que presentaban signos de enfermedad mental en el momento del encuentro, según Treatment Advocacy Center.
Organizaciones especializadas indican que quienes no reciben tratamiento tienen hasta 16 veces más probabilidades de morir en una interacción con la policía.
En California, según su Departamento de Justicia estatal, entre 150 y 200 personas mueren cada año por acción policial. Análisis de datos académicos y de ONGs señalan que aproximadamente una de cada tres presentaba indicios de crisis mental.
Además, en cerca del 15% de los casos fatales registrados en 2025, posteriormente se determinó que la persona no portaba un arma de fuego. En algunos incidentes, objetos como herramientas, teléfonos o fundas fueron interpretados como amenazas.
Expertos en salud mental coinciden en que la policía se ha convertido en el primer punto de respuesta en situaciones que no necesariamente son de carácter criminal. Se estima que al menos una de cada diez llamadas atendidas por agentes está relacionada con crisis de salud mental.
En ciudades como Richmond, los protocolos contemplan la posibilidad de solicitar apoyo de equipos especializados, aunque su disponibilidad no siempre es inmediata.
La legislación estatal exige que los oficiales reciban entrenamiento en intervención en crisis. El incumplimiento de estos lineamientos es uno de los elementos que suelen analizarse en litigios civiles.
Investigación y responsabilidades
El caso de Méndez Ríos está sujeto a revisión independiente por parte de autoridades estatales, conforme a la normativa vigente en California. Este proceso busca determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los estándares legales.
La familia, por su parte, busca acceso completo a las pruebas, incluidos videos de cámaras, reportes internos y protocolos aplicados durante el operativo.
Hasta el momento, la alcaldía de Richmond no ha respondido a solicitudes de información sobre posibles medidas tras el incidente.
Mientras el proceso judicial avanza, la familia insiste en que el caso debe esclarecerse. “Hubiera sido mejor verlo en la cárcel que verlo en un ataúd”, concluye Hernández.
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