Para miles de ciudadanos estadounidenses, la llamada telefónica parecía el final perfecto de un viaje de ensueño a las playas de México: una oportunidad garantizada para alquilar o revender su propiedad de tiempo compartido sin complicaciones. En realidad, era el engranaje de una maquinaria multimillonaria operada desde la sombra por uno de los carteles de la droga más violentos del planeta.
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Esta semana se reveló una acusación formal en un tribunal federal de Brooklyn, acusando a Julio César Montero Pinzón (Montero Pinzón), también conocido como “El Tarjetas”, un miembro de alto rango del Cartel de Jalisco Nueva Generación, y a su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por sus roles en un esquema de fraude internacional organizado y controlado por el CJNG que tenía como objetivo a estadounidenses propietarios de propiedades de tiempo compartido en México.
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En una acusación formal presentada en un tribunal federal de Brooklyn, las autoridades de Estados Unidos revelaron el modus operandi de una sofisticada estafa que conectaba elegantes centros de llamadas en Jalisco con las arcas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el centro de la trama figuran Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas” —un mando de alto rango de la organización criminal—, y su media hermana, Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
Ambos se enfrentan a cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. En el caso de Montero Pinzón, la justicia estadounidense suma una acusación aún más grave: conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, tras la designación oficial del CJNG como grupo terrorista por parte de Washington en febrero de 2025.
La trampa del "pago por adelantado"
La operación, estructurada bajo un esquema de pago por adelantado, funcionó con precisión desde al menos 2012. Los estafadores contactaban a propietarios de tiempos compartidos en México y, mediante manipulación de documentos y sitios web falsos, los convencían de realizar transferencias por presuntas tarifas administrativas e impuestos, con la promesa de desembolsarles sumas mayores después.
Los fondos prometidos nunca llegaron. Para agravar la victimización, los delincuentes volvían a contactar a los estafados haciéndose pasar por abogados o funcionarios gubernamentales que prometían recuperar el dinero perdido a cambio de una nueva cuota por adelantado.
Según datos del Departamento del Tesoro, entre 2019 y 2024, unas 6.000 víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas de aproximadamente 350 millones de dólares atribuibles a este tipo de fraudes en territorio mexicano.
Un brazo financiero del cartel
Lejos de ser una estafa común, la red de tiempos compartidos funcionaba como una división corporativa diseñada para financiar las actividades de narcotráfico y violencia del cartel.
“Montero Pinzón y Arredondo Pinzón engrosaron las arcas de una violenta organización extranjera de terrorismo y narcotráfico”, señaló Joseph Nocella, Jr., fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
Según la investigación impulsada por el FBI, la DEA y la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), Arredondo Pinzón supervisaba desde una oficina central la captación de fondos en los call centers, mientras que su hermano gestionaba la red financiera encargada de blanquear los capitales para comprar y distribuir narcóticos letales en territorio estadounidense.
“Este alto dirigente presuntamente estafó a ciudadanos inocentes para financiar el terrorismo contra el pueblo estadounidense”, declaró la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, al advertir que la justicia perseguirá las finanzas del cártel en cualquier frente.
Prófugos de la justicia
Montero Pinzón y Arredondo Pinzón, ambos ciudadanos mexicanos, no se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses y se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad. De ser condenados, enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ya ha sancionado y procesado a más de 70 personas y entidades vinculadas al esquema del CJNG, en un intento por asfixiar los recursos de una estructura criminal cuya diversificación ha sobrepasado las fronteras tradicionales del tráfico de drogas.