Las organizaciones pro derechos humanos llevan meses siguiendo la pista a los vuelos de deportación de ICE. Muchas personas terminan siendo deportadas a países que no son los de su procedencia y hay escasa información oficial al respecto.
¿Trump puede deportar a donde le dé la gana? Esto dice la ley
EEUU ha firmado acuerdos de colaboración que le permiten hacer deportaciones a terceros países. Hoy llegó el primer vuelo de ICE a Santa Lucía y se han reportado deportaciones de latinos a países de África. ¿Qué dice la ley internacional? Consultamos con expertos.
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Third Country Deportation Watch (Observatorio de Deportaciones a Terceros Países), es una iniciativa conjunta de Human Rights First y Refugees International. Han documentado cómo la administración Trump ha firmado acuerdos con más de 35 países de todo el mundo para enviar a 23,000 refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes, a países con los que no tienen ningún vínculo legal o personal, según sus datos.
Denuncian que muchas de estas personas descubren que van a ser deportadas a un país que no conocen cuando ya están a bordo del avión. "El Gobierno de Estados Unidos ha utilizado diversas estrategias para conseguir estos acuerdos, entre ellas casi 50 millones de dólares en pagos directos, además de una combinación de incentivos y medidas de presión, como amenazar con imponer aranceles, retener fondos destinados a organizaciones internacionales, establecer restricciones de visado y prometer ayuda internacional", aseguró Savi Arney, directora de políticas para inmigrantes de Human Rights First.
Critican que el gobierno está utilizando estos acuerdos para hacer cómplices a otros países de su campaña de deportaciones masivas. Pero señalan que estas políticas están siendo impugnadas actualmente ante tribunales federales de Estados Unidos por considerarlas ilegales, a través de los litigios DVD vs. DHS y UT vs. Blanche.
"Nuestra investigación sobre los acuerdos con países africanos muestra que el Gobierno estadounidense está utilizando estos mecanismos para eludir el derecho internacional. Para ello, envía a terceros países a personas a las que jueces de inmigración estadounidenses habían concedido protección frente a la deportación a sus países de origen, debido al riesgo de persecución o tortura, y que posteriormente son devueltas por esos terceros países a sus lugares de origen", recalcó Arney.
La organización ha monitoreado que ciudadanos de países de América Latina y el Caribe han sido enviados a Liberia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Esuatini y Guinea Ecuatorial. "En la mayoría de los casos, estos refugiados han sido detenidos arbitrariamente al llegar y, en algunos casos, han sido coaccionados para aceptar el regreso a las mismas situaciones de peligro de las que habían huido en sus países de origen", señaló la directora de políticas para Inmigrantes de Human Rights First.
"Personas LGBTQ de terceros países que contaban con protección concedida por jueces de inmigración estadounidenses han sido deportadas a terceros países como Camerún, Esuatini, Ghana y Sierra Leona, donde existen leyes que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo", denunció.
La organización que monitorea vuelos de deportación de ICE hacía seguimiento hoy al primer vuelo de deportados a Santa Lucía, en el Caribe.
An ICE Air flight originating in Alexandria, LA, w/ stops in Miami & San Juan, is en route & expected to arrive in Vieux Fort, St. Lucia at 3:28pm local. This marks the 1st time ICE Air has flown to St. Lucia, carrying third country nat’ls under a non-binding agreement w/ the US pic.twitter.com/ng8wNaalYb
— ICE Flight Monitor (@ICEFlightM) August 31, 2026
El ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional, Aviación Civil y Asuntos de la Diáspora, Alva Baptiste, informó al Parlamento que el Memorando de Entendimiento (MOU) se firmó en Washington. El acuerdo con EEUU recoge, entre otros términos, que no más de 10 personas por trimestre que podrán ser trasladadas a Santa Lucía; aunque no se publicó íntegramente.
"El memorando de entendimiento establece además en la Sección 2.1 que el Gobierno de los Estados Unidos de América podrá, a su entera discreción, proponer al Gobierno de Santa Lucía el traslado de dichos nacionales de terceros países, y el Gobierno de Santa Lucía podrá, a su entera discreción, considerar la posibilidad de aceptar dicha propuesta en su totalidad o en parte", dijo Baptiste.
Más de 30,000 órdenes de deportación a terceros países de noviembre a mayo
De acuerdo con los datos del Panel de Deportaciones a Terceros Países de Mobile Pathways, publicado en mayo de 2026; entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 los jueces de inmigración emitieron 30,238 órdenes de deportación hacia terceros países.
En el periodo analizado, Ecuador fue el tercer país que más deportaciones acogió. Recibió 18,194 casos, lo que representa aproximadamente el 60 % del total.
En segundo lugar estaba Honduras que, entre noviembre y enero, encabezó las cifras mensuales, acumulando 7,281 durante todo el período, equivalentes al 24 % del total.
Y el informe ya recogía al país africano de Uganda como uno de los destinos de los inmigrantes deportados a terceros países. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se emitieron 2,718 órdenes de deportación a este lugar, cerca del 9 % del total.
Lo que queda claro tras analizar el informe es que las deportaciones a terceros países se multiplicaron en solo seis meses. Mientras que en los dos últimos meses de 2025 se registraron 1,420 órdenes, entre enero y mayo de 2026 la cifra se disparó a 28,901.
El abogado experto en inmigración responde
Consultamos estos datos con el abogado experto en inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office. “Lo que muestran es que la deportación ya no necesariamente implica regresar al país de origen y que las enviadas a terceros países deben soportar mayor separación familiar planteando nuevos desafíos legales para quienes buscan protección migratoria en Estados Unidos”, señaló Héctor Quiroga.
Le preguntamos también qué leyes rigen el asunto de las deportaciones. "La base legal para enviar deportados a terceros países está en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), específicamente en la sección 241(b). Esta disposición permite al gobierno escoger otro país dispuesto a recibir a una persona cuando deportarla a su país de origen o a otros países con los que tenga vínculos resulta inadmisible o imposible; sin embargo, esa facultad sigue limitada por las protecciones legales contra la persecución y la tortura", recalca el abogado.
“Cuando una persona es enviada a un país distinto al suyo implica un obstáculo para hacer y mantener el contacto familiar, acceder a representación legal o reconstruir una red de apoyo. Este impacto de estas políticas migratorias deber ser analizadas”, agregó el abogado Quiroga.
¿Qué dice el derecho internacional?
De acuerdo con el derecho internacional, la responsabilidad principal de analizar una solicitud de asilo recae en el país al que llega inicialmente la persona que busca protección. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sostiene que trasladar solicitantes de asilo a un tercer país solo es aceptable cuando ese país garantiza plenamente los derechos de las personas refugiadas y cumple con las normas internacionales de derechos humanos.
Por ejemplo, en marzo de 2026, Human Rights Watch entrevistó a 53 ciudadanos de terceros países deportados de Estados Unidos a Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco, incluidos 41 hombres cubanos.
La mayoría de ellos habían vivido en Estados Unidos, predominantemente en Florida, durante años o décadas tras huir de Cuba debido a la represión política o a la falta de oportunidades económicas. Muchos habían construido negocios, poseído casas y dejado familiares en Estados Unidos, la mayoría tiene 60 años o más y sufre enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico continuo.
Ninguna de las personas entrevistadas tuvo la oportunidad de impugnar su deportación a México, violando los derechos al debido proceso, tanto bajo la ley estadounidense como internacional. De acuerdo con HRW, las autoridades estadounidenses los deportaron sin documentación, dinero ni pertenencias personales.
"Nos están apartando hacia la muerte", dijo un ciudadano cubano de 58 años. "No hay ayuda. No podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada. ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar el alquiler?".
A estas preocupaciones se suman cuestionamientos sobre posibles casos de detención arbitraria, ya que se han denunciado casos en los que algunas personas permanecen detenidas durante largos períodos mientras se define su traslado a un tercer país, incluso después de que sus solicitudes de asilo han sido desestimadas sin un análisis completo de sus temores de persecución o violencia.
¿Qué dice el Departamento de Seguridad Nacional?
el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha contestado a N+Univision sobre qué criterio siguen para deportar a personas a terceros países alegando razones de seguridad. “Por razones de seguridad operativa, no confirmamos operaciones de deportación", escribieron en un comunicado en correo electrónico.
Y añadieron que "los acuerdos con terceros países están ayudando a cerrar una de las lagunas de nuestro sistema migratorio, que con demasiada frecuencia ha sido utilizada de manera abusiva mediante falsas declaraciones".
Además de recordar que el gobierno ha puesto en marcha un plan para autodeportaciones. “Si un extranjero en situación irregular decide presentar una demanda ante los tribunales para negarse a ser enviado a su país de origen, estamos obligados por ley a encontrar un país seguro para que pueda ser enviado. Si un extranjero en situación irregular decide regresar a su país, le proporcionaremos un vuelo gratuito de regreso y un cheque de 3.000 dólares. La decisión es suya".
Hace unas semanas, cuando les preguntamos sobre el coste medio por contribuyente de las deportaciones contestaron así: “Es ridículo que las inversiones destinadas a hacer cumplir la ley sean noticia, mientras que las devastadoras consecuencias de incumplirla fueron completamente ignoradas durante la administración Biden. La inmigración ilegal le cuesta a los contribuyentes estadounidenses más de 150,000 millones de dólares cada año, y esa cifra no hará más que aumentar a menos que nuestro país haga cumplir sus leyes. Las deportaciones son absolutamente esenciales para detener esta sangría".
Y añadieron la opción de la auto deportación. “Animamos a todos los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país a tomar el control de su salida mediante la aplicación CBP Home. A través de Project Homecoming, uno de los pilares del éxito del presidente Trump en materia de control migratorio, Estados Unidos ofrece actualmente a los inmigrantes en situación irregular 2,600 dólares y un vuelo gratuito para que se autodeporten. Incluso con la nueva oferta de un incentivo de 2,600 dólares, el coste estimado de una sola autodeportación a través de la aplicación CBP Home es de apenas 5,100 dólares, lo que supone un ahorro de más de 13,000 dólares por cada inmigrante en situación irregular para el contribuyente estadounidense”.