El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó dos demandas contra las ciudades de Portland, Oregón, y St. Paul, Minnesota, para frenar las normas locales que prohíben a los agentes federales cubrirse el rostro durante sus operaciones y les exigen mostrar identificación visible.
El Departamento de Justicia demanda a dos ciudades por exigir la identificación de agentes federales en operativos
El Departamento de Justicia argumenta que los intentos de las ciudades de Portland y St. Paul de regular a los agentes federales son ilegales e implican un riesgo para su seguridad.
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Las acciones judiciales, presentadas el jueves 15 de octubre, buscan impedir que ambas ciudades apliquen estas disposiciones a los oficiales federales, incluidos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En las demandas, el Gobierno federal argumenta que las ordenanzas invaden competencias constitucionales de Estados Unidos y ponen en riesgo la seguridad de los agentes, al limitar su capacidad para proteger su identidad durante operaciones policiales.
"Bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de nuestra Nación, los estados y localidades no pueden regular al Gobierno Federal y a sus oficiales de aplicación de la ley", declaró el fiscal general asociado, Stanley E. Woodward Jr., de acuerdo con el comunicado del DOJ.
El funcionario también sostuvo que las autoridades locales no pueden promulgar normas que, a juicio del Gobierno federal, comprometan la seguridad de los oficiales o interfieran con las operaciones autorizadas por el Congreso.
El DOJ argumenta que las restricciones pueden exponer a los agentes y a sus familias al acoso, la divulgación de información personal sin consentimiento —conocida como doxxing— y posibles actos de violencia. Por ello, solicitó a los tribunales que declaren inválidas las disposiciones impugnadas y prohíban su aplicación a los agentes federales.
En Portland, la legislación municipal restringe el uso de cubiertas faciales que ocultan la identidad de los oficiales y establece requisitos para que se identifiquen durante sus funciones. En St. Paul, el ayuntamiento aprobó en febrero dos ordenanzas: una sobre la exhibición visible de información identificativa y otra que prohíbe cubrirse el rostro durante actividades policiales, con excepciones limitadas.
Las medidas fueron impulsadas en un contexto de controversia por las redadas federales de inmigración. Sus defensores sostienen que la identificación de los agentes favorece la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades.
La disputa gira en torno a la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense, que establece la primacía del derecho federal. El Departamento de Justicia sostiene que las autoridades estatales y municipales no pueden imponer directamente reglas de conducta a los agentes federales en el ejercicio de sus funciones.
Las demandas abren un nuevo frente judicial en la disputa sobre los límites de las facultades locales para regular la actuación de ICE y otras agencias federales.
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California también sufrió un revés judicial por exigir identificación a agentes de ICE
La disputa por la identificación de los agentes federales también tuvo consecuencias recientes en California. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos bloqueó de manera permanente la aplicación de una ley estatal que obligaba a los agentes federales de inmigración a mostrar identificación durante sus operaciones.
La norma, conocida como No Secret Police Act en el debate legislativo y relacionada con la legislación estatal contra la vigilancia, exigía que los agentes del orden que no portaran uniforme oficial mostraran el nombre de su agencia y su nombre o número de placa durante arrestos, detenciones y operativos de control de multitudes.
El Gobierno federal impugnó la disposición al argumentar que California no podía regular directamente la manera en que los agentes federales desempeñan sus funciones. El litigio se centró en la inmunidad intergubernamental, una doctrina jurídica vinculada con la Cláusula de Supremacía de la Constitución.
La decisión del Noveno Circuito representa un revés para las autoridades californianas, que habían defendido la identificación visible como una medida de transparencia y rendición de cuentas. El tribunal determinó que el estado no podía imponer ese requisito a los funcionarios federales en el ejercicio de sus funciones sin autorización del Congreso.
El caso de California también incluye una disputa distinta sobre el uso de máscaras. En febrero, un tribunal federal bloqueó preliminarmente la aplicación a los agentes federales de una ley estatal que prohibía cubrirse el rostro durante sus funciones.
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