Últimas noticias en vivo: Marchas y protestas tras la indignación por la muerte de inmigrantes a manos del ICE

Un empleado fuera de servicio de GEO Group, empresa que administra un centro de detención del ICE en Aurora, Colorado, fue detenido luego de presuntamente disparar contra una manifestante durante una protesta frente a las instalaciones. El incidente ocurrió el 16 de julio, cuando Brandon Booth, de 42 años, habría utilizado un arma personal para realizar un disparo que hirió a una mujer en la parte baja del cuerpo.

Según la policía de Aurora, Booth esperaba en su vehículo junto con otros trabajadores debido a que la protesta impedía su acceso al centro de detención. Las autoridades indicaron que el hombre fue arrestado y su arma fue asegurada.

El abogado de inmigración Mustafa Cetin, quien representa a un hombre detenido en Harrison, afirmó que los operativos del ICE han alcanzado a personas que antes no eran consideradas una prioridad.

Su cliente, casado recientemente con una ciudadana estadounidense y en proceso de solicitar la residencia permanente, fue detenido durante estas acciones.

Cetin recomendó a los inmigrantes sin estatus legal buscar asesoría jurídica y tener un plan en caso de una posible detención, al señalar que el ICE ha aumentado su capacidad para identificar a personas dentro del sistema migratorio.

Defensores de inmigrantes en Nueva Jersey aseguran que los operativos del ICE se han intensificado en las últimas semanas, con detenciones en furgonetas de trabajo, paradas de autobús y zonas donde se reúnen jornaleros.

Haydi Torres, de Movimiento Cosecha, afirmó que recibe alrededor de 10 llamadas diarias de familias que reportan la detención de sus seres queridos, cuando antes recibía una o dos al día.

Organizaciones comunitarias denuncian que las acciones del ICE están afectando a comunidades inmigrantes en ciudades como Newark, Elizabeth, Paterson y Passaic.

El aumento de operativos migratorios en Nueva Jersey coincide con la expansión de la campaña nacional de deportaciones impulsada por la administración de Donald Trump.

En junio, el Congreso aprobó 70 mil millones de dólares adicionales para el ICE, que también contrató a cientos de nuevos funcionarios para ampliar sus operaciones en todo Estados Unidos.

Mientras autoridades federales aseguran que estas medidas buscan hacer cumplir la ley y proteger recursos públicos, críticos advierten que podrían afectar los derechos civiles de los inmigrantes. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que las autoridades están intensificando la vigilancia en las calles.

El fiscal de la ciudad de Milwaukee, Evan Goyke, defendió la legalidad de una ordenanza municipal que prohíbe a los agentes federales del orden usar máscaras durante operativos, al considerarla una medida necesaria para la seguridad pública.

La postura de Goyke responde a una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que calificó la norma de “inconstitucional” y advirtió que podría poner en riesgo a los agentes federales.

El fiscal aseguró que la presencia de oficiales enmascarados y sin identificación puede afectar la confianza de la comunidad, dificultar la rendición de cuentas y generar confusión o temor entre los ciudadanos. También señaló que podría aumentar el riesgo de que personas se hagan pasar por agentes de la ley.

La División de Policía de Columbus retiró de su red Flock de lectores de matrículas a cuatro agencias que mantienen acuerdos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que el periódico The Dispatch cuestionara la colaboración de la ciudad con esas dependencias.

Hasta el 15 de julio, Columbus compartía información con tres agencias que cuentan con acuerdos 287(g) con el ICE y otra del condado de Spartanburg, Carolina del Sur, que tenía un convenio con la agencia migratoria desde abril de 2025.

La policía decidió suspender el intercambio de datos después de que registros públicos revelaran esos vínculos. La ciudad mantiene desde 2017 una política que prohíbe utilizar recursos municipales para la aplicación de leyes federales de inmigración civil.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, publicó un mensaje a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y respaldado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el que lanzó una advertencia contra el voto ilegal.

El funcionario afirmó que cualquier inmigrante indocumentado que intente votar o hacerlo en nombre de otra persona será investigado y procesado por las autoridades, al señalar que las elecciones en Estados Unidos están reservadas exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses.

Defensores de inmigrantes en la región de MetroWest, Massachusetts, aseguran que el aumento de las actividades de control migratorio ha generado temor entre las familias, algunas de las cuales evitan salir a espacios públicos y buscan asesoría legal.

Organizaciones comunitarias han reforzado el monitoreo de operativos del ICE y el apoyo a los residentes afectados. Leela Ramachandran, del MetroWest Workers Center, afirmó que las familias continúan enfrentando la detención de sus seres queridos y que el impacto de estas acciones no ha disminuido.

Una carta abierta firmada por 120 personas recluidas en el Centro de Detención de Eloy, Arizona, denuncia presuntas violaciones a los derechos humanos, incluidos abusos verbales y físicos por parte de guardias. Los detenidos aseguran que quienes se quejan de las condiciones son enviados a un régimen de aislamiento conocido como “El Agujero” y que pasan gran parte del día confinados en sus celdas, lo que dificulta la preparación de sus casos migratorios.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró en su cuenta de X que una revisión preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encontró 81,336 registros de votantes en California cuyos datos personales coinciden con los de personas no ciudadanas que aparecen en los archivos de la agencia.

Mullin también criticó el sistema electoral del estado y cuestionó los tiempos para contar los votos, al señalar que California puede tardar hasta cuatro semanas en completar el conteo de una elección municipal. El funcionario comparó el proceso con el de otros países y afirmó que algunas naciones en desarrollo realizan esta tarea de manera más eficiente.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que los estadounidenses no quieren criminales en sus comunidades y destacó que los hombres y mujeres del ICE son quienes asumen los mayores riesgos para sacar a inmigrantes de las calles.

Además, aseguró que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump trabajarán para que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro.

Minneapolis y St. Paul también serán escenario de manifestaciones contra el ICE, al igual que ciudades de Texas como Austin, Dallas, San Antonio y Houston. Las protestas se realizan en medio del rechazo a los operativos migratorios y tras la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo del ICE el pasado 7 de julio.

Karolina Rojas, esposa del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, quien murió esta semana tras recibir un disparo de un agente del ICE en Maine, recordó a su esposo como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con grandes sueños.

Exfuncionarios del ICE aseguraron que los controles de tráfico antes no eran una herramienta habitual para detener a inmigrantes, ya que las capturas se realizaban principalmente mediante vigilancia y operativos planificados dirigidos a personas consideradas un riesgo para la seguridad pública.

Sin embargo, esa estrategia ha cambiado durante la administración de Donald Trump, con un aumento de los operativos en calles y paradas de vehículos para localizar a inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con un análisis de USA TODAY, este incremento también ha coincidido con más de 20 tiroteos en los que se han visto involucrados agentes migratorios desde principios del año pasado, la mayoría durante incidentes con personas que se encontraban dentro de un vehículo.

Una jueza federal ordenó este 17 de julio al ICE y a los administradores del centro de detención de Adelanto, en California, garantizar a los inmigrantes bajo custodia acceso inmediato a agua potable, alimentos suficientes y al menos cuatro horas diarias al aire libre.

La resolución también exige mejorar las condiciones de higiene, eliminar el moho, brindar privacidad en baños y duchas, y proporcionar artículos básicos como ropa y productos de aseo, tras una demanda que denunció condiciones "crueles, inhumanas y degradantes".